¿Hundió la 4T a su propio INE o quién fue?
De la selfie con muertitos al cempasúchil
Chiquillada en danza millonaria y opaca

El caso de César Jáuregui mantiene a tope las tensiones dentro del PAN, de ahí que los operadores azules exploren formas de proyectar unidad y evitar un quiebre entre la gobernadora Maru Campos y el virtual candidato a gobernador, Marco Bonilla, ante lo que parece ser ahora la misión de los seguidores del exfiscal.
A poco más de siete meses de la elección de junio de 2027, el proyecto de Bonilla Mendoza avanza conforme a lo planeado en diversos sectores sociales de toda la entidad. La agenda de encuentros fluye a buen ritmo, mientras caminan los preparativos de la campaña formal.
Pero es al interior de Acción Nacional donde ha chocado el proyecto, pues las reuniones con panistas de la capital y Juárez, principalmente, son las que se han sido opacadas porque siempre sale a la discusión el tema del exfiscal estatal, procesado en el fuero común y el federal, con repercusiones políticas que van más allá de las aspiraciones propias que tenía Jáuregui Moreno.
Eso ha movido a sospechas tanto en el equipo de Bonilla como en Palacio de Gobierno de que la intención final de al menos una facción de los apoyadores de Jáuregui es provocar una fractura sonora que debilite al PAN frente a Morena, más que impulsar un proyecto local o estatal.
En términos claros, según algunos sospechosistas panistas, hay una apuesta para llevar a ese quiebre entre la mandataria y el que aspira a sucederla. Que esa es la intención y no de ahora, sino desde antes, cuando el exfiscal se negaba a dejar su proyecto de ser candidato a la Presidencia Municipal de la capital.
Esos que le apuestan a la fractura pretenderían dejar en el olvido los esfuerzos de los últimos meses por construir la unidad, como esa cumbre en la capital cuando Gilberto Loya se bajó de la contienda por la gubernatura o ese mitin, hasta hace poco inimaginable, en Ciudad Juárez, donde Bonilla, Maru y los dirigentes del PAN, Jorge Romero y Daniela Álvarez, dieron muestra de que han recuperado capacidad hasta en la frontera.
Así, apenas tienen tiempo, unos cuantos meses, los equipos de Maru y Bonilla para ver cuáles son los activos del PAN que le van a dar hasta donde tope en el proyecto estatal, cuáles son los intrigosos que van a tratar de impedirlo y cuáles los que son menos nocivos afuera que adentro de Acción Nacional.

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Los expertos en la organización de elecciones aseguran que la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) no afecta los comicios de 2027, porque la solidez institucional del organismo no está en duda.
Más allá del ruido mediático que genera la separación obligada de Taddei Zavala, el impacto en los procesos institucionales será menor, en tanto el Consejo General designe a una nueva titular provisional y la Cámara de Diputados organice, como lo anunció ya el coordinador morenista, Ricardo Monreal, un relevo ordenado con los pasos constitucionales marcados, en un lapso de poco más de un mes.
Así, lo interesante de este episodio está en el terreno de lo político, no tanto en la cuestión administrativa electoral, que sigue su curso a través de las áreas técnicas, y menos el tema jurídico que hace a la sonorense candidata a pasar unas vacaciones en algún Cefereso.
Lo relevante es cómo fue bombardeada la consejera presidenta, por su sospechosa e inmoral cercanía con un proveedor, José Alfredo Hernández Casillas, quien, entre otras cosas, se llevó a uno de los Taddei a Francia, ese que aparece en video con la torre Eiffel de fondo mientras le dice: “París a tus pies, chamaquito”.
Las versiones apuntan a que el golpeteo pudo venir de intereses extranjeros que buscaron, con éxito, debilitar al árbitro electoral; o bien, desde la misma 4T, para desechar a la titular del INE que operó la elección de 2024, lo que pegaría a una facción obradorista-morenista representada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y jefe de otro de los hijos de Taddei.
Más allá de las implicaciones legales del caso, de la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y los millonarios contratos al proveedor favorito, la renuncia da una idea del nivel que alcanzan los juegos de poder dentro de la 4T.
Porque Taddei primero había dicho que no renunciaría y, de repente, la tarde del domingo anunció que sin importar el dicho de que “mal comienza la semana el que ahorcan en lunes”, enviaría su dimisión al iniciar la semana, “por el bien del INE”.
¿Quién la presionó para que renunciara? ¿Quién la amenazó con posibles nuevas revelaciones de la presunta corrupción en el INE? ¿Qué más escándalos le tendrían preparados, aparte de los millonarios contratos, el viaje a Francia de su hijo y las fiestas con champaña con su proveedor?
En fin, no hay de qué preocuparse por la organización del proceso 2027, que puede avanzar con, sin y a pesar de un consejero del INE, pero el debilitamiento moral del árbitro electoral que deja el escandaloso caso Taddei seguramente pesará en el ánimo de los electores y de los partidos políticos.

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La muerte de Isaac M. R., de 42 años, hallado sin vida a orillas del Río Chuvíscar en el Ejido El Mimbre y Rancho de Enmedio, cobró un matiz macabro.
Fue localizado en la zona de los campos de flores de cempasúchil tras recibir múltiples impactos de bala, entre ellos uno en la cabeza que le quitó la vida.
La tragedia trajo de inmediato a la memoria colectiva la estela de controversia que rodea a este entorno del negocio funerario en la capital.
Quién no recuerda el escándalo viral de 2023 cuando salieron a la luz pública fotografías de empleados posando y tomándose selfies junto a cadáveres sobre camillas de embalsamamiento.
Nos aseguran fuentes informadas que uno de ellos era precisamente Isaac Epifanio, encontrado en el campo de flores de muertos.
Esta ejecución no se lee como un suceso aislado, sino como parte de una trama violenta que acecha al mismo círculo comercial.
Cabe recordar el atentado donde Pablo Julián P. A., de 63 años y socio de la misma Funeraria Miranda, fue acribillado a balazos mientras conducía una camioneta de la empresa sobre la avenida Teófilo Borunda, en diciembre del 2024.
Entre la falta de ética de aquellas imágenes en la morgue que indignaron a la sociedad y los ataques armados perpetrados tanto en arterias viales como en sembradío de cempasúchil, se extiende una pesada sombra de especulación.

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La asignación de recursos públicos a los partidos políticos emergentes -la chiquillada- en Chihuahua exhibe el ingreso a bolsas millonarias ejercido en la más completa discrecionalidad, sin que nadie diga nada.
Para el proceso electoral del próximo año, las fuerzas políticas distintas a la tríada principal (PAN, PRI y Morena) absorberán en conjunto 116 millones de pesos, lo que equivale al 29.44 por ciento del presupuesto global partidista.
En esta repartición, institutos de reciente registro nacional como el Partido Paz y Somos recibirán ocho millones cada uno.
Luego están Movimiento Ciudadano con 42 millones (el 10.77 por ciento del presupuesto partidista estatal), el Verde con 29 millones (7.49 por ciento) y el Partido del Trabajo (PT), de los Aguilar, con 28 millones (7.11 por ciento).
Un centenar de millones de pesos que irán a parar a tres organizaciones cuya relevancia electoral se resume a componendas de coalición con los partidos mayoritarios para rasguñar el tres por ciento de votos que les permita un trienio de vida.
En el colmo, no hay fiscalización efectiva sobre el destino final de esos fondos, cero rendición de cuentas, sin escrutinio detallado sobre el uso interno de ese dinero, como el nivel de sueldos partidistas o la asignación de contratos a proveedores.
Negociazo lindo, autorizado y listo para las primeras ministraciones, apenas iniciando el año.

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Existe una vieja costumbre en el centralismo mexicano: decidir desde la Ciudad de México lo que necesitan los estados sin preguntarles, y luego sorprenderse de que los programas no funcionen.
Frente a ese esquema, los foros convocados por Marco Bonilla escuchan a todas las regiones con sus temas prioritarios, como seguridad para la región norte, apoyo al campo en el noroeste y, en la capital, reforzamiento de la economía e industria.
Lo ha dicho con claridad Bonilla, no quiere cometer ese error de imponer planes y programas, como inclusive sigue ocurriendo en la actualidad desde el gobierno federal.
Generar un plan de gobierno que toma en cuenta a Chihuahua, con regiones y necesidades distintas, hace diferencia entre un gobierno que dicta y uno que recoge ideas y soluciones.