Bonilla toma el mando en Ciudad Juárez

Roba cámara Jáuregui en concentración de la frontera

Dieron la espalda delegados a sindicalizados del IMSS

Aunque las actuaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y de la justicia federal han sido más opacas que de costumbre en el caso Carvel, la trama que ha quedado evidenciada podría impactar todavía más en el reducido sector de los combustibles en la capital.

A la detención de Carlos Alberto Velázquez, dueño y director de Energética Carvel, se sumó también la de su esposa Anil Yazmil D.B, presidenta de Fundación Carvel y socia de su pareja, recluida en el Cereso Femenil de Aquiles Serdán, como confirmó hace apenas unos días la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La captura de ambos como parte de una telaraña de operaciones presuntamente irregulares en varios estados del país, que la Fiscalía General de la República y otras autoridades federales siguen sin aclarar, ha tenido impactos laborales y económicos en los empleados del grupo empresarial, que de la noche a la mañana paró operaciones sin garantizar siquiera el pago de una abultada nómina a finales de septiembre.

Ese ha sido uno de sus impactos en la ciudad, el de muchos trabajadores que laboraban en empresas del ramo controladas directa o indirectamente por el mayor grupo gasolinero en Chihuahua, al menos el que más expansión tenía hacia otras entidades, en materia de logística, transporte y comercialización de hidrocarburos.

El impacto no se ha visto en todas las estaciones de servicio de la marca Carvel, por un artilugio en el que operan esos negocios, que pueden tener publicidad de una marca comercial, pero razones sociales diferentes registradas en el Servicio de Administración Tributaria.

Es decir, no todas las estaciones de Carvel son de Carvel, por ponerlo en términos sencillos; unas nomás tienen la marca, pero ni siquiera proveeduría del grupo, por eso no todas están clausuradas, salvo las que tienen razón social de esa empresa.

Pero el grupo en problemas sería apenas una rama de unas 500 empresas que a nivel nacional han sido azotadas por la FGR, sin mucha claridad y casi nada de transparencia en las investigaciones, mucho menos en sus conclusiones o resultados.

Tal vez por eso otras marcas y otros empresarios del ramo gasolinero -de compraventa de hidrocarburos, de negocios de marcas comerciales y publicitarias, de transporte y logística, de importadoras y factureras- andan nerviosillos por los alcances que pueda tener el proceso instruido contra Carvel.

Temen, desde luego, a las actuaciones ministeriales en la más completa opacidad, igual que la actuación de la justicia federal, cuyas audiencias han sido alejadas de los reflectores mediáticos, contrarias al principio de máxima publicidad, a pesar de la magnitud del tema no solo a nivel local, sino en el ámbito nacional.

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La toma de protesta de Marco Bonilla como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, o sea candidato a gobernador, fue una demostración de organización del PAN rumbo a 2027.

La movilización de asistentes de distintos municipios, el respaldo de la dirigencia nacional y la presencia de la gobernadora Maru Campos buscaron proyectar unidad y capacidad de convocatoria alrededor del alcalde de Chihuahua con licencia; la estructura panista en Juárez hizo su tarea el sábado pasado, como hace mucho no se veía, y puso a reventar los alrededores peatonalizados de la Catedral fronteriza.

"No entregaremos Chihuahua" fue uno de los mensajes centrales, en boca de Bonilla Mendoza, expresión que apunta a una disputa política de peso, aunque el alcalde evitó confrontar directamente a la 4T y a la presidenta Claudia Sheinbaum; también habló del crimen, pero sin convertirlo en el eje de su intervención, con pincitas.

Bonilla no mencionó directamente a su rival, Cruz Pérez Cuéllar, aunque sí lo aludió sin decir su nombre.

Claramente, pues, no hubo un ataque frontal al partido gobernante a nivel federal, salvo por la advertencia de que Acción Nacional no entregará Chihuahua.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, explicó la designación con los resultados electorales que atribuyó a Bonilla y la confianza que, dijo, obtuvo al buscar el voto por segunda ocasión. Romero Herrera vino básicamente a formalizar la responsabilidad y, de pasada, respaldó a Maru Campos, a quien describió como una gobernadora que no se doblega.

Para los observadores críticos, la ceremonia dejó también una señal sobre la identidad panista actual: las menciones de Pancho Barrio y Luis H. Álvarez como los principales talentos panistas y "forjadores de la democracia" no provocó siquiera unos cuantos aplausos entre los asistentes, escena que invita a preguntarse cuánto reconocen las nuevas generaciones la historia de su propio partido o cuál fue la aportación real de estos personajes que ya no generan pasiones.

En fin, la capacidad de convocatoria quedó acreditada por los contingentes trasladados desde distintos puntos del estado, en clara señal de que Morena no tendrá un día de campo en Chihuahua en 2027. Por supuesto, llenar una plaza no garantiza una estructura electoral funcional y eficiente, ni reemplaza la vigilancia de casillas, la organización territorial y la defensa del voto que planteó Romero Herrera como base de la estrategia panista, como elementos adicionales la obligada unidad partidista.

Esa será la medida real de la encomienda que recibió Bonilla.

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Del mensaje de Marco Bonilla en concreto, vale la pena resaltar que presentó una lista suficientemente larga como para llenar varios discursos y, de paso, recordar que los problemas del estado no caben en una sola consigna.

Pero entre los anuncios del sábado hubo uno que merece seguimiento: la realización de foros ciudadanos en los 67 municipios de Chihuahua.

Bonilla ha insistido en que quiere escuchar las necesidades de cada región. Ahora propone convertir esos encuentros en un ejercicio organizado para recoger planteamientos sobre los asuntos que preocupan a las familias. Y material no parece faltar.

En la frontera, por ejemplo, los estudiantes universitarios ya le habían hablado durante la semana de rentas difíciles de pagar, transporte deficiente, contaminación y falta de oportunidades laborales.

Son preocupaciones bastante concretas que difícilmente se resuelven con una fotografía de evento.

La pregunta interesante será qué ocurre después de escuchar: cuáles propuestas se incorporan, cómo se ordenan las prioridades y qué respuestas se ofrecen a quienes participaron.

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Por cierto, el exfiscal del Estado, César Jáuregui, fue de los personajes que más robó camara en la concentración panista de Juárez, tanto por su papel de aspirante incómodo y no oficial para la Presidencia Municipal de Chihuahua, como por el grupo azul que se moviliza a su alrededor, confrontado con Palacio de Gobierno o al menos con los panistas que adoptaron como favorito al secretario Santiago de la Peña.

Jáuregui Moreno, de origen juarense, pero también con la doble "nacionalidad" capitalina, aprovechó para caminar por las calles del centro fronterizo y saludar a los conocidos tanto de allá como a los que fueron movilizados desde Chihuahua; estuvo lejos de los reflectores oficiales y de las dirigencias, pero su presencia no pasó desapercibida.

La asistencia del exfiscal y su gente panista es señal de cómo todos los grupos internos confluyen en el proyecto de Bonilla; también de que Jáuregui no está muerto, de que no hay decisiones claras en el PAN por la capital y de que ese proceso sigue siendo el gran foco rojo del albiazul rumbo a 2027.

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La protesta de los trabajadores sindicalizados en la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expone de forma nítida el foco del problema denunciado una y otra vez.

Ante las precarias condiciones operativas, el personal de diversas áreas —desde medicina preventiva hasta laboratorios y el cuerpo médico— decidió frenar labores de forma interna, concentrándose en las salas de espera para visibilizar sus exigencias.

Esta acción colectiva, que interrumpió la atención en dicha unidad chihuahuense, no fue un hecho aislado, sino la manifestación espontánea de una base trabajadora al límite ante el descuido sindical; sus líderes a nivel nacional y estatal son los que están en la picota, más que la directiva del IMSS, encabezada por Zoé Robledo.

En este caso de la clínica de la avenida Ocampo, la respuesta de las autoridades ante el reclamo no fue la apertura al diálogo, sino la amenaza, como ya lo habíamos narrado en este espacio, donde la dirección de la Clínica 33 amagó abiertamente con levantar actas administrativas.

Sin embargo, el punto más crítico ocurrió con la llegada de los delegados sindicales, quienes, lejos de actuar como un escudo protector para el personal o respaldar sus demandas legítimas, terminaron poniéndose del lado de la postura institucional.

En lugar de encarar la coacción patronal y exigir soluciones de fondo, la representación gremial asumió un rol de contención a favor de la directiva del IMSS, subordinando los derechos de la base a los intereses de la administración.

Pese a la doble presión ejercida por la directiva hospitalaria y los propios delegados sindicales, la base trabajadora decidió no ceder ante la línea oficial.

Al constatar que sus representantes actuaban en consonancia con la autoridad del instituto, el personal optó por sostener su postura de protesta y avanzar hacia la huelga.

Lo sucedido en la Clínica 33 es claro reflejo del conflicto a nivel nacional, un escenario donde el personal de salud se ve obligado a luchar en dos frentes simultáneos, enfrentando tanto los problemas hospitalarios como el abierto contubernio de su dirigencia gremial.