-Otro coscorrón para la Torre Zahara
-Sabadazo largo para Duarte... ¿o libertad?

Algunos hechos recientes han puesto en evidencia fallas graves en la preparación de agentes para el servicio de escolta de funcionarios públicos, un área medio fantasmal que opera entre los límites de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Durante ya muchos años, la Policía Municipal ha comisionado agentes a la Policía Estatal -desde aquellos tiempos violentos del sexenio de Reyes Baeza- para servir de escoltas de funcionarios estatales.
La cifra siempre ha rondado entre los 200 y los 250 elementos, en un esquema poco claro de colaboración entre niveles de gobierno.
Actualmente, esa tarea se ha puesto a cargo de una Subsecretaría de Seguridad Ejecutiva, que no existe en el organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, aunque el policía Santos Vasconcelos se presenta como su titular. De hecho así se ha manejado su cargo hasta en documentos oficiales.
El “subsecretario”, pues, es quien mantiene control de los escoltas estatales, en ese terreno minado entre los gobiernos municipal y estatal; es además exitoso empresario de la seguridad, según sus malquerientes de las corporaciones, que lo ubican como un millonario en ese renglón.
El caso es que entre los negocios y la formación de escoltas saltan seguido escándalos. Apenas el dos de diciembre, un escolta del subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, presuntamente se suicidó en su casa, en un hecho bastante extraño; y el día 10 otro escolta, comisionado de la Municipal a la Estatal, resultó lesionado por sí mismo en una práctica de tiro.
Y así, entre otros, van varios casos que dan mucho de qué hablar entre la tropa municipal y estatal, por la informalidad o el terreno extralegal en el que es manejada un área que ya debería tener, cuando menos, orden institucional.

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Inspectores de Gobernación Municipal, enviados directamente por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, fueron a darle un nuevo coscorrón ayer a la todavía inexistente Torre Zahara, que promueve el Grupo R-10 y supuestamente construiría en el periférico De la Juventud, en Arcadas Residencial.
Los que tuvieron conocimiento del caso reportan que los encargados del terreno donde se anuncia la obra, promocionada como “la torre más alta de Chihuahua”, pidieron la intervención de la Policía Municipal por la supuesta invasión al terreno, pero al final, obviamente, no hubo delito ni infracción alguna, sólo una denuncia exagerada de los hechos.
Los inspectores acudieron a verificar permisos para anuncios espectaculares en el lugar, que no tenían los promotores de la obra, y terminaron por retirarse con la advertencia de quitar la publicidad en un plazo determinado o tendría que hacerlo la autoridad municipal.
El detalle sigue dándole contexto a la famosa torre que no existe y quién sabe si en realidad existirá algún día, pues la misma autoridad municipal ha alertado a la población de que cuide su patrimonio y no caiga en promociones de inversión en un proyecto que ni permisos tiene.

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Hoy en los juzgados federales adjuntos al Cefereso del Altiplano, en el Estado de México, está citada la audiencia de vinculación a proceso del exgobernador César Duarte, detenido sorpresivamente por la Fiscalía General de la República el pasado lunes.
Las apuestas entre los duartistas no giran en torno a si lo vinculan o no, ya dan por hecho la vinculación. Las apuestas son en torno a si logra la defensa del exgobernador el beneficio de enfrentar el proceso en libertad o si le dan un largo, larguísimo sabadazo (allá hasta después de 2030), en caso de imponerse una decisión política sobre cualquier razonamiento jurídico garantista.
Muy seguramente, los defensores buscarán imponer la lógica de que Almoloya es para criminales violentos que representan un riesgo para la sociedad, peces gordos del crimen que duran años prófugos y desde las sombras operan los peores delitos, lo que no es el caso de Duarte, así lo quieran presentar como tal.
Además, es posible, alegarán que si su cliente resulta culpable del delito que le acusa la FGR, una variante federal del mismo por el que está sujeto a proceso en Chihuahua, serviría más a la nación tenerlo en libertad y forzándolo a pagar una reparación del daño, que pudriéndose en una cárcel.
Veremos, pues, si la FGR aprieta la pinza o si da otra sorpresa, como la que dio con su detención.

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No se sabe si fue un desplante o de plano, con la crisis que se carga el Instituto Nacional Electoral, no tiene tiempo para ir con los estilistas, la chihuahuense secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, aprovechó la sesión del jueves para que la peinara una asistente y que las fotos aparecieran ayer viernes en un impreso “nacional”.
Si se trata de ahorrar tiempo para hacer más eficiente el trabajo del INE no se ve por ningún lado y aquí varios ejemplos.
La consejera Claudia Zavala ha solicitado que se revise que no exista conflicto de interés en que la licitación para la producción de las credenciales de electoral haya sido adjudicada a la empresa Cosmocolor, pero en alianza con Talleres Gráfico de la Nación, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Si bien la impresión es custodiada por el Ejército Mexicano, a la consejera, que en 2024 se opuso a la supermayoría morenista en la Cámara de Diputados, le preocupa que se respete la integridad de la base de datos del padrón electoral por la instancia gubernamental de la 4T.
La otra controversia en el organismo que encabeza la sonorense Guadalupe Taddei, es que sus integrantes siguen atorados en la discusión sobre el voto electrónico.
Por otra parte, debido a sus divisiones internas, aún no tienen lista la propuesta de reforma electoral que deben entregar a la comisión presidencial el 12 de enero e incluso Ricardo Monreal no descarta un proxperiodo extraordinario en la Cámara de Diputados.
Y por si fuera poco, varios consejeros expresaron su inconformidad con la propuesta de reglamentar la obligación ciudadana de votar, así como la asistencia de los representantes de casilla. Para afinar esa discusión están citando el lunes 15 a las 12:00 horas.
En ese contexto se publicaron las cuatro fotos en que peinan a la ex consejera presidenta provisional del INE de Chihuahua en 2020-2021 y que tiene una larga trayectoria gubernamental y académica.
Debió ser ahí la “arreglada” por mero ahorro.

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Entre el municipio y el gobierno del estado mantienen comunicados a los habitantes de la zona rural de Chihuahua con la rehabilitación de los caminos que tuvo una inversión nada despreciable de más de seis millones de pesos.
Los más contentos son los habitantes de aquella zona porque a diferencia de varios tramos federales y un fallido programa de bacheo, aquí sí les dejaron el camino parejo.
Pero el beneficio no es sólo para quienes viven ahí, también para productores, comerciantes y proveedores como el repartidor de leche o de las Sabritas, que muchas veces evitan o retrasan su paso a estos lugares por las malas condiciones de los caminos, pero en este caso pusieron a chambear a los directores y secretarios para bajar el recurso.
A decir de los vecinos beneficiados, la administración de Marco Bonilla se ha mantenido cercana y resolviendo las principales problemáticas de los seccionales, algo que agradecen, porque al tener estos caminos en buen estado es más seguro que transite el autobús escolar que lleva a la escuela a los niños.