-Ni braille ni boletas en lengua rarámuri
-Hoyanco en transparencia por extinción de INAI
-Multas más pesadas por ganado en vialidades

En los alrededores de la zona industrial de la colonia Aeropuerto, donde ya hay más gasolineras que Oxxos, lo que ya es mucho decir, comenzó la construcción de otra estación de servicio, en el cruce del bulevar Juan Pablo II y el periférico Vicente Lombardo Toledano.
La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua establece claramente que no puede operar un expendio de gasolina a una distancia menor a mil 200 metros radiales de otro, lo que contraviene la obra de desmonte y edificación actual en el lugar, que ya tiene unas semanas en marcha.
En contra esquina existe otra gasolinera, en un punto donde además confluyen uno de los supermercados de Soriana y una tienda de conveniencia, Del Río, todas en orden y apegadas a los reglamentos de ecología, desarrollo urbano, protección civil y demás.
“Los predios se ubicarán a una distancia radial mínima de 1,200 metros, respecto de otra gasolinera, en las que se expenda gasolina o diésel”, dice la fracción cuarta del artículo 218 de la norma estatal en mención, flagrantemente violada por la obra.
Los trámites en instancias públicas, nos reportan, fueron iniciados hace alrededor de un año, quién sabe con qué bendición federal o de otras autoridades relacionadas con la expedición de permisos y la regulación del mercado de los combustibles en el país.
La negativa lógica inicial, por existir otra estación de servicio en la esquina, en el sentido de norte a la salida sur de la ciudad, fue burlada de alguna manera por la empresa que, hasta donde sabemos, viene de Casas Grandes, donde tiene su base operativa.
Las obras aparecen a nombre de Servicio Leyva S.A de C.V, registrada por Gabriel Leyva, a quien otros gasolineros ya quisieran de consultor o gestor para llenar los requisitos y "tramitar" los estrictos permisos que marcan las leyes federales y estatales, así como los reglamentos municipales.
¿Pondría la empresa su nueva gasolinera así nomás, por sus pistolas, o a quién se atuvo para arrancar una obra en terrenos jurídicos tan inestables?

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Hace unas semanas el Instituto Nacional Electoral (INE) de plano tiró la toalla para imprimir boletas tipo braille en favor de la población con debilidad visual.
Afirmó que no había condiciones de tiempo ni de presupuesto para hacer una edición de boletas a nivel nacional que garantice a dicha población votar.
Pues ahora está por estallar de nuevo la bomba, porque empezaron a llegar impugnaciones de personas indígenas que exigen la posibilidad de sufragar en las elecciones judiciales.
Piden respeto a los principios de interculturalidad existentes en la constitución general de la República, ya que no hay boletas en su lengua ni casillas próximas.
Así, letras más, letras menos, es el escrito de queja presentado por Felipa, una indígena rarámuri de la alta Tarahumara, que exige el ejercicio de su derecho a votar.
Explica en sus alegatos que están por ser enviados del IEE al Tribunal Estatal Electoral, que el órgano electoral administrativo ha sido omiso en ambos derechos, por un lado, informar dónde pueden sufragar y por el otro, si habrá boletas en su lengua.
Y no son nada más los rarámuri, de la alta y baja Tarahumara, sino los pimas, guarojíos, tepehuanes y otras poblaciones que hablan el español, pero no lo leen y menos lo escriben.
¿Cómo van entonces ellos a participar en las próximas elecciones, a pesar de contar con credencial de elector?
El tema tendrá resolución necesariamente en los próximos días. Difícilmente vendrá una resolución que obligue a imprimir nuevas boletas, pero sí, una reprimenda, por la omisión.

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Desde que entró en vigor el nuevo sistema centralizado de transparencia que habrá de manejar cada sujeto obligado, hay una pausa en la emisión de resoluciones en la materia.
Será hasta el próximo 19 de junio en que empezará a normalizarse la emisión de resoluciones de recursos de revisión en contra de la cerrazón de sujetos obligados.
La cuestión es que no se augura mayor apertura, sino una mayor reserva y confidencialidad de datos.
Si actualmente, de acuerdo a las estadísticas totales del desaparecido INAI, consultables aún en la plataforma, sólo la mitad de resoluciones eran acordadas en favor de los peticionarios de información, con la reforma, el porcentaje podría cargarse en favor de la autoridad.
Es así por la sencilla razón de que ahora serán los comités de transparencia de los mismos sujetos obligados, recaídos en su mayoría en los órganos internos de control, los que resuelvan las quejas de los ciudadanos.
Esos órganos internos de control han sido designados en su mayoría por los mismos sujetos obligados, salvo excepciones, como es el caso del INE, cuyo OIC es nombrado por la Cámara de Diputados, que para el caso es lo mismo, en estos momentos.
Igual habrá que esperar a la manera en que irán resolviendo dichos recursos, que ahora serán dispersados.
Para darse una idea de la cantidad de trabajo que significa, en la historia del INAI han sido modificadas 67 mil resoluciones de órganos garantes, desechadas 58 mil quejas ciudadanas, revocadas 51 mil, sobreseídas 48 mil y solo confirmadas 33 mil.
Será hasta la última semana de junio en que estás estadísticas serán puestas a prueba, con transparencia al estilo 4T.

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Hace aproximadamente un mes, los vecinos de El Reliz solicitaron al alcalde, Marco Bonilla, tomar cartas en el asunto para controlar el ganado suelto que de manera constante lo sueltan a pastar en los alrededores de la prolongación Teófilo Borunda.
La primera acción fue montar operativos para retirar al ganado, resguardarlo en corrales municipales en espera de ser reclamados y aplicar la respectiva multa a sus propietarios.
Sin embargo, para terminar de una vez por todas con este problema, ayer en la sesión de Cabildo, fue votada por unanimidad la propuesta para aumentar las multas a quien saque a pastar su ganado en la vía pública.
Con esta modificación, seguramente se le quitará esa mala costumbre a los ganaderos, que ya ha provocado accidentes viales, de sacar su ganado a la vía pública, porque las sanciones actualizadas van desde los 80 a 120 veces la Unidad de Medida (UMA) o un arresto de 36 horas, que en pesos equivalen a nueve mil 051 hasta los 13 mil 576.