-Tiene dos meses más la FGR
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Vinculado a proceso César Jáuregui la madrugada de ayer, la Fiscalía General de la República aceptó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, un tiempo que sin duda pegará en el ánimo de los panistas que pretenden impedir que avance el proceso de selección del candidato a presidente municipal por el PAN.
Claro que ese plazo puede ampliarse hasta los dos años, así es esa absurda medida que las fiscalías y los jueces usan para castigar sin aplicar sentencias, pero por mientras dos meses le van a dar tiempo a Jáuregui de presentar las apelaciones que anunció su defensor, Héctor Villasana, y para mantenerse con vida al menos en un sector del panismo.
Hay quienes le apuestan a que Jáuregui ya no sale ni en 10 años del calabozo de Almoloya en el que está recluido desde hace poco más de una semana, pero cada vez más se habla en los círculos jurídicos de ciertas alternativas que podría tener en las siguientes semanas. Veremos.
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Más allá de la suerte que ha corrido el exfiscal detenido en el penal del Altiplano, que parece haber cancelado sus aspiraciones para la Presidencia Municipal de la capital por el PAN, las tensiones entre panistas han desbordado la capacidad de operación política de las dirigencias y del Palacio de Gobierno.
De carroñeros no se bajan en Acción Nacional, de ese tamaño es la crisis a ocho meses de la elección de 2027 en la que habrán de medirse en las urnas los proyectos de Marco Bonilla y el morenista Cruz Pérez Cuéllar, cuyos objetivos y estrategias están plenamente definidas.
Bonilla Mendoza apuesta por achicar el margen de ventaja de Morena en Juárez, mientras pretende tener en la capital un caudal de votos que le garantice la victoria; Pérez Cuéllar, a la inversa, busca afianzar la frontera, mientras que en Chihuahua espera reducir la brecha con el panismo, que se siente ganado aquí.
Pese a esto, en el albiazul el desgaste y la descomposición no han tenido freno alguno; los equipos en disputa ya no sacan chispas, están encendidos en la batalla por el poder.
De la Secretaría General de Gobierno, pero sin dar la cara a pesar de la firma evidente, han salido los calificativos de carroñeros a los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, así como al exalcalde Juan Blanco Zaldívar, a quien supuestamente pretenden presentar como su apuesta por la candidatura que se le fue de las manos a Jáuregui Moreno.
Del lado de esos rebeldes panistas del equipo de Jáuregui, le han respondido con el mismo término a Santiago de la Peña, a quien algunos en el PAN ven que se hundió junto con la captura del exfiscal, detenido en una operación coordinada de la Fiscalía del Estado con la Fiscalía General de la República de la 4T.
En el libro “Partidos y sistemas de partidos (1976)”, Giovanni Sartori profundiza en la anatomía de los mismos explica que no son bloques monolíticos, sino “sistemas de subsubsistemas”, lo que introduce el concepto de faccionalismo.
La descomposición, asienta el teórico, ocurre cuando el interés de la facción (el beneficio del subgrupo o del líder) se antepone al interés colectivo del partido, lo que fragmenta su poder y coherencia.
No harían mal los panistas en analizarlo para comprender lo que ocurre y el fenómeno ante el que están, en medio de una lucha de poder que los puede llevar a reventar desde adentro.
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En el círculo que rodea a la defensa de César Jáuregui, no vieron como posibles nuevas causas los señalamientos de que el exfiscal era casinero y tenía prestanombres, temas que surgieron tras las revelaciones privadas que hicieron la gobernadora Maru Campos y la presidenta, Claudia Sheinbaum, a fines de la semana pasada.
El señalamiento reforzado por la fiscal federal, Ernestina Godoy, tenía una clara intencionalidad política de presentar a la gobernadora Campos como la responsable de entregar a Jáuregui y exhibir presuntos actos de corrupción extra, atribuibles al ahora vinculado por traición a la patria.
En el terreno estrictamente jurídico, dicen, la mención de Godoy Ramos sobre lo que supuestamente le dijo Campos Galván en privado, no constituye una acusación formal ni tiene visos de ello, al menos no desde el plano federal.
Queda la duda, entonces, de cuáles fueron las posibles nuevas investigaciones contra el exfiscal, porque muy seguramente vendrán más y estarán listas para evitar que abandone la prisión federal en la que lleva más de una semana detenido, desde antes de su vinculación a proceso del pasado sábado.
En el terreno político, eso sí, el ruido sobre el caso hace más compleja la defensa del imputado, porque queda entre dos fuegos, el federal y el estatal, al margen de que tenga o no posibles nuevas responsabilidades sobre las que requiera defensa jurídica.
Así, la trama se complica para el panista, cuya detención, no es coincidencia, pega en la sucesión estatal, en sus aspiraciones políticas, en la solidez que el PAN presumía para retener la capital y pelear el Gobierno del Estado, ante una avanzada morenista que no da visos de buscar una tregua.
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Hay un dicho que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, así le ocurrió ayer a Marco Bonilla en un evento organizado en Guerrero por la Poncho González y otros liderazgos de la región para que los asistentes hicieran propuestas que el defensor de la Patria, Familia y Libertad las incluya en su plataforma política.
Resulta que entre los invitados estaba el profesor de nombre Héctor Luévano, quien estuvo en el Cecytech de Punta Oriente durante cinco años antes de ser reubicado a Guerrero y frente a unos 300 invitados expresó que cuando llegó la colonia tenía serios problemas de drogadicción, delincuencia, deserción escolar e incluso el plantel estaba prácticamente vacío porque los padres de familia preferían llevar a sus hijos a otros planteles antes que inscribirlos ahí.
Lo interesante fue que, de viva voz externó que gracias a la intervención que hizo Marco Bonilla primero como director de Desarrollo Humano y Educación y luego como alcalde, la zona cambió para bien porque llevó seguridad, programas sociales, de atención a las familias y actividades deportivas en el CEDEFAM que fueron cambiando la zona y que esa misma visión era necesaria aplicarla en Guerrero y todo el estado para que Chihuahua continúe su crecimiento.
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La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) avanzó en el proceso de adjudicación para la primera etapa del Módulo de Atención Primaria a la Salud con Servicios Ampliados (APSSA) del Hospital Escuela Universitario en el Campus II.
En este procedimiento, bajo la Licitación Pública Nacional UACH-CCS-071001-2026/PE, dos propuestas superaron la revisión cuantitativa inicial y se disputan la ejecución de la obra, el consorcio integrado por Columbia Ingeniería Civil Aplicada y Del Norte Construcción y Diseño Valor, en competencia directa con AXIS Arquitectura.
La asociación de Columbia y Del Norte presentó la postura financiera más baja con un total de 40 millones 574 mil pesos, en tanto que AXIS Arquitectura cotizó la propuesta por un valor de 43 millones 129 mil pesos, ambas con un plazo de ejecución de 120 días naturales del 19 de noviembre de 2026 al 18 de marzo de 2027.
Tras la aceptación técnica de ambos expedientes el proceso de asignación entró en su etapa definitiva bajo la supervisión de órganos de control interno y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
El desenlace tendrá lugar el fin de semana próximo, específicamente 29 de octubre de 2026, fecha programada para la emisión del fallo correspondiente.
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Un video publicado en la edición digital, difundido a través de la página de Facebook @PoliciasCorruptosMX, expone el momento en que elementos armados de la Fiscalía General de la República (FGR) llevan a cabo revisiones en un retén sobre la carretera Chihuahua-Juárez.
Las imágenes muestran una escena donde los agentes casi desarman los automóviles, desmontan asientos, retiran paneles de puertas y abren cajuelas y cofres de los vehículos particulares detenidos a la orilla de la vía.
El ciudadano que graba discute con uno de los oficiales de la corporación, reclamándole la forma en que manipulan y desmantelan las unidades.
Justo el reclamo del conductor, por el desgaste tras horas de camino, y todavía enfrentar prepotencia en retenes.
“Estamos cansados de que a todos tiros nos roben, nos estafen, nos maltraten los carros", señalando que los vehículos terminan severamente afectados.
El abuso en las carreteras persiste de manera sistemática bajo el amparo de supuestas revisiones de seguridad.
La operación de estos filtros vulnera derechos de automovilistas y paisanos, dejándolos indefensos a mitad de la carretera, en las llanuras del desierto chihuahuense.
Ahí, en esas condiciones, ni cómo alegar.
