-El insulto de Riggs lo define a él mismo
-Cirugía mayor es lo que requieren semáforos
-La listita para el Órgano de Administración

Durante la audiencia de juicio por el caso de Luis Alejandro Delgado Zárate, el joven desaparecido y asesinado entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento hablaron con la familia de la víctima, específicamente con su papá, Marco Delgado, quien seguía el procedimiento vía remota.
Nos reportan que los jueces Ricardo Márquez Torres, Lucero Anaid Moreno Navarrete y Ricardo Cardoza Quiñones, en un intento por lavarse la cara y justificar una cuestionable decisión, y que en la Fiscalía del Estado no acaban de aceptar, hicieron insinuaciones sobre la “responsabilidad” de “El Chinito” en el asunto que terminó costándole la vida.
Fue una revictimización evidente, clara, completa, contra el joven y sus familiares, como si los juzgadores, igual que el Ministerio Público, no tuvieran obligación también de proteger a las víctimas.
Para colmo, los mismos jueces comentaron que, al margen de sus argumentos para exonerar a los dos únicos detenidos por el crimen, Diego Armando V.A y Vicente M.V., en segunda instancia seguramente habría de surgir una resolución diferente a la de ellos.
Como sabemos, el Ministerio Público presentó 17 testigos, ocho peritos y 50 documentales para ligar a los acusados con el crimen. A los imputados ya les habían quitado el delito de desaparición forzada por particulares, sin quedar claros los motivos de ello, dejándoles únicamente el de homicidio doloso.
A la vista de los juzgadores no fue suficiente el caudal probatorio para acreditar el delito de homicidio con agravante que se les imputaba y quedó la duda razonable, a su criterio, de la que se agarraron para desestimar la acusación y dictar la libertad inmediata de los “amigos” de “El Chinito”, detenidos en febrero de 2024.
Estos jueces, aunque algunos ya se vayan del Tribunal Superior de Justicia del Estado, todavía pueden ser sujetos a investigación por el Tribunal de Disciplina Judicial y recibir sanciones en caso de que encuentren faltas en su actuación.
Si jurídicamente puede considerarse válida su resolución, la revictimización que ejercieron sí es un elemento muy grave que debería ser tomado en cuenta. Es lo mínimo que puede hacer el aparato de justicia ante un crimen impune, uno más, en el que hay cero autores materiales o intelectuales procesados.

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El Tribunal Estatal Electoral (TEE) deberá alistar una nueva sentencia, tras haber exonerado de toda responsabilidad al regidor morenista Miguel Riggs en la denuncia por violencia política de género, promovida por la síndica panista, Olivia Franco.
La resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la que dimos cuenta en este espacio hace unos días, obliga a los magistrados Hugo Molina, Adela Jiménez y Roxana García, a emitir una nueva sentencia, diferente a la que habían expedido con justificaciones exageradas a favor del edil que hoy presume su morenismo, después de haber sido panista y hasta emecista.
Increíblemente, porque había audio y video, los oficiosos magistrados electorales pro4T habían liberado de problemas a Riggs Baeza, cuyas expresiones contra Franco, producto de su habitual conducta caracterizada por la falta de conexión de la lengua con el cerebro, quedaron grabadas claramente.
El edil se extralimitó con su compañera de cabildo y le impuso un calificativo que después negó, a pesar de que quedó registrado.
Pudo resolver el conflicto con una disculpa a la que estaba obligado como ser humano, como caballero, por un error, una insensatez, pero tanta humildad, suponemos, era inadmisible para el arribista morenista, que se sabía protegido por otro grupo de oportunistas de los que han secuestrado las candidaturas más jugosas de Morena.
Ahora deberá tragarse los insultos, o el insulto impublicable en concreto, que profirió contra la síndica, con la nueva sentencia.
Bien dicen que los insultos definen a quien los profiere. Eso que le dijo a Franco es, pues, la definición del edil morenista; la sentencia con ese calificativo ya impuesta por la opinión pública y ahora, obligadamente, deberá validarla el TEE que inicialmente lo protegió.

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La condición en que están los semáforos de la ciudad de Chihuahua explican por sí solos la necesidad de una urgente inversión.
Incluso, los 400 millones de pesos planteados por el recién ingresado a la chamanería, subsecretario de Movilidad, César Komaba, parecen quedarse cortos.
Como que urge una cirugía mayor, en coordinación de los tres niveles de gobierno; el estado hace su parte con las acciones paulatinas de mantenimiento y reacondicionamiento, y el municipio ya plantea un programa ambicioso dentro del subprograma de Transporte motorizado.
Están consideradas obras estratégicas y prioritarias para modernizar y sincronizar semáforos, pavimentar vialidades, aumentar la vigilancia y desplegar sistemas de control vial inteligentes.
Específicamente, está considerada la intervención en mil 299 kilómetros de vialidades pavimentadas, la reconfiguración de 113 intersecciones, la modernización de 16 corredores y la modernización de dos intersecciones.
Entre otras acciones, el fortalecimiento del transporte público, que es indispensable para alentar la reducción de automotores.
Es una solución integral, antes de que la infraestructura continúe siendo insuficiente para desahogar el crecimiento del parque vehicular que para 2040 se calcula en 940 mil unidades.

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Está circulando una hojita con escritura a mano, y con letra que bien podría ser de abogado, que anticipa la conformación del Órgano de Administración Judicial, el todopoderoso ente que decidirá los dineros en el Tribunal Superior de Justicia.
“Órgano Administrativo STPJ”, dice en la parte superior el documento que llegó a manos de GPS, con una “p” de más.
Estarían integrando el órgano –que asumirá funciones que inclusive en el pasado tenía directamente el titular del Poder Judicial- Minerva Correa, del grupo de los Gaudinis; Carlos Lascurain –al parecer impulsado desde el PAN Nacional; Karla Reyes –magistrada en funciones, muy cercana a Palacio al parecer- y la actual presidenta del TSJ, Myriam Hernández, a quien le faltan sólo dos años para alcanzar la jubilación.
Será éste órgano junto con el de Disciplina Judicial, ya conformado en las pasadas elecciones, donde estará concentrado mucho poder, dineros, ascensos y sanciones.
Deberán ponerse las pilas, con decenas de jueces y magistrados nuevos.
Más aún, cuando es mencionado como integrante del órgano de administración, el actual responsable del área, Carlos Lascurain, con todo y los cuestionamientos a su manejo de diezmos y otras linduras.
Tendrá entonces que ponerse más atención al respecto a partir del primero de septiembre próximo. A ver qué cuentas reciben.

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Nos aseguran que cientos de padres de familia están muy agradecidos con el DIF municipal y todo el gobierno municipal porque nuevamente este verano sus hijos experimentaron actividades diferentes durante las vacaciones al asistir a las veraneadas que organizaron en los centros comunitarios y en las del Desarrollo Integral de la Familia.
El alcalde, Marco Bonilla, asistió a la clausura de las actividades que se realizaron en el edificio del DIF; claro que los papás al concluir se acercaron para agradecer de manera personal.
Le manifestaron que estas actividades fueron un alivio, un auxilio muy importante para quienes no tenían dónde dejar a sus pequeños mientras trabajaban.
Sin duda los que más disfrutaron fueron los niños, porque aprendieron de ciencia, tecnología, artes como la danza entre otras cosas.
Bonilla se echó a la bolsa a todos esos papás. Suma y suma voluntades hacia lo que viene.