-Tiene tres años sin pagar pensión a sus hijos
-Iban 19 mujeres por seis salas; 27 hombres por cinco
-El municipio en el crecimiento económico de las mujeres

Otra vez el viejo negocio Funerales Cruz aplicó la “operación buitre” con un cadáver que prácticamente secuestró para prepararlo y velarlo, por lo que de nueva cuenta fue visitado y asegurado por agentes de la Fiscalía General del Estado, tal como debieron hacerlo meses atrás.
El pasado mes de marzo, la misma funeraria y al parecer los mismos empleados “robaron” el cadáver de un hombre fallecido por enfermedad, para obligar a sus familiares a contratar sus servicios, sin vendérselos de forma adecuada y cortés, como debe ser en el delicado negocio de la muerte.
En aquella ocasión, nos reportan, los trabajadores montaron lo que algunos sinvergüenzas llaman la “operación buitre” en el gremio, consistente en aprovecharse de la vulnerabilidad en que se encuentran los familiares de un difunto en los momentos más cercanos al deceso.
Así, de un domicilio particular al que todavía ni siquiera había llegado el Ministerio Público para dar fe de la muerte de una persona, los de la funeraria cargaron con el cuerpo y se lo llevaron a sus instalaciones, supuestamente a prepararlo para su despedida.
La evidente irregularidad generó que agentes de la Policía Ministerial Investigadora y personal del Servicio Médico Forense acudieran a recuperar el cadáver por la fuerza, ante lo que, desde luego, nadie opuso resistencia en el negocio mortuorio de la Zarco y casi 46.
El colmo es que ahora la aplicaron de nuevo y, en este caso, por el cadáver de una persona fallecida no de muerte natural sino en otras condiciones, lo que ameritaba todavía más trabajo médico-legista. Así que de nuevo la Ministerial tuvo que ir tras el “robo” del cadáver, como si los agentes no tuvieran más trabajo pendiente.
En la intervención de ayer, nos dicen, fue la autoridad ministerial en modo más estricto para asegurar el negocio y prácticamente clausurarlo, en una medida que, tal vez, debió ser aplicada desde antes, dado que estos dos casos en este año son los que han trascendido a la opinión pública, pero hay otros más atribuidos al mismo negocio.
Hasta donde sabemos, estas prácticas “buitrescas” no se han generalizado como en el pasado, pero ser permisivos únicamente abona al descontrol al que tienen cierto tipo de negocios, en especial los ligados con el tratamiento de cadáveres.

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El que es considerado enemigo de todos en Aldama, incluso de sus propios hijos, es el síndico municipal, Pablo Sosa, a quien algunas voces apuntan como posible aspirante a una vinculación a proceso, por una denuncia bastante avanzada en la Fiscalía General del Estado.
Como el pueblo es chico, de boca en boca corre la versión de que Sosa tiene tres años sin cumplir con sus obligaciones de asistencia familiar, es decir, no ha pagado la pensión para la manutención de sus hijos, la millonada de seis mil pesitos al mes que le exige la justicia para los menores.
Ese asunto llevado al grado de lo penal es bastante grave y por ello apuntan que lo tiene en la mira la autoridad ministerial. Así que en una de esas, tal vez ni siquiera alcance a terminar el periodo para el que fue electo.

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En medio del pataleo de los hombres por la sacudida que dio el Tribunal Estatal Electoral a los resultados de la elección judicial, hay un razonamiento interesante en contra de la resolución que otorgó cinco magistraturas más a mujeres, el cual analizan los afectados para posibles impugnaciones.
Nomás en las salas civiles, fueron 27 hombres que contendieron por cinco salas, mientras que 19 mujeres compitieron por seis, en procesos separados para garantizar la integración paritaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En el caso de las penales la proporción fue similar a las civiles, más hombres que mujeres, aunque aquí el reparto era de siete espacios para cada género; y en las familiares eran menos espacios y más cortas las listas, casi parejas, de aspirantes a magistrados y a magistradas.
El tema, pues, es que el resultado original de la elección -antes del golpe seco a los ganadores Roberto Fuentes, Saúl Rodríguez Camacho, Héctor Villasana, Javier Torres y Jesús Flores Carrete- tenía sentido en materia de paridad de género e incluso en casi todos los casos representó mayor competencia para los candidatos hombres.
Sin embargo, criterios establecidos desde nivel federal aplicados por el TEE fueron los que favorecieron a las candidatas mujeres -las que inicialmente no habían ganado: Elvia Mariela Salvador, Adriana Salcido, Sara Muñoz, Laura Guadalupe Ocón y Yasel Villanueva-, quienes sacaron más votos que los candidatos hombres, aunque no competían en los mismos listados.
Así, jurídicamente y sin contar el factor político que puede haber en el patadón dado a los hombres, el asunto se torna muy interesante para los expertos en la materia electoral. A ver cómo les va a los que se animen a impugnar la sentencia.

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El gobierno municipal ha mostrado especial interés en el crecimiento económico de las mujeres, sobre todo de quienes están encargadas en sostener a sus familias.
En ese sentido, la firma del convenio entre el Instituto Municipal de las Mujeres con la asociación “Somos A.C”, refuerza ese interés del alcalde, Marco Bonilla, de acompañar, formar y apoyar a que más mujeres hagan realidad su idea de negocio.
Esa firma, ocurrida ayer, llega en un momento donde es de suma importancia fortalecer a los pequeños negocios, sobre todo porque a nivel nacional existe una gran incertidumbre económica.
Hay zozobra por los malos manejos de las finanzas públicas y los conflictos constantes entre el gobierno federal con el de Estados Unidos al respecto.
Debe resaltarse que, a diferencia de otros programas federales, donde existen muchas trabas, en el programa municipal llamado “Escala”, basta con ser mayor de 18 años, residente de esta ciudad , contar con un pequeño negocio formal o informal; y sobre todo, la disponibilidad de tiempo para cumplir el programa de cuatro meses, algo que sin duda cualquier mujer con deseos de crecer se puede dar ese tiempo.