En México hemos aprendido, a lo largo de décadas, que las reglas electorales no son un asunto menor. No se trata de simples ajustes administrativos o presupuestales: se trata de las condiciones bajo las cuales se expresa la voluntad popular, se distribuye el poder y se preserva la legitimidad de nuestras instituciones.

Por eso, la discusión en torno al llamado Plan B de la reforma electoral no puede analizarse únicamente desde la óptica de la austeridad. La verdadera pregunta es otra: si esta reforma fortalece nuestra democracia o, por el contrario, la deja más expuesta a los riesgos que hoy ya la amenazan.

El problema de fondo no es cuánto cuesta la democracia, sino quién la controla.

En los últimos días hemos visto cómo esta iniciativa cambió de forma, eliminando algunos de sus componentes más controvertidos, como la propuesta de adelantar la revocación de mandato y vincularla al proceso electoral de 2027. Fue positivo frenar esa disposición, porque abría la puerta a distorsionar la competencia política y a colocar a la titular del Ejecutivo en el centro de la boleta de manera indirecta.

Sin embargo, no podemos perder de vista lo esencial: lo más grave de esta reforma no es solo lo que se quitó, sino lo que deliberadamente se decidió no tocar.

México enfrenta hoy una amenaza real y creciente para la vida democrática: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Hay regiones enteras del país donde no se decide libremente quién compite. Hay campañas financiadas con dinero ilícito, candidaturas condicionadas por grupos criminales y comunidades donde el voto se ejerce bajo miedo, presión o violencia.

Ese es el verdadero cáncer de nuestra democracia.

Y, sin embargo, la reforma impulsada por Morena decidió ignorarlo.

No se estableció la nulidad automática de elecciones cuando exista intervención comprobada del crimen organizado. No se incorporó la pérdida de registro para partidos que reciban recursos provenientes del narcotráfico, del huachicol, de la extorsión o de otras estructuras criminales. No se sancionó con la severidad constitucional que México necesita a quienes permiten que el dinero sucio contamine la voluntad popular.

Cabe preguntar: ¿por qué?

Dicho de manera directa, esta reforma no saca a los criminales de las campañas. Ese vacío no es técnico; es político.

Porque cuando una reforma electoral no enfrenta el principal riesgo para la libertad del voto, deja de ser una reforma de fondo y se convierte en una simulación.

A esto se suma otro tema que no puede pasar inadvertido: la sobrerrepresentación.

Es imposible hablar de democracia plena cuando un bloque político obtiene alrededor del 54 por ciento de los votos y termina controlando cerca del 73 por ciento de los espacios en la Cámara de Diputados.

Ese desfase erosiona la representación efectiva de la ciudadanía y distorsiona el equilibrio que debe existir en un régimen plural. La democracia no solo consiste en ganar elecciones; también exige que la traducción de los votos en escaños respete el principio de proporcionalidad.

Si ese problema permanece intacto, cualquier discurso de transformación institucional queda incompleto.

La reforma tampoco logra sostener con seriedad su narrativa de austeridad.

Un ejemplo lo deja claro. Se plantea fijar en 15 el número máximo de regidurías en todos los municipios del país. Sin embargo, la realidad nacional contradice el supuesto ahorro: en México únicamente 55 municipios superan actualmente ese número, mientras que 1,089 municipios tienen menos de 15 regidores.

La pregunta es inevitable: ¿realmente estamos hablando de austeridad?

Porque bajo la lógica de homologación, esos municipios podrían verse empujados a ajustar su integración hacia ese parámetro máximo. Es decir, lejos de generar ahorro, en muchísimos casos podría traducirse en un incremento del número de regidurías y, por tanto, del gasto público.

Entonces vale la pena preguntarlo con toda claridad: ¿es ahorro o no lo es?

Lo mismo ocurre con el tope presupuestal de 0.7 por ciento para los congresos estatales. Hoy existen 16 congresos que superan ese porcentaje y 16 que se encuentran por debajo, entre ellos Chihuahua.

Bajo el nuevo criterio, los congresos que hoy están por debajo del umbral tendrían margen para incrementar su presupuesto hasta alcanzar ese límite.

De nuevo, la pregunta es inevitable: ¿dónde está el ahorro?

Si la mitad de los congresos locales podrían aumentar su gasto bajo la nueva regla, el argumento de austeridad pierde consistencia técnica y revela una reforma construida más desde la narrativa política que desde un análisis serio del impacto presupuestal.

Este ejemplo confirma por qué no es conveniente centralizar decisiones que corresponden a las realidades locales.

El federalismo no se decreta desde el centro; se construye respetando la autonomía de los estados y de los municipios.

Desde lo local sabemos que cada ayuntamiento enfrenta necesidades específicas, dinámicas demográficas distintas y retos de representación propios. Pretender resolverlo todo con una fórmula uniforme no es eficiencia: es simplificación política.

Pero quizá el aspecto más preocupante sea la forma.

México construyó sus grandes reformas electorales a través del acuerdo, del diálogo y de la inclusión de la oposición. Así se fortalecieron nuestras instituciones y así se generó confianza en las reglas del juego.

Hoy vemos exactamente lo contrario.

Una reforma que nadie pidió, construida desde el gobierno, sin consenso, sin apertura real al debate y sin incorporar las exigencias legítimas de otras fuerzas políticas.

Cuando las reglas electorales se modifican de manera unilateral, no solo cambia la ley: también se debilita la confianza en el sistema.

Y en un país que enfrenta retos enormes en seguridad, inversión, crecimiento económico y Estado de derecho, abrir una discusión que polariza y no atiende las urgencias nacionales representa un alto costo político e institucional.

México necesita elecciones libres, limpias y blindadas frente al crimen.

Necesita reglas que garanticen equidad, no ventajas.

Necesita instituciones fuertes, no reformas descafeinadas.

Porque cuando el voto se decide bajo amenaza o con dinero ilícito, deja de importar cuánto costó la elección: simplemente deja de ser democrática.

Defender la democracia implica llamar las cosas por su nombre.

Y hoy, más que una reforma electoral de fondo, lo que hemos visto es una oportunidad desperdiciada.

México merece mucho más.