La cruzada migratoria de Donald Trump ha entrado en una fase que ya no se limita a muros ni redadas. En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado citaciones a empresas tecnológicas como Google y Meta para obtener datos de usuarios que critican o monitorean al ICE. El argumento oficial es la protección de los agentes en campo. El efecto real parece otro: ampliar el radio de vigilancia hacia la disidencia digital.
La política migratoria fue una de sus principales banderas de campaña. Prometió control, firmeza y orden. Sin embargo, la estrategia actual trasciende la persecución de personas en situación irregular y alcanza a ciudadanos estadounidenses que ejercen su derecho a cuestionar al poder. La frontera ya no es solo geográfica; ahora se desplaza al terreno de las redes sociales.
¿Puede una democracia sólida permitir que una agencia federal recopile datos de críticos bajo la figura de citaciones administrativas? ¿Dónde queda la protección de la privacidad cuando el Estado solicita nombres, correos y números telefónicos de cuentas incómodas? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando opinar puede derivar en ser identificado por el aparato de seguridad?
La historia muestra que los gobiernos que expanden la vigilancia interna en nombre de la seguridad suelen normalizar prácticas que erosionan libertades. La migración sigue siendo un tema complejo y legítimo de debate público. Lo que hoy se discute no es solo el control fronterizo, sino los límites del poder estatal frente a la crítica y el derecho ciudadano a observar, documentar y disentir.
