Chihuahua, Chih.- A raíz de la denuncia presentada por el diputado Francisco Sánchez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una revisión para determinar si el imputado por el asesinato del menor Jasiel tiene contacto con hijas e hijos de reclusas en el Cereso Femenil de Chihuahua, lo cual constituiría una violación a los derechos humanos de los menores.
El presidente de la CEDH, Alejandro Carrasco, informó que la queja fue recibida el martes y que la Comisión ya comenzó el análisis del caso, aunque subrayó que se encuentra en etapa inicial. “Lo primero que tenemos que establecer es si existe realmente esta interacción directa entre la persona detenida y los menores que están ahí con sus madres. De ser así, se pondría en riesgo a las niñas y niños, y eso es lo que se busca prevenir”, explicó.
Carrasco aclaró que, por tratarse de un caso activo y en análisis, no pueden ofrecer muchos detalles, pero aseguró que el enfoque principal será la protección integral de los menores y el respeto al principio de interseccionalidad, particularmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
“Queremos evitar que este caso se aborde desde una perspectiva de prejuicio hacia la comunidad LGBTI. No se puede generalizar ni criminalizar a una persona por su identidad de género u orientación sexual. Los derechos humanos son para todas las personas”, enfatizó.
El ombudsman explicó que, conforme a las Reglas Mandela de Naciones Unidas, el criterio para la ubicación penitenciaria es el sexo biológico, y no la identidad de género. Detalló que, según la información preliminar, la persona imputada tiene cromosomas XX y genitales femeninos, por lo que fue internada en el Cereso para mujeres.
“Si una persona tiene pene debe estar en un centro para hombres, y si tiene genitales femeninos, en uno para mujeres, conforme al artículo 11 de las Reglas Mandela que señalan que se debe separar a las personas privadas de la libertad por sexo, edad y tipo de delito, no por su identidad de género”, detalló.
Carrasco recalcó que el papel de la CEDH no es cuestionar decisiones judiciales, ya que la Comisión tiene prohibido intervenir en asuntos jurisdiccionales o electorales. Por ello, no pueden emitir recomendaciones dirigidas a jueces ni revertir sus resoluciones.
“No podemos decirle a una jueza que cambie a una persona de penal. Podemos hacer propuestas generales, como crear áreas específicas para personas de la comunidad LGBTI, pero no emitir recomendaciones en este caso en particular porque no va dirigido a una autoridad administrativa”, precisó.
Agregó que la Comisión analizará si, durante su vida, la persona imputada se identificó legal y socialmente como hombre, y si ahora está apelando a su sexo biológico como parte de una estrategia legal, pero aclaró que sería irresponsable pronunciarse al respecto sin tener los elementos necesarios.
Finalmente, recalcó que el centro del análisis es la seguridad de los menores: “Nuestra prioridad es la protección de las niñas y niños que viven con sus madres en el Cereso femenil. Ese es el foco de esta queja”.
