Para Chihuahua y para todo México, los últimos meses han abierto un periodo de discusión profunda en torno a diversas propuestas de reforma que buscan reconfigurar el equilibrio institucional del país. No se trata de ajustes menores: lo que está en juego es la manera en que se distribuye el poder, se toman decisiones públicas y, en última instancia, se responde a la realidad concreta de las personas y de las comunidades.

En ese contexto, una servidora ha sostenido, en distintos espacios de opinión, una postura clara: la defensa del pacto federalista como principio rector de nuestra vida pública.

Hablar de federalismo va más allá de invocar una abstracción jurídica, se trata de afirmar una convicción política fundamental: que las comunidades tienen el derecho —y la capacidad— de gobernarse desde su propia realidad, atendiendo a sus necesidades específicas. Esta no es una concesión del poder central, sino una facultad reconocida por nuestra Constitución como resultado de una larga tradición histórica de lucha por la autonomía y la representación.

El federalismo, en su sentido más profundo articula al país desde su diversidad.

En Chihuahua, el federalismo es una condición de posibilidad para gobernar con eficacia. Somos el estado más extenso del país, con la frontera más larga con los Estados Unidos; contamos con municipios cuyas distancias superan las que existen entre la Ciudad de México y Guadalajara; coexistimos con ecosistemas diversos, una economía fronteriza altamente dinámica, industria global, comunidades indígenas y corredores estratégicos de comercio internacional.

Estas condiciones son determinantes. Gobernar Chihuahua exige conocimiento territorial, cercanía institucional y capacidad de respuesta diferenciada. Pretender dirigir estas realidades desde la lejanía del centro equivale a desconocer su complejidad. Y cuando se desconoce la realidad, se gobierna mal.

Reducir la autonomía de los estados no fortalece al país; por el contrario, debilita la calidad de las decisiones públicas, limita la capacidad de respuesta local y abre la puerta a errores de gran escala.

Un ejemplo ilustrativo de los riesgos de la centralización lo encontramos en la refinería de Dos Bocas. Más allá de las posturas políticas que ha suscitado, los hechos recientes —como el incendio registrado en sus instalaciones— reactivaron cuestionamientos de fondo sobre su planeación y ubicación.

Desde su origen, el proyecto enfrentó señalamientos técnicos relevantes: una zona con condiciones climatológicas adversas, alta humedad, vulnerabilidad ante fenómenos tropicales y una localización que implicaba riesgos innecesarios por su cercanía con áreas pobladas. Estos elementos eran determinantes para una obra de esta magnitud.

Lo que este caso evidencia es un problema estructural: cuando las decisiones se concentran excesivamente, se corre el riesgo de privilegiar criterios políticos o de oportunidad sobre evaluaciones técnicas y conocimiento local. El resultado no solo es ineficiencia, sino también exposición a riesgos evitables.

A pesar de ello, existen voces que defienden las reformas recientes bajo el argumento de fortalecer la austeridad. Frente a esta postura, es necesario precisar: la austeridad, en sí misma, no es un valor absoluto si compromete la calidad institucional del Estado.

Las instituciones no fueron diseñadas bajo la premisa de gobernantes infalibles o de buena voluntad permanente, sino como mecanismos de contención, equilibrio y protección para la ciudadanía. Reducirlas o subordinarlas en nombre de la eficiencia administrativa puede derivar, con el tiempo, en una concentración excesiva del poder.

La centralización, además, genera una distancia inevitable entre quien decide y la realidad que debe atenderse. Gobernar desde el centro, ignorando la diversidad territorial, implica desdibujar a las personas concretas en favor de una lógica homogénea que rara vez corresponde a la complejidad del país.

Lo que hoy puede parecer una medida razonable, mañana puede convertirse en un instrumento de control. La historia es clara: el deterioro institucional no ocurre de manera abrupta, sino gradual. Por ello, no es admisible una austeridad que erosione el pacto federal, porque este descansa precisamente en el reconocimiento de la pluralidad social, económica y cultural de México.

En particular, frente a la discusión sobre la reforma electoral, la posición de una servidora es firme: en lo esencial, no hay margen para recortes.

La democracia no es un gasto; es una garantía. La certeza de que cada voto se cuenta correctamente constituye la base mínima de confianza entre ciudadanía e instituciones. Sin esa certeza, todo lo demás se debilita.

Desde una perspectiva de humanismo político, la democracia implica reconocer en cada ciudadano a un sujeto con dignidad, capaz de decidir sobre su presente y su futuro. Reducir los recursos destinados a garantizar ese derecho es perder de vista lo fundamental: que el sistema existe para servir a las personas, no al revés.

En tiempos de definiciones, Chihuahua ha sido claro y consistente: defenderá su autonomía, respetará las decisiones de su gente y seguirá construyendo condiciones que respondan a su realidad específica.

Soy una convencida de que gobernar desde la realidad de las personas es una responsabilidad y en esa responsabilidad, Chihuahua no va a ceder. Por ello, los resultados que hoy viven las familias chihuahuenses son producto de la cercanía y de la escucha.

Hoy y siempre, Chihuahua y México cuentan conmigo.