Una jueza federal en Los Ángeles emitió una orden temporal que prohíbe a las autoridades migratorias de EU detener a personas para interrogarlas sin motivo, la última consecuencia de la controvertida represión de la Administración Trump contra los migrantes en California y a lo largo del país.

La jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong -designada por el ex Presidente Joe Biden- solicitó una orden de restricción temporal, lo que intensificó otro enfrentamiento legal entre grupos de defensa de los derechos de los migrantes y el Gobierno del Presidente Donald Trump.

La jueza prohibió a los agentes en el área de Los Ángeles detener e interrogar a individuos sin una sospecha razonable de que están en EU ilegalmente. La orden prohíbe a los agentes basar su sospecha en la raza, etnia, habla del idioma español, habla del idioma inglés con un acento, tipo de trabajo que hacen o dónde están localizados.

Los grupos de defensa argumentaron que los agentes federales "deben de tener una base objetiva y particular" para creer que una persona está ilegalmente en Estados Unidos antes de que puedan detenerla e interrogarla. Hacer lo contrario, agregaron, constituye perfilado racial ilegal. También pidieron a la jueza ordenar que cualquier persona detenida pueda tener acceso a un abogado.

Entre los demandantes hay tres migrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue arrestado a pesar de mostrar su identificación a los agentes.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, dijo en un correo electrónico que "cualquier afirmación de que los agentes se han 'enfocado' en individuos debido a su color de piel es repugnante y categóricamente falsa".

"Las operaciones policiales son altamente específicas, y los agentes hacen su debida diligencia antes de realizar arrestos".

Frimpong emitió las órdenes un día después de una audiencia durante la cual los grupos activistas argumentaron que el Gobierno estaba violando las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución.

Los migrantes y las comunidades latinas en todo el sur de California han estado en vilo durante semanas desde que el Gobierno de Trump intensificó los arrestos en autolavados, estacionamientos de Home Depot, tribunales de inmigración y otros negocios. Decenas de miles de personas han participado en manifestaciones en la región por las redadas y por el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina.

La orden también se aplica al condado de Ventura, donde decenas de trabajadores fueron detenidos en una granja ayer, lo que llevó a enfrentamientos con manifestantes y múltiples lesionados.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles, la reciente ofensiva migratoria ha sido impulsada por una "cuota de arrestos arbitraria" y basada en "amplios estereotipos basados en raza o etnia".

Al detener a los tres jornaleros que son demandantes, lo único que los agentes de inmigración sabían sobre ellos es que eran latinos y vestían ropa de trabajo, según la demanda. Agrega que se han hecho redadas en mercados de pulgas y tiendas Home Depot donde testigos señalan que los agentes federales agarraron a cualquiera que "pareciera hispano".

El abogado de la ACLU Mohammad Tajsar dijo que Brian Gavidia, uno de los ciudadanos estadounidenses que fue detenido, fue "agredido físicamente... por ninguna otra razón que ser latino y trabajar en un taller de remolque en una zona predominantemente latinoamericana".

Tajsar preguntó por qué los agentes de inmigración arrestaron a todos en un lavado de autos excepto a dos trabajadores blancos -según una declaración de un trabajador del autolavado- si la raza no era un factor.

Representando al Gobierno, el abogado Sean Skedzielewski dijo que no había evidencia de que los agentes federales de inmigración consideraran la raza en sus arrestos, y que sólo consideraron la apariencia como parte de la "totalidad de las circunstancias", incluyendo vigilancia previa e interacciones con personas en el campo.

"El Departamento de Seguridad Nacional tiene políticas y capacitación para garantizar el cumplimiento de la Cuarta Enmienda", alegó Skedzielewski.

Abogados del Centro de Derecho de Defensores de Inmigrantes y otros grupos dicen que también se les ha negado el acceso a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de Los Ángeles conocida como "B-18" en varias ocasiones desde junio, según documentos judiciales.

El abogado Mark Rosenbaum expuso que en un incidente el 7 de junio, los abogados "intentaron gritar derechos básicos" a las personas detenidas por agentes de inmigración en el centro de Los Ángeles que eran transportadas en autobús, y que entonces los conductores del Gobierno tocaron sus bocinas para acallarlos y se lanzaron sustancias químicas similares al gas lacrimógeno.

Al respecto, Skedzielewski afirmó que el acceso se restringió para "proteger a los empleados y a los detenidos" ante las protestas violentas pero aseveró que ha sido restaurado.

Rosenbaum indicó que a los abogados se les negó el acceso incluso en días sin manifestaciones cercanas, y que a las personas detenidas tampoco se les da suficiente acceso a teléfonos ni se les informa que hay abogados disponibles para ellos.

Añadió que la cárcel donde están los migrantes carece de alimentos y camas adecuadas, lo que calificó de "coercitivo" para que las personas firmen documentos para acordar salir del país antes de consultar a un abogado.

Fiscales generales de 18 estados demócratas también presentaron informes en apoyo de las órdenes.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ya tenían prohibido realizar arrestos sin orden judicial en una gran franja del este de California después de que un juez federal emitiera un mandamiento preliminar en abril.