Gloria Angélica Mendoza, encargada del despacho de la Primera Sala Civil Regional en Juárez, no debería tener problema alguno en ser electa magistrada en la jornada que habrá de realizarse en dos semanas, pues va detrás el proyecto 2027 del alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar.
No es sólo porque sea esposa del secretario municipal juarense, Héctor Ortiz Orpinel, sino porque en Mendoza Beltrán confluyen los intereses políticos y judiciales en cierto equilibrio, dada su alineación en un equipo sobresaliente y la preparación, la experiencia en el cargo que ya tiene.
Un símil con la frontera puede verse en la capital, en la figura del secretario municipal de Chihuahua, Roberto Fuentes, pieza del alcalde panista Marco Bonilla Mendoza, cuyo equipo político también está apostado al 100 por ciento con el funcionario.
Fuentes Rascón, postulado como candidato a magistrado civil, aglutina, además, los intereses del Palacio de Gobierno, que desde la Secretaría General conducida por Santiago de la Peña, es responsable de los hilos del proceso estatal para no perder el control del Poder Judicial, lujo que nadie puede darse.
Estos son ejemplos de perfiles contrapuestos pero prácticamente seguros para llegar a una de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado por los equipos que los respaldan.
En otra vía, desafortunadamente para los chihuahuenses Rubén Aguilar es de los que aparece como beneficiario de una confluencia de proyectos e intereses, gracias al Partido del Trabajo que fundaron su padre, Adán Sigala y Sergio Granados. Es aliado a conveniencia de quien se deje, como ahora de la 4T a nivel federal, mientras se entrega de cuerpo entero al PRIAN a nivel estatal.
Está más que encartado Aguilar Gil, pese al pobre currículum y sus gustos naco-exóticos en el vestido y el calzado, pues en la coyuntura de los amarres y las negociaciones terminó siendo el perfil que irá en varios acordeones para votar que llevarán los acarreados al proceso del primero de junio.
Los votos morenos, petistas y hasta prianistas podrían llevarlo incluso a la presidencia del máximo tribunal estatal, por extraña y descabellada que parezca la idea, pero aterrizada al plano de lo real y lo pragmático, es la única figura que suma sufragios de varios bandos en disputa.

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En esta semana que hoy comienza, de acuerdo con varias versiones, deberán integrarse las listas o acordeones que deberán llevar los votantes a las urnas el domingo primero de junio.
Por ahora, están identificados tres grandes grupos con intereses en el proceso con el que habrán de elegirse ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces federales de distrito, por un lado; y por otro, juzgadores de primera y segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Uno de los grandes grupos es el que encabeza la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y opera en la entidad su delegada, Mayra Chávez, para la movilización de las fuerzas morenistas menos divididas.
En su lista van las prioridades de aspirantes a la Corte, así como al órgano disciplinario, palomeados todos por Palacio Nacional, sin novedad alguna en los más altos niveles dado que pretenden mantener a las ministras en funciones alineadas con la 4T, además de los afines con o sin cargo judicial actual.
Es la bendición de Montiel Reyes la que han buscado, además, algunos candidatos al Poder Judicial del Estado, en especial los que fueron encumbrados durante el quinquenio de Javier Corral como gobernador, desastroso tanto en lo administrativo como en lo político.
Esta lista del Bienestar, para juzgadores federales y estatales, es la mejor guardada de todas en el plano de lo local. Si bien a nivel federal es imposible que haya novedades, dado que todo Morena y la 4T traen su paquete de aspirantes, con ligeras variaciones, en el terreno estatal es donde hay muchas incógnitas sobre cuáles son los perfiles que coinciden con los intereses de los grupos del morenismo de Chihuahua.
La secretaria sigue una consigna nacional en la que las prioridades son, como dijimos, la SCJN y el nuevo tribunal sancionador, pero hay mucha libertad en la selección de perfiles para magistrados y jueces de distrito.
Más libertad existe para apoyar perfiles para el tribunal estatal, de aspirantes a jueces y magistrados locales, y es aquí donde habrá de medirse la influencia y el poder para cambiar los cálculos que ya están hechos desde el Palacio de Gobierno, obviamente con postulados más azulados.

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La otra gran corriente de apoyo es la conformada por los intereses dominantes en el estado, desde Palacio de Gobierno y los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, todos bajo las administraciones azules de Bonilla, Jesús Valenciano, “Beto” Pérez y Salvador “Chava” (o “Chafa”) Calderón, respectivamente.
De hecho, los alcaldes y sus equipos ya fueron alineados uno a uno para que se disciplinaran en el interés prioritario de la administración de Maru Campos, el de mantener la mayoría en el pleno del TSJE, conformado por una treintena de magistrados y magistradas en plena renovación; además de control efectivo del Tribunal de Disciplina Judicial Estatal, que llega a borrar al Consejo de la Judicatura.
Les dejaron a los presidentes municipales cierta libertad para incidir en los distritos Morelos, Abraham González, Benito Juárez e Hidalgo, a donde corresponden sus municipios, pero condicionados a mover las maquinarias a favor de los candidatos palomeados desde el listado de origen aprobado en el Congreso.
Dicen que será hasta después del día 20 de mayo que podrán conocerse, con mayor exactitud y precisión, los listados o acordeones que llevará este grupo de poder, pero son varios los que han librado ya el proceso de depuración que comenzó desde que fue tomada la decisión de que Chihuahua fuera a la renovación total del Poder Judicial ahora mismo, sin esperar hasta 2027.
Así, de forma preliminar, según lo que alcanza a escucharse entre los que están en la cumbre de las decisiones, han sido palomeados unos cuantos, algunos hasta con méritos para la función jurisdiccional, hasta eso.
Además de Roberto Fuentes como perfil en el que confluyen casi todos los intereses azulados, van, entre otros para las magistraturas, Andrés Pérez Howlet, el súper asesor de la Secretaría General de Gobierno, impulsado también por la alianza con el tricolor.
Otros apuntan también a Roberto Díaz Serrano, Albertina Leyer, Flor Karina Cuevas, Ana Gabriela Holguín, Francisco Acosta Molina, Adrián Lozano, Víctor Molina Leyva, Angélica Olivas, Guillermo Morales y Yadira Gramer. Desde luego, también van otros que ganaron su pase a la boleta por estar en funciones.
En el caso de los aspirantes a los juzgados de primera instancia, son mayoría los perfiles azulados, alrededor de 80 entre los cientos de registros, y es aquí donde destacan figuras como Cristy Jurado, mejor conocida como “La Xhingona de Camargo” por su participación en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez; ella es tomada como figura clave de un paquete definido en el acuerdo de Palacio con los liderazgos regionales de la entidad.

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También para la siguiente semana, un tercer equipo con lista definida es el del alcalde juarense Pérez Cuéllar, quien, por supuesto, no iba a desaprovechar el control político y su liderazgo dentro de Morena con miras a la sucesión, sin apostarle a la nueva conformación del Poder Judicial.
El interés marcado -tal vez tras algún pacto no escrito con Palacio- está en una minoría de magistraturas penales, civiles y familiares del TSJE, pero sobre todo en los jueces del Distrito Bravos. De los 180 aspirantes por juzgados de primera instancia de Juárez, apuntados o alineados al crucismo pueden ser al menos la mitad.
En cierta medida, algunos de los nombres también fueron perfilados desde el comienzo del proceso electoral judicial validado por el Congreso del Estado, obviamente con el acuerdo y a veces el pataleo de los morenistas.
Del acuerdo posible con el otro gran grupo morenista, el de la secretaria del Bienestar, seguramente es del que saldrán los mayores beneficiarios con las posiciones más bajas de la judicatura estatal, pero será un avance importante para la 4T en la justicia de Chihuahua, donde apenas cuenta con unas pocas posiciones actuales.
Es claro, pues, que la elección judicial será una disputa política con poca participación social, más allá de los acarreados y movilizados de las nóminas públicas y las estructuras partidistas.
Al margen de las lecturas generadas por el reacomodo grupal y de intereses en la entidad, el proceso mantendrá básicamente el modelo de equilibrios políticos que ha existido siempre, salvo que ahora será con la costosa simulación de una elección democrática.
Así, la elección, al menos en lo estatal como referente, a lo mucho servirá para sacudir algo, no todo, de lo inservible. Tal vez para eliminar parte de la infección que extendió el corralato, cuando puso como cabeza del aparato a Luz Estela “Lucha” Castro, con sus ayudantes Julio Jiménez Castro y Pablo Héctor González.
De ahí en fuera será un reacomodo político más, según lo que puede anticiparse de un proceso en el que cada ciudadano tendrá que tomar decenas de decisiones en unos cuantos minutos, que luego habrán de contarse en lo oscurito durante 10 días para sacar de la chistera a los ganadores electos por los poderes reales... igualito que antes, pero ahora con una onerosa dosis extra de simulación.