No puede dejar de sorprender la forma en la que, durante cuatro días en dos semanas, siete personas, con menores de edad arriesgándolos en las calles, bastaron para paralizar el corazón de la ciudad durante jornadas de seis, ocho y hasta 10 horas de protesta.

Siete personas, no una marcha multitudinaria. Ni una causa que desbordara las calles, ni un movimiento social de gran calado. Apenas un puñado de manifestantes, unas sillas viejas, cinta amarilla, dos vehículos desvencijados atravesados y una autoridad que, simple y llanamente, no ejerció como tal.

Lo que ocurrió primero el pasado 26 de marzo en el centro de la capital no fue un episodio aislado sino la continuación de una serie de movilizaciones incomprensibles, tanto por las sinrazones de los manifestantes como por la inacción de las áreas políticas y de seguridad vial, incapaces de poner orden.

Los bloqueos que siguieron fueron la síntesis de un fenómeno que ha ido en aumento, hasta imponer la normalización del caos como método de presión, agravada con la renuncia de la autoridad a hacer su trabajo.

Porque no fue sólo ese día, fueron varios. En cuestión de horas, el primer cuadro colapsó. Calles como la Aldama, Carranza y Juárez quedaron estranguladas. El tráfico se desbordó hacia rutas alternas que tampoco resistieron. Colonias aledañas, como la Obrera, terminaron atrapadas en un embudo vial sin salida.

¿Y la autoridad? Observó, toleró y, en el peor de los casos, estuvo ausente. Aquí lo más grave no es que siete personas bloqueen y afecten los derechos a la ciudad de miles y miles de personas, sino que puedan hacerlo sin consecuencia alguna.

¿Cómo pueden las áreas políticas gubernamentales operar al más alto nivel para desbloquear temas tan complejos como el Paquete Económico 2026 y designación en la CEDH, que requieren amplias mayorías en el Congreso del Estado, pero no pueden hacerlo para desbloquear el primer cuadro de la ciudad?

¿Cómo pueden destrabar asuntos que afectan la marcha normal de la vida política estatal, pero no pueden destrabar un “detalle” de mera politiquería que afecta a miles y miles de ciudadanos trabajadores?

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El recuento ya no deja espacio a la interpretación: son más de 30 megacierres en lo que va de 2025 y 2026. Han sido cierres prolongados, recurrentes, con pretextos y reclamos políticos mínimos, cada vez más pequeños en número, pero igual de efectivos en daño.

De forma por demás perversa, cada vez es menos gente la que genera problemas de embotellamientos y caos más grandes, lo que no puede dejar de verse como una consecuencia directa del desprecio de las autoridades por su básica tarea de poner orden.

Los comerciantes del Centro reportan caídas de hasta el 50 por ciento en sus ventas; la gente evita la zona, incluso a pie; los proveedores no pueden entrar y el consumo, ya golpeado por otras amenazas económicas externas, se desploma aún más.

Es decir, mientras unos cuantos bloquean, cientos pierden ingresos y miles pierden tiempo. Nadie paga las consecuencias más que los ciudadanos afectados por las protestas, lo que deja el mensaje políticamente peligroso de que protestar de esa manera funciona al menos para generar desorden, por lo que bien puede repetirse.

Lo ocurrido lo confirma. La semana antepasada fueron miércoles, jueves y viernes; la pasada sólo el lunes, pero con la amenaza de que habrán de regresar mañana, nomás pasados los días santos.

Los reclamos, mínimos, insustanciales, fueron dirigidos al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; al secretario de Salud, Gilberto Baeza y al director de la Comisión Estatal de Vivienda, Antonio Chávez.

Desde las deficiencias del transporte público hasta la supuesta falta de atención del Medi-Chihuahua; desde los nulos apoyos para la vivienda en las colonias precarias hasta la inseguridad inherente a las mismas, podrían ser reclamos válidos de los ciudadanos, pero cuando son meras generalidades o vaguedades atribuibles a todos los niveles de gobierno, pierden todo sentido.

Únicamente Chávez acudió el último día al plantón, mientras que el resto optaron por minimizar la protesta por sus claros tintes político-partidistas, reflejados en la personalidad de las dos mujeres que dirigieron los últimos movimientos: una tal Vicky y una tal Belén, de la vieja escuela del “activismo” priista, pero ahora rentadas como lideresas al servicio de morenistas.

Por ello, el plantón inicial no sólo regresó, sino que escaló, con más cierres, confrontaciones y tensión; con automovilistas y camioneros desesperados enfrentando a manifestantes, sin la Policía Vial presente para tratar de ordenar y garantizar la circulación.

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Esos días dejaron escenas que rozan el descontrol total, con claro saldo perjudicial para los ciudadanos y para la imagen general de la autoridad política estatal y municipal.

Pero el problema no puede reducirse nomás a Vicky y Belén, que incluso llegaron a utilizar niños y otros menores de edad para frenar vehículos o amenazar a conductores.

Tampoco puede limitarse a quienes las precedieron en espectáculos similares recientes, como los de Retén Ciudadano, encabezado por Benjamín Nogueira, Carlos Loya y Rocío Martínez, apoyados por otros cuantos integrantes, que el jueves 12 de febrero pasado cerraron la Aldama para llevar un ataúd vacío al Palacio de Gobierno e incluso aventaron estiércol a los guardias encargados de la puerta.

Sería ingenuo reducir el problema a unos cuantos nombres propios, porque la irresponsabilidad de arriesgar a los menores a un atropello fue complementada de la irresponsabilidad de la autoridad vial para lograr una circulación vehicular armónica.

Sería ingenuo achacar la bronca nomás a los manifestantes o a los grupos que supuestamente los atizaron, de Morena, si brillaron por su ausencia los operadores políticos, jurídicos y sociales, que se cuentan por cientos en todas las estructuras burocráticas estatales.

Es más, sería hasta ridículo culpar de todo a esos que sin más atravesaron una carroza fúnebre o una vieja camioneta para cerrar la calle donde está la entrada de la sede del poder político estatal, si hasta el uso de la fuerza pública estaría plenamente justificado, con la debida prudencia y sin excesos, a fin de liberar la circulación y darles paz y armonía a la mayoría de ciudadanos.

Porque el derecho a la manifestación no permite el secuestro de la ciudad, como tampoco obliga a la autoridad a permanecer como espectadora mientras vialidades son paralizadas durante horas; mientras terceros son puestos en riesgo; mientras miles padecen la toma del espacio público, injustificada en un contexto democrático.

Reaccionar tarde, negociar mal y no poner límites claros a la protesta social, provoca esa percepción de una ausencia de autoridad, con las consecuencias en la rutina de los ciudadanos, pero también en la imagen de todo el aparato gubernamental.

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Los cuatro días de protestas recientes más las decenas de cierres de los últimos meses podrían subir de intensidad si antes no tienen atención real, no simulada, lo cual incluye no sólo dialogar con los manifestantes sino también ponerles frenos a sus excesos.

Hoy pesa sobre la ciudad la amenaza de Vicky y Belén de regresar mañana lunes con otra manifestación con mínima participación pero con daños mayores, como han sido las anteriores.

¿Otra vez siete personas van a poner de rodillas a toda una ciudad? ¿Otra vez veremos calles tomadas, tránsito colapsado, ciudadanos rehenes y autoridades viales y políticas replegadas?

Eso no es sólo el peor escenario para un día de comienzo de semana. Si eso ocurre, entonces el problema ya no será sólo el bloqueo, sino el precedente gravísimo sentado en tiempos en que los intereses políticos se desbordan, como suele pasar en Chihuahua en el año previo al electoral que define la sucesión gubernamental.

Permitir que la protesta social real sea suplantada con plantones convenencieros, irracionales y sustentados en reclamos contaminados, no es una muestra de una democracia en evolución ni de un gran respeto a los derechos humanos, si resultan pisoteados los de las mayorías trabajadoras que quedan presas en sus vehículos por horas.

Dejar que unos pocos impongan su ley escudados en sus carencias -y a la vez bajo sospecha de recibir paga por debajo de la mesa de los grupos políticos que los impulsan- es renunciar al poder legítimo que la sociedad otorga a los gobernantes para garantizar la paz, el orden y la seguridad en las calles.

La permisividad, entonces, marcaría ese mal precedente en un momento político crítico, en el que Chihuahua, la capital y el estado, demanda armonía y estabilidad. Y sentar precedentes termina por marcar el rumbo.

Si la autoridad renuncia a imponer el orden y a ubicarse por encima de grupúsculos que protestan más con ánimo de colapsar a la ciudad que de luchar por intereses legítimos, caería en una negligencia mayor. Más costosa política y electoralmente que si decide usar de forma racional y legítima toda su fuerza.