-Cuñados del Poder Judicial en un presídium
-Estigma de por vida para violentador Riggs
-Bonilla y Jáuregui, los más encumbrados

Cuando Marcela entró al quirófano en busca de un cambio estético, no imaginaba que saldría marcada de por vida. No por la cirugía que esperaba, sino por una decisión médica que mutiló su cuerpo sin razón, sin consentimiento plenamente informado y sin compasión.
Lo que debía ser un procedimiento de levantamiento de senos se convirtió, inexplicablemente, en la extirpación total de sus glándulas mamarias, lo que reprueban los especialistas agrupados en el Colegio Estatal y el Consejo Nacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, tras el caso que dimos a conocer ayer en estas páginas.
En la actualidad, un juez civil de Chihuahua ha condenado al cirujano responsable al pago de 25 millones, pero por la verdadera deuda, la humana, la ética, no hay sentencia que la repare.
El caso de Marcela no es una anécdota aislada sino el espejo de otras tantas tragedias marcadas por la negligencia médica en el terreno estético, donde el prestigio, la impunidad y el dinero a menudo pesan más que la salud y la dignidad de los pacientes.
En Chihuahua, la cirugía plástica se ha mantenido en una peligrosa zona gris, con clínicas sin protocolos, procedimientos sin autorización jurídicamente sustentada y médicos -unos certificados, otros no- que actúan como si la confianza del paciente fuera un cheque en blanco.
En el expediente judicial consta que el doctor Saúl Laurencio Delgado Gardea, que incluso fue presidente del Colegio Estatal de Cirugía Plástica, practicó operaciones de forma indebida, incluso una mastectomía bilateral, generalmente reservada a pacientes con cáncer, pero este no era uno de esos casos.
Ninguna estaba justificada médicamente; ninguna contó con el debido consentimiento informado. Y todas se realizaron sin los cuidados hospitalarios mínimos, un gran pendiente jurídico-legal que siguen sin atender algunos médicos, a falta de asesoría especializada en las normas vigentes.
El fallo judicial no deja margen de duda, hubo negligencia y violación a la dignidad de la persona. Pero más allá del caso en concreto, lo que estremece es la fragilidad del paciente frente al poder médico, especialmente en el terreno de la cirugía estética, donde los límites entre lo ético y lo lucrativo se desdibujan con facilidad.
La paciente no busca revancha, busca justicia. Y su caso podría marcar un precedente con la sentencia dictada por la justicia estatal. El juez reconoció violaciones a derechos fundamentales: salud, dignidad, integridad y vida de relación. Si la sentencia se mantiene en tribunales federales, podría convertirse en un parteaguas para la regulación de la práctica estética en el estado.
Buena falta que hace la justicia en estos procedimientos que implican violencia con bisturí en mano, porque en otras ocasiones las cirugías mal practicadas han derivado en muertes, la mayoría sin castigo alguno.

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De bien hacia arriba le fue ayer a la jefa de la Unidad Notificación del Tribunal Superior de Justicia (TS), Edna Trevizo Tintori, quien fue convocada por la presidenta del órgano judicial, Marcela Herrera.
Junto a Trevizo fueron reunidos todos los notificadores y notificadoras del Poder Judicial en esta ciudad cuya aportación es fundamental en el círculo integral de la impartición de justicia.
La Unidad de Notificación es uno de los eslabones frágiles en la institución pues los bajos sueldos y no siempre mejores condiciones laborales orillan a la siempre acechante corrupción.
Trevizo ha conseguido avanzar en todos los órdenes, eficientar la unidad e ir desterrando algunas de las malas prácticas del pasado.
Hubo buenos comentarios de la Presidenta hacia el manejo de la unidad y compromiso de seguir fortaleciéndola, así que sus integrantes esperan que así sea.

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Parecía una foto familiar (puede verse en la edición digital de GPS), justo la del presídium del Tribunal de Justicia ayer, con los cuñados Eduardo Zacarías Gómez y Francisco Javier Fierro como figuras centrales, en el encuentro de la Central de Actuarios mencionada líneas antes.
Es conocida y ha sido tema de innumerables críticas la relación de un integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Gómez Bustamante, con el secretario general del TSJE, Fierro Islas, por el olorcito entre nepotismo y conflicto de interés que, entre otras vergüenzas, despide el Poder Judicial.
Gómez fue electo en los sótanos políticos del aparato de justicia como integrante del OAJ, después de perder la elección para magistrado. Nada mal su premio de consolación, ahora es cuasi magistrado con injerencia en el manejo del presupuesto.
Fierro fue impuesto como conductor del Tribunal Superior para que la reforma judicial quedara como quedó, con un aparato de justicia igual o peor que en el pasado. Luego nomás fue ratificado.
A pesar de las sospechas que el parentesco político genera, ahí están los dos en activo, con puestos que eventualmente pueden chocar o prestarse a otras cosas. La imagen es reflejo fiel de la dizque renovación del aparato de justicia estatal, que ahora hasta presume sus miserias en público.

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El Instituto Nacional Electoral publicó el nombre del regidor morenista de Chihuahua, Miguel Alonso Riggs Baeza, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, donde permanecerá durante 180 días, de acuerdo con la sanción validada por la autoridad.
El nada honroso lugar en el que fue puesto el edil, exsíndico corralista-panista y excandidato de MC, fue bien ganado después de que se refiriera a la síndica, Olivia Franco, con un calificativo impublicable que, evidentemente, le queda mucho mejor a él que a cualquier persona, a juzgar por el castigo impuesto.
Los seis meses de castigo en ese registro parecen poco, habrá que ver si resultan suficientes para que el edil aprenda la lección y respete a las mujeres. La vergüenza y el estigma le habrán de durar toda la vida, eso sí.

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En la burocracia municipal algunos ubican al director de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Jiménez, como un exfuncionario universitario ligado al PRI, ahora que surgió la polémica de la nada clara o supuesta ruptura del PAN con los dinos tricolores.
Sin embargo, quienes conocen los padrones azules nos precisan, al estilo de Carlos Castillo Peraza, que Oliva no es de los que llegó a la hora de las victorias fáciles ni se ha ido en los tiempos difíciles; empezó en el albiazul desde 2004 y se hizo miembro activo desde 2011, así que no, no entra en la lista de priistas incrustados en las nóminas del aliancismo panista.

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No es sorpresa que lidere César Jáuregui -en encuesta reciente- las preferencias para ser candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua.
Desde hace dos décadas, el filoso político panista ha tenido presencia social, política y mediática como dirigente partidista y funcionario público. Cero descanso ni cuando echa humo.
La encuestadora Rubrum lo coloca a mucha distancia de sus más próximos competidores en el PAN. Quien más se le acerca es Manque Granados, a cinco puntos lejanos.
Después de ella, está anotado Rafael Loera a 15 puntos y luego Alfredo Chávez, a más de 20 puntos de distancia. Si se apuran lo alcanzan...en unos nueve años.
Jáuregui, con el 35% de intención de voto por el PAN lleva camino emparejado, pero no pavimentado. Aún hay trecho por recorrer, incluido superar el fantasma del género, que ha terminado por acorralar a los partidos.
En esta ciudad el PAN tiene una intención del voto por encima de Morena, que tiene preferencias muy pronunciadas en Juárez.
Gozan los azules de una preferencia del 47% contra 31% de Morena en la capital, todo lo contrario a Juárez, donde el partido guinda rebasa casi por el doble de intención de voto.
Va entonces el Fiscal General del Estado con un empuje muy tempranero, por ello tal vez su resistencia a las anticipadas mesas de diálogo por las candidaturas que anunció Daniela Álvarez, la líder estatal.
Sabe el colmilludo político panista que hay que esperar tiempos. Despacio que lleva prisa, con números que lo favorecen.

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Esas mismas tendencias confirman lo que la militancia azul ya sabe, los resultados más recientes de la encuestadora RUBRUM no sólo miden preferencias, reflejan una realidad contundente, el panismo chihuahuense ya tiene candidato; en este caso, a la gubernatura.
Con un 75.9% de apoyo dentro de Acción Nacional, el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, se consolida como la figura más fuerte y con mayor legitimidad rumbo al 2027.
Este dato se viene repitiendo mes con mes desde febrero, donde Bonilla ha mantenido niveles de preferencia que oscilan entre el 78 y el 81%, lo que demuestra no un momento de coyuntura, sino una tendencia sostenida, producto de resultados, cercanía con la gente y un estilo de gobierno que combina eficiencia con sensibilidad social.
No parece casual que los chihuahuenses asocien el nombre de Marco Bonilla con resultados porque desde el gobierno municipal ha impulsado proyectos de seguridad pública reconocidos a nivel nacional, programas de participación ciudadana y una política social cercana, moderna y transparente, que representa a la nueva generación del panismo.