Hay viajes que se vuelven memorables por los paisajes, la música que suena en el auto, la compañía amistosa, amorosa, familiar… y hay otros que quedan marcados en la memoria por otras razones menos favorables. En Chihuahua, últimamente, viajar es como esto último.
Las carreteras se volvieron un territorio de sombras, lugares donde el pavimento no avanza por kilómetros, donde la fila de tráileres no tiene fin y donde la autoridad, esa que debería tranquilizar y dar seguridad, aparece encapuchada, armada y con ganas de hurgar en cajuelas, maletas y hasta en los pensamientos de las personas.
Los retenes, algunos llenos de ratones con placa, se multiplican especialmente en esta temporada de ingreso de paisanos cargados de dólares y regalos para los suyos en México y turistas nacionales que fueron de compras a Cielo Vista o las tiendas paseñas repletas de ofertas de temporada.
La Guardia Nacional, el Ejército y más recientemente la Fiscalía General de la República, además de otras corporaciones locales, han tomado como norma lo que debería ser una excepción. Todas se parecen y actúan casi de la misma forma, con la variante de la corrupción más descarada en unas que en otras.
En ocasiones, además, guardan parecido brutal con los retenes de los “soldados con tenis”, esos que también sorpresivamente aparecen en despoblado, uniformados y encapuchados, a los que casualmente ninguna corporación detecta, sólo las víctimas.
Defensa contra defensa, mano alzada de los agentes, “oríllese tantito”. Es la rutina de diciembre para miles de paisanos que regresan a ver a los suyos, con el cansancio del viaje y los nervios de cruzar México… y ahora también con 200 dólares apartados por si acaso, porque eso es lo que dicen que les cobran algunos agentes de la FGR.
Y no es rumor, Chihuahua entero ya lo conoce y lo ha padecido. Siempre es un foco rojo en el país de los retenes móviles y las pickups llenas de soldados-policías en la caja, con el arma larga visible y tiro arriba porque saben que en cualquier momento deben aplicar el matar o morir.
No hace falta ir muy lejos para toparse con uno: entre Juárez y Villa Ahumada, otra vez en Saucillo-Camargo, luego un tercero más adelante, y otro más cerca de Jiménez. Como si la carretera fuera un juego de serpientes y escaleras... pero sin escaleras.
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En abril de este año, dos retenes sorprendieron a cientos de automovilistas. Uno estaba en la carretera a Delicias y otro en la que va para Aldama. Estaban varias corporaciones coordinadas ante la detención de integrantes de un grupo criminal que supuestamente habían pedido refuerzos antes de caer.
Nadie fue detenido en esos retenes, ni un solo delincuente, pero seguramente el operativo funcionó para disuadir cualquier intento de ataque de los aliados de esos criminales que fueron capturados. Ello podría explicar e incluso justificar un tanto la medida extraordinaria de ahorcar dos carreteras.
En noviembre tuvimos otro ejemplo cuando, en un carril de carreras de caballos en Parral donde hubo una masacre, también diversas corporaciones instalaron puntos de revisión en carreteras de la región, molestos para gran cantidad de automovilistas -que además padecieron bloqueos impuestos por criminales con camiones quemados- pero justificados, necesarios para la búsqueda de los responsables.
Esos retenes fueron extraordinarios y distan mucho de lo que hemos visto en las últimas semanas, especialmente en varios puntos de la Panamericana, tanto en el tramo norte como en el que va al sur del estado.
Los testimonios le llovieron al alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, usuario frecuente -hasta dos veces de ida y vuelta al día, si la agenda se le complica- de la carretera que lo trae a Chihuahua.
“Nos pararon”, “nos fotografiaron”, “nos revisaron de todo a todo”, “nos pidieron credencial del INE, datos personales, licencia”, “nos pidieron dinero para dejarnos pasar, porque traíamos bolsas con algunas compras y algunas cosas usadas que ellos consideraban fayuca”. Así los reclamos, de ese estilo todos.
Ni un solo delincuente detenido, más bien gente que trabaja un año entero para mandar remesas y volver a México con la ilusión de la Navidad en casa, solo para bajar el vidrio y encontrarse con la mano extendida del uniformado que, sin vergüenza, pide “200 dólares o transferencia”.
No quieren denunciar. Nadie quiere. ¿Quién levanta una queja contra un tipo que ya tiene tu foto, tu identificación, tu número y hasta la cara de tus hijos? Por eso los retenes crecen, porque saben que nadie va a hablar, por más que salgan con la facilona respuesta de que hay un número para denuncias.

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La FGR dice que sí, que puede montar los operativos que quiera sin avisarle a Chihuahua. Y tal vez sí, pero el poder sin control es el mismo lenguaje que usan los abusivos. El fiscal del Estado, César Jáuregui, lo reconoció, medio incómodo, medio diplomático: esos retenes no forman parte de las estrategias acordadas en la Mesa de Seguridad, dijo.
Así, la FGR anda por su cuenta. Nadie supervisa, nadie los acompaña, nadie sabe dónde estarán mañana, por motivos de seguridad, porque sus retenes son tan efectivos en la lucha contra la delincuencia que mantienen su operación bajo estricta reserva.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado pide que las revisiones se hagan con presencia de la Guardia Nacional y más corporaciones para evitar excesos, porque hasta en la autoridad hay sentido común y sabe que hay momentos en que los viajeros sienten más miedo de los que traen uniforme que de los que traen tenis. Y a veces son los mismos.
Si a los paisanos les piden 200 dólares, a los traileros les piden cuota de 10 mil, 15 mil ó 20 mil pesos. Edgar Olivas, delegado de Confederación Nacional de Transportistas, lo denunció sin rodeos: encapsulan al chofer, le quitan el celular, le hablan al dueño del camión y le dicen que hay un error en la carta porte que con tantos miles se arregla.
Todo mientras un contenedor vacío o lleno, pero totalmente legal, espera. La ley es lo de menos; lo importante es que coincida la cifra que pidieron los federales con la que cae en una tarjeta Coppel.
Es tan descarado que ya ni siquiera buscan un pretexto sólido, con un error de dedo basta para que alguien acabe pagando por su propia libertad de tránsito consagrada -es un decir- en la Constitución.
Así, choferes del transporte de mercancías y de pasajeros, automovilistas comunes y corrientes, turistas o viajeros recurrentes, no saben si lo que viene adelante de la carretera es un operativo real, un abuso encubierto o un simple tiradero de mordidas disfrazadas de seguridad nacional.

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Los especialistas en derecho constitucional lo han dicho hasta el cansancio: la mayoría de los retenes son ilegales. Y a partir de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tema que no admite matices, pero quienes tienen el poder han insistido en hacerlos ante su incompetencia para brindar seguridad.
Identificación del conductor, indicio visible y verificable de delito y, sólo entonces, revisión. Esa es la ley, así, en resumen. Todo lo demás es abuso; es miedo o ineficiencia con disfraz de protocolo. Todo lo demás es retrato de gobiernos que no terminan de entender la diferencia entre seguridad y hostigamiento al ciudadano.
Pese a la ley, en la entidad las carreteras parecen zonas liberadas donde el criterio de algún agente federal o un funcionario encumbrado vale más que cualquier jurisprudencia.
En el fondo, no es un problema de operativos de seguridad, sino de ausencia de autoridad. Por eso, el estado se convierte en corredor donde las corporaciones federales montan retenes a discreción, sin coordinación, sin lineamientos públicos, sin vigilancia, y lo más grave, sin consecuencias.
Al mover la ley al antojo, como los retenes que cambian de un lado a otro sin situación de emergencia que lo justifique, la carretera deja de ser vía pública y se vuelve botín. A la pérdida de dinero ganado legítimamente por las personas, debe sumarse la desconfianza que ello genera, porque la percepción generalizada es que la autoridad detiene personas por la cartera, no por la seguridad de todos.
En esta oleada de reclamos, la FGR pidió datos para abrir carpetas de investigación. Suena bien para un boletín oficial, pero la gente tiene miedo. Nadie va a poner su nombre en un documento que va a leer la misma institución que está extorsionando en la carretera.
Es decir, las denuncias no avanzan porque nadie las quiere firmar. Y nadie las quiere firmar porque quien debería investigarlas es el mismo que comete las faltas denunciadas.
Es un círculo perverso perfecto; un círculo que sólo se rompe cuando alguien se atreve a exhibirlo, como lo hizo Valenciano hace unos días... y entonces el retén se mueve 40, 60 u 80 kilómetros más adelante. La misma práctica en un paisaje distinto, nada más.
Mientras eso no cambie y la autoridad no entienda que sus retenes son más nocivos que beneficiosos, las carreteras seguirán siendo ese territorio donde la ley existe en papel, pero no en el kilómetro 175, ni en el 30, ni en Saucillo, ni en Camargo, ni en Juárez. Más autoridad y menos "reteneros" es lo que hace falta.