Chihuahua.- Tras una extensa audiencia de inicio de juicio que se prolongó durante más de 12 horas y al cierre de la edición no concluía, el juez de control Juan Carlos Zamora Vázquez escuchó la imputación del Ministerio Público contra Cristina Isabel M. L.y Martín de Jesús H. C., por el delito de fraude agravado en contra de 22 pensionados del IMSS a los que les prometieron que les aumentarían su pensión.

Con la causa número 908/2026, la representante de la Fiscalía que es la coordinadora de la Unidad de Daños Patrimoniales, Miriam Janeth Tarango García, presentó una exposición amplia de los antecedentes del hecho en el que detalló las denuncias de cada uno de los 22 denunciantes que integraron esta carpeta; la defensa negó los cargos y los alegatos continuaban casi a la medianoche de ayer.

Entre los múltiples detalles, Tarango García presentó como antecedentes de la acusación 22 de las 89 denuncias que presentaron adultos mayores jubilados en contra de Consultoría Legal y Administrativa G&L, la cual desde octubre de 2025 operaba en la avenida Zarco #6807 hasta enero de 2026 en que cerró inesperadamente las oficinas.

Los imputados fueron detenidos –junto con otra mujer, que posteriormente fue liberada bajo reservas de ley– el pasado 1 de abril en una empresa denominada Oportunidades M40 por resistirse a la autoridad.

Los imputados fueron reconocidos gracias a la fotografía difundida por víctimas que acudieron a ratificar ante el Ministerio Público como implicados en la persona moral Consultoría Legal.

La defensa encabezada por el abogado neolonés Ricardo Vergara Laguna y el chihuahuense José Alejandro Ordóñez Valdez, así como Cirilo Muñiz Rodríguez, desde un inicio pidió la suspensión de la audiencia bajo el argumento de que la detención de los mismos fue sin respetar los derechos humanos de los mismos y que habían sufrido tortura por los agentes de la Fiscalía.

Asimismo, desestimaron los antecedentes presentados por el Ministerio Público con el argumento de que estaban fuera de procedimiento que marca el código y argumentando además que la Fiscalía no demostraba que los imputados fueran los responsables de los actos que los acusaba, según su criterio sin respetar el Artículo 311.

Los imputados también declararon y manifestaron que no conocían a ninguna de las víctimas mencionadas en los antecedentes ni haber trabajado jamás para Consultoría Legal y Administrativa G&L, y tenían desde febrero de este año radicando en la ciudad, ya que Martín es de Chiapas y Cristina de Monterrey.

La audiencia inició con casi dos horas de retraso, momento en que la defensa argumentó que los imputados habían sido torturados al momento de su detención por lo que solicitó la suspensión.

Sin embargo, el juez de Control indicó que la detención, el pasado 1 de abril, fue por resistencia a la autoridad y que esta audiencia se trataba de una carpeta distinta, por lo que continuó y prolongó durante todo el día.

Apenas el jueves, la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) judicializó las primeras 22 carpetas de investigación por el fraude cometido por Consultoría Legal y Administrativa G&L en contra de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y anunció la imputación como presuntos responsables a Cristina Isabel M. L. y Martín de Jesús H. C.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales solicitó y obtuvo de un juez de Control del Distrito Judicial Morelos la orden de aprehensión por fraude agravado dentro de la causa penal 908/2026, la cual fue cumplimentada el 3 de abril como parte de las indagatorias por una serie de denuncias relacionadas con supuestos trámites para incrementar pensiones.

De acuerdo con la Fiscalía, las 22 víctimas que ratificaron su denuncia representa un daño económico de 426 mil 650 pesos, monto correspondiente a estas primeras carpetas ya judicializadas, mientras el resto de los casos continúa en fase de integración.

Las indagatorias ministeriales documentan un patrón en el que los imputados ofrecían a personas adultas mayores gestionar retroactivos en el pago de su pensión y aumentos en el monto mensual a cambio de pagos que en algunos casos alcanzaban los nueve mil pesos. Las víctimas eran contactadas principalmente a través de redes sociales y posteriormente citadas en oficinas físicas, donde supuestos asesores explicaban el procedimiento y solicitaban pagos en efectivo o transferencias, bajo la promesa de que en un plazo de tres meses recibirían hasta 120 mil pesos.

Para reforzar el engaño, los imputados simulaban llamadas con presuntos funcionarios del IMSS, con lo que generaban confianza y hacían creer a los afectados que el trámite tenía sustento legal.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango, informó que el caso acumula un total de 89 denuncias con una afectación global superior a un millón 426 mil pesos.

La Fiscalía mantiene solicitudes de información ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras instancias a la espera de indicios que permitan robustecer las investigaciones y proceder contra más implicados.