El grito de la venganza de Andrés Manuel

Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su último Grito de Independencia en el que, como si estuviera en la plenitud del poder, podrá presumir la aprobación arrolladora de la reforma judicial en el Congreso de la Unión y la mayoría de las cámaras legislativas estatales que conforman el Constituyente.
Todo podrá cuestionársele al tabasqueño, pero no se le puede regatear el mérito de la planeación ejecutiva y simbólica, con precisión absoluta, del mayor cambio constitucional -bueno o malo, el tiempo lo dirá- que deja de herencia a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien deberá padecer las consecuencias.
Durante su gestión, le cerraron la puerta a su Plan A de reformas constitucionales, nomás una veintena de iniciativas que jamás pudo sacar porque resultaban escandalosamente preocupantes para sus opositores; luego le bloquearon el Plan B en época preelectoral, pero nada pudieron hacer contra el C, en el que nadie creía.
El cinco de febrero de 2023, en la celebración de la Constitución de 1917 realizada en el Teatro de la República de Querétaro, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, marcó su destino político y también el plan electoral de López Obrador.
La ministra, también cabeza del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en fase de extinción luego de 30 años de cuestionable existencia, violó el protocolo y la costumbre institucional mexicana al no ponerse de pie cuando fue presentado el jefe del Ejecutivo como cabeza de la celebración. 
Error político, rebeldía o falso orgullo que le impidió sumarse al coro de aduladores presidenciales; lo que sea, le salió caro a la jurista.
Pasó un año y, otra vez en febrero, ahora en 2024, López Obrador le dio, con sus iniciativas de reformas, su plataforma central de propuestas electorales a Morena y aliados; la pretensión, increíble antes y todavía ahora, era la de ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
La ola morenista se había extendido por todo el país, con gubernaturas, alcaldías y diputaciones que hasta 2018 parecían imposibles de ganar para la 4T. La resistencia únicamente había sido y es notable en Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro, ínsulas azuladas o naranjas cada vez más despintadas.
Un acelerado proceso de apenas dos semanas llevó a que hoy, otra fecha llena del simbolismo nacionalista del que se alimenta el Presidente, pueda dar un grito con el que no sólo deja una reforma estructural e histórica, sino que consuma una venganza política personal. No es una venganza nada más contra Piña, sino contra una judicatura institucional con la que toda su vida ha rivalizado.

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Ver la reforma desde el plano estrictamente jurídico es en realidad una pérdida de tiempo, como lo es tratar de anticipar sus efectos. Es un experimento más del humanismo mexicano, como los seguidores de Andrés Manuel han romantizado conceptualmente a su régimen.
Jurídicamente, además, es un hecho consumado, con todas las de la ley, y por su propia naturaleza una reforma constitucional no puede ser anticonstitucional, al haberse realizado con el debido procedimiento que la propia Constitución indica. Fue una aplastante mayoría democrática el factor clave.
Además, el fundamento del mayor cambio legal del país en este sexenio que termina tiene más tintes políticos e ideológicos que jurídicos, dado que el jefe del Ejecutivo, desde sus inicios en el PRI y sus protestas en Tabasco -la lucha social, le dice él- dio muestras de conflictos con la ley, el sistema de justicia y las instituciones.
Fue precisamente el sistema de justicia el que obstaculizó al Presidente desde su paso por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
En el episodio del intento de desafuero, los defensores de López Obrador advirtieron actuaciones parciales y acercamientos turbios entre el entonces presidente, Vicente Fox, la Procuraduría de la República en aquel momento y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para procesar penalmente al tabasqueño, en una bien conocida separación de poderes entre comillas; siempre fue teórica, nunca práctica.
Pero también, paradójicamente, fue la misma SCJN la que ayudó a Andrés Manuel al dejar sin efectos aquel famoso amparo que supuestamente habría violado, pese a lo cual Fox Quesada insistió en desaforarlo después de haber sido exhibida la enorme presión que como presidente le metió al Poder Judicial.

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Ministros del máximo tribunal del país, nombrados de forma escalonada en procesos controlados desde el Ejecutivo y el Senado, desde los tiempos de Ernesto Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, le dieron la conformación a la SCJN con la que inició López Obrador.
Sí es una conformación judicial basada en acuerdos políticos, como todo lo que es intrínseco, orgánico, al sistema de poder existente en México. El mismo Andrés Manuel impuso sus cuotas también en su sexenio.
Sin embargo, si hubo una constante del Presidente en esta gestión, además de la marcada polarización promovida entre ricos y pobres, chairos y fifís, los de arriba y los de abajo, fue la de un cuestionamiento permanente al sistema judicial, ese que igual lo apoyó en algunos asuntos, en tiempos del ministro Arturo Zaldívar, hoy asesor de Claudia Sheinbaum; y lo contuvo en otros temas.
El resentimiento presidencial contra el Poder Judicial podría explicarse por la rivalidad política que cultivó desde décadas antes, pero resulta difícil de comprender desde que, a inicios de su sexenio, decidió jugar con las mismas reglas, sin intentar reformarlo de forma tan profunda como ahora. Su molestia podría ser porque jamás logró la completa sumisión de los ministros de la SCJN ni de los magistrados.
En efecto, antes poco resolvían contra el Ejecutivo Federal -como la estocada que le dieron a la PGR para dejarla sin armas para el desafuero- y en este sexenio se dieron vuelo frenándole muchas de sus intenciones, pero él mismo promovió el discurso de la libertad, la independencia judicial y la separación de poderes, conceptos sobre los que finalmente decidió pasar.
¿Quería Andrés Manuel en realidad la separación republicana? No, más bien parece que quería la sumisión, hasta la abyección, que siempre le criticó al Poder Judicial con otros presidentes. Comprender las razones presidenciales es complejo en un sexenio que, si bien representa grandes avances para el país en algunos aspectos, está lleno de sinrazones.
Tranquiliza, eso sí, que si Andrés Manuel quisiera instalar una dictadura para él o Claudia, bastaba con descabezar legalmente, con su mayoría legislativa, a la SCJN y al CJF, pero no parece esa la intención.
Cimbrar desde sus cimientos el aparato judicial completo es más bien la fase inicial de un nuevo modelo experimental que, en el mejor de los casos, representa una apuesta 50-50 de que puede salir bien o mal. O quizás nada pase en el consabido gatopardismo del sistema político mexicano: bien puede mutar de piel, de nombres, de siglas partidistas, de estilos y sexenios... pero todo cambia, para que todo siga igual.

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Así sea la reforma un producto de una venganza política planeada con suma precisión, la realidad que tenemos enfrente apunta a que será aplicable porque, con los resultados electorales, la 4T hoy no tiene más límites que su propia moralidad, como hemos asentado aquí desde junio pasado.
Pero tampoco es el fin del mundo ni de la República, como vociferan los catastrofistas incomodados por una nueva sacudida al establishment.
Probablemente sea mejor poner a un buen abogado -electo democráticamente tras la selección de perfiles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- en el lugar de un ministro de la Corte que tiene años impidiendo el cobro de 70 mil millones de pesos en impuestos no pagados por un magnate distinguido de la oligarquía.
Muy seguramente será mejor cualquier buen estudiante de la Facultad de Derecho de la UACH que muchos de los magistrados estatales, heredados de las complicidades duartistas y del corrosivo desastre del corralato, así como de anteriores gobernantes.
Ni modo que en Chihuahua podamos presumir de un Tribunal Superior repleto de eminencias si está conformado, desde abajo hasta arriba, de los amigos del gobernador en turno, del tío, el sobrino, el ahijado, el primo, el compadre, el amigo, muchos de honorabilidad inexistente y preparación nula, todo lo cual es la base de sentencias sospechosas y un deprimente nivel de atención al ciudadano.
Si el cambio es debidamente orientado a corregir los inocultables vicios del Poder Judicial, en vez de combatirlo es necesario apoyarlo. Regular y vigilar que el cambio sea para bien y no degenere aún más al pernicioso sistema judicial es la tarea, porque la reforma ya es una realidad.
Eso debe digerirse, mientras son buscados los instrumentos que puedan acotar legalmente al poder, para evitar en lo posible las tentaciones de un autoritarismo que en realidad no se ha instalado en México; por el contrario, el régimen de libertades sigue firme, social e institucionalmente fuerte, y así hay que mantenerlo, pese a todo y contra todo.