Tras dos días de intensas balaceras en Guadalupe y Calvo, en la misma cabecera municipal, no en algún territorio perdido en la inmensidad serrana, resulta inexplicable que no haya policías ni autoridad capaz de, cuando menos, tratar de ponerles algún freno a los grupos criminales.
Evidencia de sobra ha circulado desde el miércoles hasta todo el jueves, con videos de hombres armados muy cerca incluso de la Presidencia Municipal y el sonido de la metralla que retumba en todos los rincones de la población ubicada a 500 kilómetros de la capital.
Los testimonios de los ciudadanos son aterradores. Encerrados algunos en el Hospital General, reportaron los balazos cuando ya tenían horas y por temor prefirieron no ir a sus casas o planear la forma de salir del municipio rumbo a Parral. Así la pesadilla.
¿Cómo es posible esa situación si sabemos que hay un cuartel de la Guardia Nacional, otro de la Policía Estatal, el Ejército asentado de forma permanente en la pista de El Zorrillo y la Policía Municipal supuestamente en funciones?
No hay explicación alguna a este vacío que se presta para pensar que huyeron, junto con algunos pobladores, todas las fuerzas de seguridad del municipio y hasta que la alcaldesa, Ana Laura González Ábrego, haya optado por despachar en otra parte.

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En otro punto muy distante de la sierra, donde la dinámica criminal es diferente, aunque implica también a las organizaciones delincuenciales dominantes, hasta bombazos con drones fueron reportados, después de enfrentamientos entre “ejércitos” de más de 100 sicarios.
Esto fue en Moris la tarde del miércoles. De nueva cuenta surgieron versiones y llamadas de auxilio de los pobladores. Ayer, la Fiscalía del Estado confirmó que hubo un enfrentamiento en la cabecera municipal “entre civiles armados”, así como detonación de bombas lanzadas desde drones.
Los habitantes escucharon cinco detonaciones de bombas y una de ellas impactó en el patio de un domicilio particular a las orillas del poblado, ocasionando daños al inmueble.
De la misma forma, quedó evidenciado el pobre despliegue de las fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno.

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Fue el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el peor ejemplo de la utilidad del servicio público en la pasada contingencia por el temporal lluvioso. Fue la única dependencia que, cómodamente, al cabo que la justicia siempre puede esperar, paró labores con el pretexto del clima.
La determinación llamó la atención en Palacio de Gobierno y en todo el sector público pues, sin más, anunció vía redes sociales el miércoles pasado que las fuertes lluvias obligaban a declarar día inhábil el dos de julio, para efectos laborales y jurisdiccionales.
Dentro del TEJA le echan la pelotita al magistrado presidente, Alejandro Tavares Calderón, pero bien que tomaron el día para descansar en pleno ombligo de semana, mientras el resto de las dependencias estatales, federales y municipales seguían sus actividades que les manda la ley, igual que otros tribunales e instituciones autónomas.
En todas las ponencias y salas hubo personal sorprendido con la medida, por la gran cantidad de expedientes que son acumulados en el tribunal. Desde luego, sobraron las burlas y los comentarios sarcásticos, porque hasta los niños de kínder tuvieron sus últimos días de formación, graduaciones y demás, pero no los magistrados administrativos que cuestan más de 100 mil pesos mensuales cada uno.
A lo mejor son hidrofóbicos Tavares Calderón, Mayra Arroniz, Gregorio Morales Luévano, y los nuevos Luis Eduardo Naranjo y Priscila Soto Jiménez, pero por eso hicieron el osote de la semana ante todo el aparato público que no detuvo sus actividades, al contrario, las redobló en algunos casos.
Esto explica el embudo en que está convertido el costoso tribunal que, desde su creación, ha dado más escándalos que resoluciones y sentencias efectivas.

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No saben si por las lluvias o alguna otra causa, pero los abogados que deben visitar constantemente el Cereso de Aquiles Serdán se llevaron la sorpresa de que entre ayer y antier las instalaciones se quedaron sin agua ni luz, lo que convirtió en un hervidero de quejas la prisión estatal.
Ni el general Ricardo Fernández Acosta, jefe del Sistema Penitenciario, ni los directivos de la cárcel dieron explicaciones de lo sucedido, a pesar de que hubo reclamos hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por las condiciones que debieron aguantar los internos.
Aseguran los litigantes que las personas privadas de su libertad las mantuvieron encerradas, sin las salidas habituales de las celdas a los espacios comunes, debido a que la falta de electricidad obligó a tomar medidas de emergencia y control, incluido el sellado de las puertas metálicas de diversas áreas.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó ya casi al mediodía que en efecto hubo fallas en el suministro de electricidad por las lluvias recientes, pero la situación estaba bajo control y en proceso de reparación.

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Tal vez al Congreso del Estado le falló el sistema o alguien del Palacio de Gobierno tuvo algún olvido de esos extraños, pero resulta que la llamada Ley Beatriz no aparece en el listado de asuntos puestos a consideración de los legisladores, a pesar de que fue anunciada desde principios de semana.
La iniciativa dada a conocer por la gobernadora Maru Campos busca establecer mecanismos para el indulto de mujeres presas, especialmente indígenas, a las que no se les siguió el debido proceso o se les dictó una sentencia en condiciones cuestionables.
El planteamiento surge de una gran injusticia, el de una mujer de Guachochi llamada Beatriz, sentenciada por el homicidio de su primo en un ejercicio de legítima defensa, dado que el sujeto trató de matarla con un arma punzocortante; sin embargo, la víctima terminó siendo sentenciada, en un juicio realizado sin una adecuada defensa, sin pleno conocimiento del lenguaje de parte de la acusada y otras condiciones desventajosas para ella.
A pesar de lo favorable de la iniciativa, que va más allá de darles segundas oportunidades a mujeres en esas condiciones, no aparece el documento oficial recibido en la torre legislativa y por lo tanto nadie sabe cómo entrará a estudio en las comisiones de legisladores.
A lo mejor es mero descuido, pero son planteamientos relevantes que pueden cambiar vidas de los ciudadanos para bien, en vez de la simple politiquería que distingue a todos los partidos representados en el Congreso.

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Como dice el alcalde, Marco Bonilla, de gallo a grillo todo el personal del Municipio relacionado con limpieza y apoyos sociales, han salido desde el viernes pasado a atender la emergencia por la lluvia.
Tan solo el miércoles, cargaron 640 costales rellenos con arena, distribuidos en las colonias del norte y sur afectadas por las lluvias.
Todavía pasadas cinco de la tarde, fueron a la bodega para cargar otros 50 más, ante la solicitud de los vecinos de La Galera que sufrieron inundaciones.
El trabajo que está haciendo el Municipio habla del compromiso que el alcalde y sus colaboradores tienen con la ciudadanía.
Ayer al medio día acudieron a Praderas del Sur, donde el agua también causó estragos. Entregaron apoyos alimentarios y realizaron un censo de las afectaciones.