Chihuahua.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) desembolsó ocho millones 902 mil pesos en lo que va del año por concepto de liquidación e indemnización por 85 plazas cuyos titulares fueron separados, información que en el detalle fue declarada confidencial.
En estos momentos dicho Tribunal enfrenta cinco demandas laborales, dos que exigen la reinstalación y tres de personas jubiladas que reclaman el pago de diversas prestaciones.
Entre los montos otorgados más altos están las liquidaciones para dos secretarios de Sala, que sumaron un millón 236 mil 107 pesos y un juez de Primera Instancia, que ascendió a un millón 084 mil 980 pesos.
Otros puestos con liquidaciones importantes incluyen cuatro asesores técnicos (704 mil 527 pesos), dos jefes de departamento (578 mil 156 pesos), y tres psicólogos (555 mil 868 pesos).
El Comité de Transparencia del Poder Judicial, a solicitud del área de Recursos Humanos, resolvió blindar la identidad de los involucrados, mediante un Acuerdo de Clasificación emitido el 1 de diciembre de 2025.
En dicho pacto fue clasificada como información confidencial los nombres de los servidores públicos despedidos y de aquellos que presentaron su renuncia ante el Tribunal Superior de Justicia.
La Dirección de Recursos Humanos argumentó la necesidad de esta confidencialidad, señalando que las personas dejaron de tener relación jurídica con el Poder Judicial y ya no son servidoras públicas, por lo que no se contaba con su autorización para divulgar esa información.
El Comité de Transparencia motivó su decisión en que permitir el acceso a los nombres vulneraría el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales que goza toda persona, mismo que debe ser garantizado por las autoridades.
Para mantener el equilibrio entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos, la solución fue desasociar o anonimizar los datos personales del recurso económico, proporcionando únicamente los montos pagados por concepto de finiquitos o indemnizaciones, vinculados al cargo desempeñado y no al nombre de la persona.
La información clasificada como confidencial no está sujeta a temporalidad y sólo los titulares, sus representantes o servidores públicos facultados pueden acceder a ella.
Paralelamente, el Tribunal informó al dar respuesta a la solicitud 08014452000366 que en el periodo de 2025 registraron 28 ceses, de los cuales 26 contaron con carta renuncia; los dos restantes promovieron demandas en la vía ordinaria laboral, reclamando la reinstalación, el pago de salarios caídos y los derechos adquiridos.
En total, el Tribunal ha recibido cinco demandas laborales durante el año 2025. Además de las dos por reinstalación, las otras tres fueron presentadas por personas jubiladas y reclaman cuestiones relacionadas con las aportaciones de seguridad social y la integración de la compensación al salario tabular. Todas estas demandas radicaron ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado.
Informó que hasta la fecha no había concretado ningún acuerdo conciliatorio entre las partes, ni había dictado un laudo (sentencia) en sentido favorable o contrario a los intereses del Tribunal.
Asimismo, dio a conocer que sólo ha llevado a cabo la reinstalación de una persona en dicho periodo, en acatamiento a una resolución emitida dentro de un procedimiento administrativo sustanciado ante el entonces Consejo de la Judicatura.
La batalla legal continúa, con los expedientes por reinstalación (JA 110/2025 y JA 201/2025) en distintas etapas de desahogo de pruebas, mientras que las demandas de seguridad social están a la espera; en estos casos, el Área de Conflictos Laborales promovió la excepción de incompetencia de la Autoridad Laboral.
