La semana pasada trascendió en medios de comunicación el caso del policía municipal de Juárez, detenido por su presunta participación en los terribles hechos de la masacre de la familia LeBaron, en Sonora, sin conocerse aún los detalles, por ser una investigación federal en curso, de la cual únicamente se sabe que su detención fue por una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, y ordenada por un juez federal por ese crimen.
También trascendió la manifestación que la familia LeBaron realizó este lunes al exterior de la presidencia municipal de Juárez, donde exigieron la renuncia del presidente municipal por tener entre las filas de su policía a dicha persona detenida y que estaba en activo, y quien se enlistó después de tan lamentable multihomicidio ocurrido en 2019, donde hubo niños como víctimas.
Inmediatamente después de la manifestación, Cruz Pérez Cuellar emitió una declaración echándole la culpa al gobierno del Estado, por no detectar a dicho elemento como una persona de riesgo, señalando que tenía acreditados sus exámenes de confiabilidad por las instancias estatales encargadas de hacerlo.
Después de eso se filtraron documentos a los medios de comunicación revirando la declaración del presidente municipal de Juárez, donde aparecían los resultados de dichos exámenes como no apto, tanto en la parte psicológica como en la parte de riesgo, información que ninguna estancia estatal oficial ha salido a confirmar, por tratarse de documentos confidenciales.
Por lo que independientemente de si es verdad o no que dicho elemento policiaco era una persona de riesgo y aún así traía un arma y una placa, así como uniforme de la policía municipal de Juárez (lo cual tendría que salir a aclarar la Fiscalía General del Estado de la cual dependen las instancias estatales que evalúan a los policías municipales y estatales), ya está bajo proceso penal federal, por supuesto aún no condenado (razón por la que no publicamos su nombre, por la presunción de inocencia que goza todo procesado de un delito).
Sin embargo, si se confirma que sí participó en dichos hechos y después fue contratado por la policía municipal de Juárez en la administración de Cruz Pérez Cuéllar, evidenciaría un fallo terrible y un riesgo de que existan más policías con este perfil, y que por corrupción, ya sea en la instancia municipal o estatal, dejaron y están dejando que personas de riesgo sigan portando un arma, una placa y un uniforme de policía cuando en realidad pueden ser delincuentes.
Y si me preguntan si los exámenes de confiabilidad son confiables les diría que sí lo son, sobre todo los del ámbito federal pues son aplicados por instancias y personal del centro del país, con el cual difícilmente se puede tener alguna conexión o nexo para incidir en ellos, siendo locales.
Además las pruebas aplicadas y cuestionario (tanto estatal como federal) exhiben el estilo de vida, socioeconómico, psicológico y entorno del servidor público, incluyendo sus cuentas y las del cónyuge, lo que hace complicado acreditar un modo honesto de vivir, si no se tiene, así como un perfil indeseable para un puesto de seguridad nacional o estatal.
Lo puedo confirmar pues en mi vida profesional me aplicaron dos pruebas de confiablidad estatal como servidor público de la Fiscalía General del Estado (como Ministerio Público y Coordinador de Ministerios Públicos), y dos más como servidor público federal (como subdelegado federal de Migración y Administrador Aduanal de la aduana interior de Chihuahua), aprobándolas todas sin reserva alguna, con entrevistas por psicólogos, presentación de estados de cuenta bancarios, investigación patrimonial y fama pública, así como exámenes toxicológicos y polígrafo.
Por ello puedo decir que si llegó a existir un fallo en este caso, y en todos los demás casos de servidores públicos de riesgo que andan en las calles con placa, uniforme y arma, el fallo no está en los exámenes de confiabilidad, sino en la corrupción de aquellos que permiten que un perfil no deseado ande en las calles.