Polymershapes alista inversión en Chihuahua
Pleito de tribunales, hasta la Suprema Corte
No estuvo Mayra Chávez ayer en Palacio

Los ecos de la masacre de seis personas en la cabecera municipal de Gran Morelos, del 15 de septiembre del año pasado, pueden escucharse hasta la actualidad por una región que incluye Santa Isabel, Cuauhtémoc, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Nonoava y otros puntos.
Desde el hecho que cristalizó una fractura del grupo criminal conocido como “Gente Nueva de El Tigre” o “Los Tigres”, los especialistas del ramo de la seguridad y la inteligencia han ubicado al menos unas 70 ejecuciones ligadas a lo ocurrido en el pueblo también conocido por su nombre religioso, San Nicolás de Carretas.
En aquella ocasión, la matanza alcanzó a dos hijos del exalcalde priista, Gilberto Gutiérrez Montes, lo que evidenció relaciones políticas regionales del crimen organizado, que hasta la fecha deben mantenerse así, municipio por municipio. Intocadas e intocables las redes de la narcopolítica.
Entre los últimos hechos, la guerra interna del cártel alcanzó la semana pasada a tres hombres asesinados a golpes, cuyos cadáveres fueron abandonados en despoblado, pero cerca de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, a la altura de la localidad de Barraganes.
Dos de las víctimas habían sido levantadas en la localidad de Santa Ana, municipio de San Francisco de Borja, y uno más, Humberto Loya Mendoza, desapareció de la cabecera municipal de Belisario Domínguez; éste último había sido funcionario en administraciones pasadas y hasta lideró hace muchos años, en San Lorenzo, la fallida Unión Ganadera División del Norte, aquel membrete creado por el exgobernador, César Duarte.
Pero estos son sólo los casos más recientes. Desde aquel detonante de septiembre, son decenas los cadáveres que se han encontrado con signos de tortura, quemaduras y marcas de las iniciales del grupo en la carretera, lo que refleja un ajuste de cuentas interno.
El grupo criminal ha tenido una presencia permanente en la zona occidente del estado. La división interna ha generado que la violencia se intensifique en la región, muy por encima de los promedios de homicidios ordinarios, que se mantienen sin freno alguno.
Lo más grave es que en esas localidades van al alza las denuncias de la población que observa temerosa cómo crece la presencia de los delincuentes en las calles, sin que nadie sea capaz de contenerlos. Los reportes de hombres armados en vehículos robados, que amenazan e incluso comienzan a extorsionar a los comerciantes locales, van al alza.
Ninguna autoridad parece darse cuenta de ello.

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La empresa Polymershapes, líder en la distribución de plásticos de ingeniería y alto rendimiento a nivel nacional e internacional, prepara un anuncio de inversión en Chihuahua, donde ya tiene presencia con una planta, pero mantiene agresivos planes de expansión.
Para finales de marzo, según los enterados del mundo empresarial, sería público el anuncio de inversión de varios millones de dólares, orientada a fortalecer su infraestructura operativa, aumentar la capacidad de almacenamiento y agilizar los tiempos de entrega para los clientes de la región.
La empresa tiene varios años a la cabeza del sector de suministro de materiales plásticos de alta calidad a industrias clave como la manufactura, minería, construcción y publicidad gráfica en todo el norte de México; en Chihuahua, tiene el foco en el ramo aeroespacial, con lo que sería una inversión estratégica que subrayaría el compromiso a largo plazo de Polymershapes con el mercado mexicano.
Aunque no ha sido posible clarificar el monto de la inversión valuada en dólares, una mayor presencia en la capital estaría orientada a generar empleos locales de mayor calidad y responder a la creciente demanda industrial mediante una capacidad ampliada y modernizadas, de acuerdo a los datos que ha adelantado Randall Giles, director regional para Latinoamérica de Polymershapes.
Sin duda es una buena noticia, en medio de una economía regional compleja, muy comprometida y con alto grado de incertidumbre por las políticas comerciales, la irrupción de la IA en actividades prácticas y las condiciones cambiantes del mundo actual.

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El reconfigurado Poder Judicial -representado por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Marcela Herrera, y la cuasi magistrada titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Karla Reyes- irá a la controversia constitucional contra el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Así es, los dos tribunales estatales cuya utilidad real permanentemente es puesta en duda, deberán enfrentarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el pleno de los magistrados del TSJE, al menos su mayoría, considera que el TEJA se extralimitó en sus funciones al revocar un acuerdo de agosto de 2024, mediante el cual se había desechado una demanda administrativa interna.
Dentro de los tribunales aseguran que el asunto tiene que ver con una decisión administrativa del extinto Consejo de la Judicatura del Estado, sustituido con el OAJ, en el marco de una contratación de un servicio a favor de determinada empresa tecnológica.
No ha quedado del todo claro qué es lo turbio del contrato, pero sí que el pleno del TSJE determinó como invasiva la actuación del TEJA, al recibir una demanda sobre un asuno desechado y ordenarle al autónomo Poder Judicial que revise su resolución. De ahí que vaya a buscar el arbitraje del máximo tribunal del país.

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Nos enteramos que ayer los transportistas que operan el sistema de transporte público, sostuvieron una reunión en la Comandancia Norte, con el jefe de la Policía Municipal, Julio César Salas, para escuchar de viva voz la problemática que enfrentan en ciertas zonas del sur conflictivas y atender de inmediato el problema.
El mismo alcalde, Marco Bonilla, aseguró estar abiertos al diálogo, coordinarse y trabajar en equipo para reforzar el acompañamiento en las rutas que las dos asociaciones brindan en servicio a las familias chihuahuenses, pidan el apoyo.
Lejos de negar un foco rojo, se ve que al Municipio y la DSPM le preocupa y se ocupa en escuchar a los afectados.
Antes pusieron también atención a los encargados de las tiendas Oxxo, blanco hace cinco años de asaltantes, problema que se resolvió con la conexión de cámaras a la PECCU y operativos en tierra que dieron como resultado la captura de varios asaltantes.

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El despido de Marx Arriaga como Director General de Materiales Educativos de la SEP ha traído a colación el verdadero debate de fondo:
Es el contenido de los libros de texto gratuito. Le han dado la razón a Maru Campos como la primera gobernadora en oponerse a su distribución en las primarias de Chihuahua y en interponer una controversia constitucional.
El 11 de agosto de 2023, la Consejería Jurídica del Estado confirmó que la máxima autoridad judicial le concedió al Estado de Chihuahua la suspensión en la entrega de los materiales escolares a cargo de la Comisión Nacional de Texto Gratuitos (Conaliteg).
La gobernadora ordenó a la Secretaría de Educación y Deporte detener la distribución del material bibliográfico para el ciclo escolar 2023-2024 tras considerar que los libros estaban totalmente ideologizados y minaban la libertad de los padres de familia sobre la educación de sus hijos. Aparte de los errores y omisiones en los contenidos.
Como alternativa, pidió a la ciudadanía donar libros de años anteriores.
Esto motivó la furia y las descalificaciones del presidente López Obrador.
Se le sumaron el delegado de los Programas del Bienestar, Juan Carlos Loera, por el “secuestro” de los libros, lo mismo que la entonces diputada federal Andrea Chávez.
A esas declaraciones siguieron manifestaciones y protestas promovidas por Morena con maestros sindicalizados y jubilados, principalmente afuera de Palacio de Gobierno.
Maru dejó una lección de la resistencia de Chihuahua contra el autoritarismo populista, aunque ni por asomo se incluya en las materias sobre historia regional, ni mucho menos lo comenten en Palacio Nacional.

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Fue notoria ayer la ausencia de la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, en la reunión de Mesa de Seguridad que encabezó en Palacio de Gobierno la gobernadora, Maru Campos.
Hasta ayer, traía Mayra 100 por ciento de asistencia. Parece que algo no cuadró a la funcionaria federal y a su jefa, Ariadna Montiel, en el formato para el encuentro del llamado precisamente Mesa de Seguridad cuando debe ser denominado Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
La diferencia es que, en la primera, solo expondría el Secretario de Seguridad, Gilberto Loya, para desglosar estadísticas en resultados policiacos, pero en la segunda se complementaría con datos del Bienestar para la enumeración de medidas preventivas.
El segundo aspecto no estuvo contemplado en la orden del día y quizá por ello prefirió no asistir Mayra aunque sí la infaltable representación militar, de Gobernación federal (Fernando Ávila); y hasta el nuevo delegado de la Fiscalía General de la República, Vitorino Porcayo, quien por cierto fue recibido aún con el presentador de su antecesor, Ramón Badillo, ahora retozando feliz en las suculentas praderas de Coahuila.