-Un suicidio persigue a subprocuradura
-Sospechosismo en accidente mortal del Peri
-Cónclave para “reforzamiento de la seguridad”

Parece estar bastante normalizado el acoso laboral y la sobreexplotación en la Delegación de Bienestar en el estado, al menos en el Programa del Adulto Mayor y Mujeres, al mando de Yesenia Alejandra Soto Aguirre, acusada de maltratar y hasta correr empleados por no atender instrucciones fuera de cualquier horario legal.
Una queja concreta, de otras muchas versiones que señalan a la funcionara, expone que una servidora de la nación fue despedida por no trabajar horas extra, que ni siquiera son pagadas como tales, sábados y domingos, incluso en una ocasión en que el personal fue requerido para el reparto de los acordeones diseñados para inducir la votación de juzgadores.
La denuncia formal, nos aseguran, está documentada hasta con un audio en el que Soto Aguirre -quien lleva entre sus funciones la atención a mujeres, vaya ironía- se queja ante sus colaboradoras de que no ha sentido su ayuda cuando les pide, de repente y a veces hasta de madrugada, trabajar el fin de semana.
También, dicen, se escucha reprocharles que, desde que las servidoras de la nación entraron, están estudiando y les pidió que dejaran las actividades que realizaban los sábados, para dedicarse no al 100 sino al mil por ciento a las actividades administrativas y políticas de la delegación del Bienestar.
La queja concreta de una exservidora de la nación expone que su contrato de julio no le fue renovado, después de esos reclamos por estudiar los sábados el nivel universitario.
“Su molestia fue que no me presenté el domingo 25 de mayo a trabajar en temas de acordeones de votaciones porque avisó a las 10 de la noche que ocupaba de nuestro apoyo el domingo y yo comenté que no podía”, establece el reclamo formal que, desde luego, es evidencia plena para cualquier demanda laboral.
En otra ocasión, a la una de la madrugada solicitó la funcionaria a sus colaboradores que los requería a las siete de la mañana de ese día, también en fin de semana, lo que puede ser algo imposible de realizar para, por ejemplo, una mujer madre soltera de tres hijos menores de edad que vive en casa de renta.
Una captura del chat de WhatsApp (visible en la edición digital de GPS) muestra ese exceso de la funcionaria, que rebasa cualquier límite.
Es grave que Soto Aguirre hable con tanta naturalidad de una sobre carga de trabajo enorme, de manera normalizada. Ese acoso laboral, incluye que los y las servidoras de la nación estén pendientes de los mensajes que les envía esta señora casi a las dos de la mañana para citarlos a las siete de la mañana.

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Los recientes casos de menores de edad que crecen en entornos de violencia y resultan víctimas directas, a veces fatales, han generado cuestionamientos sobre la función de la Procuraduría de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del DIF Estatal, al mando de Omar Velázquez Ortega.
El problema se ha focalizado -de acuerdo con quienes intervienen en una larga cadena de atención cada que surge algún caso de violencia- en la oficina de la subprocuradora auxiliar de Protección a los menores, Bárbara Herrera Díaz, señalada por discriminar a conveniencia los casos en los que decide intervenir.
De hecho, aseguran que la funcionaria tiene en su cuenta una queja formal por omisión en un caso de suicidio del pasado mes de mayo, en el que la víctima fue una menor de edad internada en un centro de rehabilitación de la avenida Heroico Colegio Militar.
La afectada, de 14 años de edad, estaba bajo la tutela de la Subrocuraduría de Protección a NNA, que nunca tomó las medidas adecuadas para proteger su integridad física, lo que derivó en una fatalidad.
Así, entre las diferentes instancias que intervienen a la hora en que hacen crisis casos trágicos como los vividos en Chihuahua recientemente, crecen señalamientos directos a esa oficina, cuya labor es esencial para el rescate de pequeños de los entornos violentos.

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La extrema rapidez de la Fiscalía Zona Centro para liberar al joven conductor del Mustang accidentado el domingo por la mañana, generó algunas sospechas sobre la enorme palanca que debió haber utilizado para estar en libertad en unas cuantas horas.
Nos dicen que no hay que buscarle tres pies al gato, a pesar de la muerte de una joven en el lugar y las lesiones de otras tres personas.
Parece que las pruebas de toxicología salieron negativas y la cobertura del seguro fue suficiente para garantizar la reparación de los daños, así que no había razón para privarlo de su libertad, por lo pronto.
Sin embargo, hay quienes ven un favorecimiento bastante raro por la agilidad de la autoridad mostrada en tan lamentable tragedia. Esperemos que no sean más que las especulaciones naturales cuando ocurren accidentes de este tipo, que enlutan familias y sorprenden a la sociedad en general.

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No es frecuente que trascienda lo que se trata en las reuniones de seguridad, donde participan los titulares de los cuerpos policiacos estatales y federales, con intervención clave de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, bajo la coordinación de la titular del Ejecutivo, Maru Campos.
Debemos reconocer ampliamente el trabajo de coordinación militar institucional, que se concreta esté quien esté al frente de las zonas y guarniciones militares, sin importar colores partidarios de los administradores de gobierno.
Esta vez fue informado oficialmente que el encuentro tuvo como objetivo reforzar las acciones de seguridad y prevención del delito en Juárez y otros puntos de la entidad, como el corredor Ojinaga-Aldama y Guadalupe y Calvo, donde no ha cesado la violencia.
Ayer aparecieron dos cuerpos de ejecutados en Aldama, que tienen qué ver con muchísima probabilidad con la disputa territorial de “La Línea” y “Los Cabrera”, que hasta finales de junio sumaba ya 71 víctimas mortales.
En Guadalupe y Calvo, la alcaldesa Ana Laura González Abrego, apareció con conjunto norteño de fondo, pero bajo un fuertísimo operativo de seguridad de la Guardia Nacional, con al menos dos camionetas y varios elementos corriendo, mientras ella izaba una bandera de México, con motivo de la Cabalgata Villista.
El miedo no era menos, con las incursiones y videos que ya publicamos de días pasados, de integrantes del crimen paseando libremente por dicha cabecera municipal.
El tamaño del interés en el tema, lo demostró ayer la presencia del coordinador territorial Región Noroeste de la GN, José Luis Sedano, quien seguramente no vino solo porque se le ocurrió, sino para atender personalmente todos estos temas.

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Dicen que para andar en la grilla política hay que ser como los elefantes, tener grandes las orejas y muy corta la cola. Los que entiendan, que le expliquen a Marco Quezada qué significa.
Sin memoria y sin escrúpulos, el exalcalde priísta incorporado a las filas de Morena sólo para fines de golpeteo político, se dice indignado por la aprobación en Cabildo de un fondo de recursos para apoyar a los afectados del fraccionamiento Monte Xenit, pero se le olvida que en el 2013 por las omisiones, errores y corrupción evidenciada en la organización del evento AeroShow, murieron 9 personas y más de 50 se vieron afectadas, varias de ellas de por vida, por lo que el Municipio, administración tras administración, ha tenido que solventar los gastos (más de 150 millones de pesos a la fecha) por las afectaciones que dejó.

En este lamentable caso hubo que indemnizar y destinar recursos extraordinarios, la autoridad municipal tuvo que responder, aunque Quezada entregó el encargo y quizá no se dio por enterado de cómo sus omisiones no solo enlutaron a toda la ciudad, sino también generaron una afectación a las arcas municipales.
Monte Xenit no se puede medir con la misma vara que la tragedia AeroShow, pues aquí le están apostando a la prevención de una muy posible fatalidad, y aunque de momento al parecer el Municipio tendrá que destinar recursos para no dejar solas a las familias, la desarrolladora Dexe tendrá que asumir los costos y reponer el dinero de este fondo. ‎