-Alerta por la cueva de Santo Domingo
-¿Lento juez Lerma o el Tribunal de Disciplina?
-Ponen en su lugar a los Escárcega

Alrededor de mil maestros del subsistema educativo estatal, agremiados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), siguen en pie de guerra -algunos creen que muy manipulados- por las desaparecidas Clave L y L-Plus, incentivos eliminados con una reforma federal de hace 10 años.
Buena parte de ellos saben que su esperanza estaba en los tribunales, desde aquella reforma de los tiempos de Enrique Peña Nieto que ató al Gobierno del Estado y le impidió pagar esas claves de lujo a los maestros estatales, quienes con una carrera profesional en la Universidad Pedagógica Nacional podían lograr ingreso salarial de hasta el doble del que tenían.
Pero la justicia federal ha sido clara en sus resoluciones: ha negado la obligatoriedad de esas claves para el magisterio estatal y mantiene amarrado al Gobierno del Estado a las disposiciones educativas de 2015 que las eliminaron. Así, el tema no es de voluntad política estatal sino de cumplimiento del estado de derecho.
No obstante, al interior de la Sección 42 del SNTE, al mando de Manuel Quiroz Carbajal, un movimiento acusado de manipulación a los maestros y traición contra su misma dirigencia, encabezado por la profesora Rubí Barraza, pretende mantener viva esta bandera como causa para las protestas.
Hace poco más de un mes, el 23 de septiembre, fue este grupo el que paralizó por completo el centro de la capital, con la exigencia del cumplimiento en el pago de las claves L y L-Plus, que en definitiva no alcanzan dichos profesores, quienes no alcanzaron a concluir el estudio que les pedía la norma anterior o tramitarla antes de la reforma educativa del régimen de Peña Nieto.
Sin aval de la dirigencia de la Sección 42, los maestros que se dicen afectados cerraron las calles del primer cuadro de la ciudad y exigieron respuesta del secretario de Educación, Hugo Gutiérrez y de la gobernadora Maru Campos, a quienes acusan de incumplir su palabra de pagarles, pese a que, es sabido, han cumplido el compromiso de seguir los cauces legales para revisar la legitimidad del reclamo de un sector magisterial.
Ahora, mantienen vivo un reclamo que va a la nada jurídicamente, a la vez que manipulan a cierta base del magisterio con intereses que, es muy posible, estén enmarcados más en la sucesión de la dirigencia del SNTE -en juego para 2026- que en un interés real por revivir las dichosas claves.
Porque para recuperar esos pagos, la vía más adecuada parece ser la modificación legal del sistema impuesto desde 2015 para regular los salarios e ingresos de los maestros a nivel nacional, no la protesta callejera que perturba la marcha cotidiana de la ciudad y previsiblemente no tendrá resultados.
Eso parece no importarle a quienes tratan de llevar agua a su molino, ganar simpatías políticas para pelear por la dirigencia magisterial y empoderar un proyecto en un gremio como el SNTE, del que forman parte.

***

Hay una alerta entre las corporaciones de seguridad estatales y las municipales de Chihuahua y Aquiles Serdán, tras el hallazgo, el sábado, de cuatro cadáveres en la cueva de Santo Domingo.
Mientras avanza la Fiscalía General del Estado en las identificaciones de las víctimas, dicen que otra prioridad es establecer quién ordenó la ejecución de esas personas y el abandono de los restos en ese lugar, significativo especialmente no solo por su atractivo turístico (conocido como la Cueva de los Murciélagos), sino por un grupo delincuencial que tiene sentados sus reales en Santa Eulalia y el suroriente de la capital del estado.
En la procedencia de las víctimas -de Durango, Juárez o Sonora, según las versiones que surgieron desde el hallazgo- habría pistas sobre el móvil de la ejecución múltiple y el origen de sus atacantes.
Pero este hecho, aunque no mueve el ejecutómetro en la ciudad de Chihuahua, podría ser la antesala de una batalla más de la narcoguerra actual entre los grupos criminales, entre las facciones del Cártel de Sinaloa que no terminan de cohesionarse y sus rivales que han aprovechado la debilidad mostrada.
Por lo pronto, el hallazgo de terror en Santo Domingo, que hace mucho no daba notas rojas aunque un tiempo sus tiros de mina formaron un conocido narcocementerio a unos minutos de la ciudad, enciende las alarmas.

***

El magistrado titular de la Cuarta Sala Penal, Gerardo Acosta Barrera, ha presumido los últimos días que no tiene notificación alguna sobre la denuncia que, desde el 10 de octubre pasado, presentó un juez de Parral, Elmer Lerma Fontes, por haber recibido presiones para dictar una resolución.
Lerma fue quien vinculó a proceso y mantuvo en prisión a Fernando Ramírez, mejor conocido como “El Chino” o “El Chapito”, hermano del diputado presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, luego de la agresión a balazos con la pistolita calibre .22 contra un par de abogados durante un funeral en Parral.
Después de eso, el juzgador de primera instancia presentó una denuncia administrativa ante la Unidad de Responsabilidades del Tribunal de Disciplina Judicial. Así aparece hasta con el matasellos de esa dependencia la imagen que trascendió en aquellos días de la polémica.
El destinatario de la queja era, supuestamente, el magistrado que, para variar, es uno de tantos de los que presumen tener el control político del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero si no ha sido notificado, como afirma, tal vez el juez Lerma decidió caminar más lento en su causa o la instancia judicial que debe investigar lo hace a paso de tortuga.

***

Ya veremos la definición final en el expediente judicial, pero por lo pronto se impuso la lógica y la razón, por encima de los intereses facciosos y de familia que desde la magistratura y una curul beneficiaron a un reo sentenciado, no una, sino dos veces, por secuestro.
El hermano de la magistrada del Tribunal de Disciplina, Nancy Escárcega, de nombre Edgar Hernán, deberá regresar ante un nuevo juez para buscar el cambio de medida cautelar que le fue obsequiado hace unas semanas, y que le permitía purgar su pena como huésped VIP los fines de semana recluido en el Cereso, como si de hotel de cinco estrellas se tratara.
Impensable que dicho beneficio pudiera regresar, ni con la intervención del cuñado, el diputado emecista Francisco “Pancho” Sánchez, sin pensar en el alboroto y la reprobación general por la medida, cuando son precisamente el secuestro y la extorsión brazos armados del crimen organizado, y que tienen al país bañado en sangre.
La determinación de la Primera Sala Penal echó por tierra la resolución cautelar del 18 de septiembre, en el Toca 93/2025, con un ingrediente adicional, impide que el juez que ya conoció y benefició al recluso pueda volver a consentirlo, con lo que de inicio es buena señal de que no habrá de nuevo una decisión arbitraria y abuso de poder en la causa penal 226/2005.
Deberá irse resignando el interno a permanecer tras los barrotes en la compurgación de la segunda condena que por el delito de secuestro le impuso el juez inicial de la causa, que ordenó que dichas penas fueran pagadas de manera sucesiva por la gravedad de los hechos.

***

El alcalde, Marco Bonilla, no suelta el tema de los dos puentes dañados por las lluvias y ayer hizo acto de presencia al norte, en Riberas de Sacramento donde la corriente debilitó los muros que sostienen la plancha de concreto y tuvieron que cerrar el paso a los autos.
Nos enteramos que los vecinos que vieron al alcalde se acercaron a preguntar su reapertura, algunos tenían la creencia que iban a tardar años en repararlo, pero se fueron con la noticia directa del alcalde que a finales de diciembre quedará remediado los daños con el reforzamiento con muros de concreto y base para que la fuerza del agua no vuelva a debilitar los cimientos.
En las redes, la reparación del puente que conecta varios fraccionamientos con la salida que da al puente de la carretera Chihuahua-Juárez, era muy solicitada al edil, pero como en Municipio si tienen sentido de urgencia ya hay fecha de conclusión.