- Apenas 14 mil pesos por el hachazo y la golpiza

-Guardería Panamericana bajo la lupa
-Disculpa de Riggs sin ganas de hacerlo
-Se prolonga la telenovela de la Ley de Amparo

Fue una abogada de oficio, cuyo nombre hasta el momento es mantenido bajo reserva, la que buscó censurar toda información a los medios de comunicación del lamentable caso de una alumna de la Secundaria 52 de Delicias, acusada del intento de homicidio de una madre de familia.
Ni la Fiscalía Zona Centro, como parte acusadora, ni la jueza especializada, Janet Isela Ontiveros, fueron tan radicales como la representación de la imputada, con el alegato de la protección a la infancia, llevado a límites tan exagerados como tratar de obtener una orden judicial para que nadie publicara información del proceso.
Más por afán de protagonismo que por un verdadero interés de proteger a la menor, únicamente identificada con las iniciales L.G; más por tratar de imponer un criterio sobre disposiciones constitucionales que garantizan el derecho de la sociedad a la información, la defensora fue la promotora de esa aparente cerrazón judicial que casi prospera, de no ser por los esfuerzos de El Diario, principalmente, por cumplir con su misión.
El intento de censura, que iba más allá de garantizar la reserva de nombres y datos personales, fracasó porque hemos podido saber que, además de la suspensión condicionada del proceso, la parte acusada deberá cubrir un pago de apenas 14 mil pesos por el hachazo y la golpiza propinada a la víctima.
Entre otras medidas -como la restricción de acercase a la ofendida, las terapias y la atención psiquiátrica especializada de la menor estudiante- la indemnización aparentemente mínima deberá ser cubierta para mantener suspendido el proceso penal; ello, independientemente de la atención integral para la mujer agredida, cuyos gastos médicos corren por cuenta de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Hasta ahí se encuentra el caso que sacudió la conciencia de la sociedad desde principios del pasado mes de septiembre, con el derecho de la afectada a reclamar la medida impuesta a la atacante y la obligación de la autoridad de darle seguimiento a su situación.
Pero la mordaza que intentó imponer la defensora es un peligroso juego que no puede ni debe ser tolerado por las autoridades judiciales y ministeriales, pues si bien existen estrictas reglas para garantizar la protección de los menores de edad involucrados en posibles delitos, también está consagrado en la Constitución el derecho a la información, la libertad de prensa y de expresión.
En todas las etapas del caso, El Diario respetó la legalidad, no reveló la identidad de la imputada ni los datos personales que pudieran afectarla, en la búsqueda del balance entre esos derechos de la sociedad y los de la menor de edad.
La representación de la imputada, en cambio, terminó extralimitándose. Tal vez por ello ahora se habla de una queja formal contra la abogada intransigente y amenazadora, que casi lleva a la autoridad al grado de actuar anticonstitucionalmente con el ocultamiento exagerado de la información.

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Hace unos días dimos a conocer las quejas que la guardería Colegio Panamericana Trilingüe acumula por el riesgo que corren los niños y las niñas a su cuidado, debido a varios accidentes ocurridos principalmente por la falta de personal para atender a los pequeños.
En suma, cada maestra debe atender a 20 niños en aula y los profesores extracurriculares a 30, lo que ha derivado en incontables casos de pequeños descalabrados, moretoneados, estresados y desmotivados para asistir, causas por las que han sido presentadas quejas formales ante el Departamento de Acción Social, Cultura y Deporte del ISSSTE, al mando de Hilda Aracely Nájera Arreola.
Dicha guardería ofrece el servicio particular, pero también es subrogada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de ahí el interés público del caso.
Los padres y madres reclaman que la guardería debe contar con más personal profesional contratado, lo que han evadido tanto la propietaria como la directora de la institución, Elba Macías y Denisse Muñoz, respectivamente; también han sido omisas en transparentar el manejo de los servicios extracurriculares y los cobros que realizan.
Pues bien, ya están en puerta las licitaciones de los servicios subrogados del ISSSTE para el año próximo y supuestamente el Colegio Panamericana Trilingüe está bajo la lupa.
Si no mejora la calidad y mantiene el contrato podría hablarse de que hay gato encerrado o algún negocio turbio, pero esperemos que no sea el caso.

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Finalmente sucedió, el regidor morenista Miguel Riggs ofreció una disculpa pública a la síndica panista, Olivia Franco, durante una sesión de la Comisión de Hacienda, celebrada ayer en el sétimo piso del edificio Eloy Vallina.
Muy lejos estuvo de escucharse como una disculpa sincera, nacida de la espontaneidad, pero para nadie fue un secreto que Riggs Baeza lo hizo meramente por cumplir con las disposiciones de las autoridades electorales.
Quizás lo mejor de la disculpa por parte del regidor violentador fue la respuesta que le dio la propia Franco, que no solamente recordó que durante muchos años -cuando el ahora morenista era panista- trabajaron mano a mano, con lealtad y respeto, sino que aprovechó para expresar su decepción precisamente por haber sido forzado a eso.
Incluso, le dijo, una disculpa en privado hubiera sido suficiente en su momento. Habrá que ver ahora si al final la disculpa ofrecida por Riggs cumple con los requerimientos de la autoridad, pues no se trata solamente de decirlo, sino de la manera en que se dice. Veremos, pues, si ya concluye la historia o empieza otro capítulo.
Por lo pronto, ahora hay que ver a partir de cuándo inicia el registro del regidor en el padrón de violentadores, cuya inscripción debería durar 180 días, y si es que de alguna manera esta inscripción le afecta en sus aspiraciones para el 2027.

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La reforma a la Ley de Amparo, que se tenía prevista para publicarse en la primera semana de octubre, está convirtiéndose en una larga telenovela, aunque con un final previsible, su aprobación en el Senado, antes de que concluya el mes.
Lo interesante es que en la discusión del dictamen en la Cámara de Diputados, primero el lunes en comisiones y la madrugada del miércoles en una sesión del Pleno, destacaran las objeciones y la abstención de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero, ex primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la primera secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador.
No se trata, por lo tanto, solamente de quienes quieren volver a la justicia elitista de antes, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum en Las Mañaneras, sino de una jurista que le “intelige” a fondo al asunto.
Finalmente, tras quince horas de discusión, a las tres de la mañana del miércoles, la aplanadora de Morena y sus aliados se impuso con 332 votos contra 128 del PRIAN y Movimiento Ciudadano.
Los partidos de oposición criticaron que, de manera disfrazada, -pues de otro modo sería inconstitucional-, se mantuvo la retroactividad de la ley, pues se incluyó un transitorio para que la reforma aplique a las etapas pendientes de resolverse en los juicios en proceso.
Uno de los puntos más controvertidos el llamado “interés legítimo”.
En ese punto, Olga Sánchez Cordero, advirtió que se restringe el acceso a la justicia para sectores como la comunidad LGBT, consumidores, pueblos indígenas y defensores ambientales, además de que se obliga a quienes presenten acciones colectivas a demostrar un beneficio cierto, individual o colectivo, en la nulidad del acto reclamado.
Para Morena se pone fin a los amparos de grandes empresarios o incluso miembros del crimen organizado, pero para la oposición el fondo es una reforma fiscal que elimina el recurso de revocación ante el SAT y que deja indefensas a pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto hay que esperar a la siguiente semana, la temporada tres de una serie que en un principio sería un documental de quince minutos como lo había imaginado la presidenta Sheinbaum, que no contaba con tantos protagonistas en escena.

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El reconocimiento internacional Green Flag Award al Parque Metropolitano Tres Presas representa a una ciudad que empieza a tomarse en serio su relación con el entorno y su calidad de vida.
El alcalde, Marco Bonilla, debió entender con claridad eso, al afirmar que este galardón no sólo premia a un parque, sino a toda Chihuahua; a su gente, a su visión y a su capacidad para hacer las cosas bien.
Ese logro es el resultado de años de planeación, trabajo interinstitucional y compromiso ciudadano, en el Parque Tres Presas confluyen la política pública, la inversión responsable y la conciencia ecológica.
Bonilla consolida así una narrativa política distinta, la de un Chihuahua modelo nacional, no sólo por su desarrollo urbano o su seguridad, sino también por su capacidad de cuidar su patrimonio natural.