Esperan luz verde al proyecto Cinco de Mayo
Hoy, el último Grito de Independencia de Maru
“Mira, ALV así bien toxicota como te gustan” (sic), fue uno de varios mensajes compartidos en chats de agentes de la Policía Municipal, sobre el estado de WhatsApp de una coordinadora de la Subdirección de Inteligencia de la corporación, Marisol Chávez.
La imagen de ese estado (puede verse en versión digital de GPS) subido por la jefa policiaca hace unos días sirvió para generar una letanía de quejas de los agentes municipales, basadas en las expresiones que están entre un corrido tumbado extra feminista y un cuestionable reguetón.
“No seas tibia. Haz que se wey te odie, no termines bien, rómpele su ego, fúmalo (tal vez quiso decir “fúnalo”, expresión similar a “quémalo”), incomodalo, Oblígalo a bloquearte hasta de Spotify, tráumalo de por vida. No te quedes con nada.. Ánimo preciosa” (sic), escribió la agente (o copió y pegó de algún video viral de internet).
El hostil texto aparece sobrepuesto en una imagen de lo que posiblemente es el interior de una patrulla, según el pantallazo del estado compartido entre agentes.
Más allá de si fue un chiste o si las expresiones guían su actividad, entre los policías a su cargo desató reclamos porque la coordinadora Chávez Domínguez fue impuesta en el cargo a pesar de no tener grado suficiente (es policía tercero) ni formación de academia.
Le preceden a las quejas actuales algunas pasadas, de la Unidad de Atención a Pandillas, de la Unidad de Delitos contra Animales, de la Unidad de Delitos de Género, de la Unidad de Violencia Familiar y hasta de la Unidad de Operaciones Aéreas.
Generalmente se ha ido al cuello de personal policial con mayor experiencia en la operación y el liderazgo de los grupos que integran la Policía Municipal, por lo que hay quienes ven un patrón muy marcado para mandar al infierno a quien pueda hacerle sombra en los cargos que le han encomendado.
En total, la coordinadora enfrenta reclamos de una decena de elementos que se han quejado de hostigamiento laboral, autoritarismo, prepotencia e incapacidad para el mando.
Todo eso daña, más allá de algún cuestionable y polémico estado de WhatsApp personal, el ánimo de las tropas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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Está por concretarse una gran inversión minera en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, una de las comunidades que ha venido a menos en los últimos años. La empresa canadiense Apollo Silver proyecta abrir una mina subterránea con inversión de algo así como 800 millones de dólares.
Es una noticia que esperan con ansias ejidatarios y en general los habitantes de la región, pues abrirá hasta 100 empleos solo en la etapa de exploración, mil 500 durante la construcción y 600 fijos durante el tiempo de producción, contado en décadas.
El plan diseñado por la minera que busca el acuerdo con la comunidad es un trato redondo para los dueños de la tierra, los ejidatarios, pues la empresa se compromete a pagar una renta de mil millones de pesos durante los 30 años que calcula de aprovechamiento.
Además de eso, hay otra buena noticia para la comunidad ejidal: como se trata de una mina subterránea, bombeará suficiente agua para uso agrícola y doméstico, una bendición en tierras abandonadas por la sequía.
Comunicaciones oficiales de la compañía asientan que se ha establecido el compromiso de trabajar con el ejido a largo plazo en soluciones prácticas para los desafíos regionales, para comenzar con labores técnicas independientes sobre el acuífero, los manantiales y los pozos existentes.
El agua, según Tom Peregoodoff, presidente ejecutivo de Apollo Silver, es la prioridad número uno en Benito Juárez y así debe ser, de ahí que el plan a largo plazo busca impulsar soluciones hídricas y apoyo directo a su agricultura y ganadería.
Apollo Silver también ha tomado nota de la postura de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, según la cual la minería sigue siendo un factor importante para la economía mexicana y el agua debe tratarse como un derecho de las comunidades que dependen de ella, principio reflejado en las reformas a la legislación mexicana en materia de aguas.
La compañía considera que ambas premisas pueden coexistir y tiene la intención de que el acceso de la comunidad al agua forme parte de la solución en todas las zonas donde opera. Así que, esperemos, en cosa de días podría concretarse un anuncio oficial.
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La gobernadora Maru Campos encabeza hoy la última ceremonia del Grito de Independencia y mañana el último desfile oficial de su sexenio. El fin de su mandato es el siete de septiembre de 2027, así que para las fiestas patrias próximas habrá nuevo jefe, o jefa, del Ejecutivo Estatal.
Por ello, la relevancia política de los festejos por el Día de la Independencia en Chihuahua radica en esa marca del fin de administración, pues así comienza despedida del cargo en el que comenzó en septiembre de 2021.
Pero, además, también deja una marca en el cambio que decidió imprimirle a su último año al cancelar la fiesta de la élite política del estado en el Palacio de Gobierno, cambiándola por un festejo masivo en la Plaza Mayor.
Como antecedentes, el último año de César Duarte fue suspendida la fiesta en Palacio y cambiada por un grito exprés, debido a las condiciones políticas que privaron desde la elección de junio de 2016 hasta la sucesión formal de octubre; y en 2020, la pandemia obligó a Javier Corral al encierro prácticamente total.
Así, vemos que no es nueva la medida de la cancelación de la fiesta en Palacio, pero sí poco común y excepcional; de lo que no hay antecedente es del cambio de un festejo controlado en la sede del poder estatal por una convivencia masiva. En ese nivel dejará Maru la vara para la siguiente administración.
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Mientras la clase trabajadora común en México se rige por la Ley Federal del Trabajo (LFT) —donde se contemplan ocho días de descanso obligatorio al año y un periodo vacacional que apenas inicia en los 12 días—, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua opera bajo una realidad distinta.
Para los integrantes del TSJ, el calendario de trabajo goza de privilegio con 15 días oficiales de asueto legal y un mes completo de vacaciones divididas al año.
Los trabajadores del Poder Judicial tienen como días festivos e inhábiles aprobados para el personal judicial el primero de enero, cinco de febrero, 21 de marzo, el Miércoles, Jueves y Viernes Santo, el primero de mayo, cinco de mayo, 14 de septiembre —Día del Empleado Público Sindicalizado—, 15 de septiembre —Conmemoración del Grito de Independencia—, 16 de septiembre —Aniversario de la Independencia—, 12 de octubre, dos de noviembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre.
Ya los quisieran todos los trabajadores que se rigen con la LFT.
El problema de fondo no radica solo en la generosidad de su calendario, sino en el impacto que esta parálisis legal tiene sobre la sociedad.
Cada "puente" de tres días -que se convierte casi en una semana por sábados y domingos más- se traduce en audiencias diferidas, litigios detenidos en materias civil y mercantil, e incuantificables horas de incertidumbre para quienes exigen la pronta resolución de sus derechos.
Y claro el costo del presupuesto que esa casta dorada implica, bajita la mano unos 20 millones de pesos nada más estos tres días de asueto, por el día del sindicalizado, el 15 y el 16 de septiembre. Y el viernes será a menos que medio gas: simulacro de sismo durante al menos cuatro horas.
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Finalmente se despejó una de las incógnitas que durante los últimos días había generado expectativa entre los chihuahuenses:
Alejandro Fernández será el encargado de cerrar con broche de oro los festejos por el 317 aniversario de la fundación de Chihuahua, este próximo 12 de octubre.
El anuncio corrió a cargo del alcalde Marco Bonilla, quien de esta manera no solamente confirmó uno de los conciertos más esperados del año para la capital, sino que también puso nombre y apellido al que será un evento particularmente simbólico para su administración.
Alejandro Fernández no es un artista cualquiera para una celebración de esta magnitud.
Su presencia le pone un sello especial al aniversario 317 de Chihuahua y, al mismo tiempo, permite a Bonilla cerrar una de las últimas grandes actividades de su administración con un evento de convocatoria masiva.
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