¿Panistas apoyarán a Santiago o se rendirán a Morena?

Dicen que Bonilla ni se enteró del golpe al amigo

Premio al crucista Yamil y castigo a la magistrada incómoda

La detención del exfiscal César Jáuregui, un hecho insólito en Chihuahua, tuvo una repercusión masiva: obligó a la gobernadora Maru Campos a hacer respetar su autoridad; exhibió la vulnerabilidad de un posible candidato a alcalde que hasta hace poco formaba parte del círculo más alto del poder; sacudió la sucesión en la capital, puso a prueba la cohesión del PAN y colocó a su candidato a gobernador, Marco Bonilla, en una posición incómoda y riesgosa.

La mañana del sábado, agentes estatales lo interceptaron sobre la avenida La Cantera, cuando se dirigía a una oficina de San Felipe donde solía reunirse con su equipo.

Jurídicamente, la orden de aprehensión había sido librada un día antes por el juez Luis Alberto Simental Ortega, por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con el operativo de abril en el municipio de Morelos, donde intervinieron indebidamente agentes de Estados Unidos.

El hecho coronó una intensa semana política que comenzó con una rebelión en el Comité Municipal del PAN en Chihuahua, a favor de Jáuregui y contra la imposición de un candidato. El contrincante no oficial por la Alcaldía acabó en el terreno más delicado, el judicial, donde se ejecutan venganzas de la clase política para darles cierto matiz de justicia.

Ahora enfrenta un procedimiento estatal y, de acuerdo con lo informado esa misma noche por la fiscal federal Ernestina Godoy, también le fue cumplimentada una orden de aprehensión por traición a la patria, acusación todavía más grave que la estatal.

Ahí está el tamaño del golpe contra un peso completo panista: primero la Fiscalía estatal, que fue su casa, y después la autoridad federal.

Si Jáuregui logra zafarse sin declinar a sus aspiraciones, sería un acto heroico, épico; pero parece imposible ante la evidencia de que las causas en su contra son nuevas prioridades nacionales y estatales.

¿Fue el uno-dos de la FGE y la FGR una acción coordinada? Si alguien se benefició de la detención, ¿con qué fin pusieron en charola de plata la cabeza de Jáuregui Moreno? ¿Se adelantó la FGE a la FGR para restarle banderas justicieras a Morena y, al mismo tiempo, desechar al exfiscal, ya inútil para la causa panista?

¿Y el exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, Arturo Zuany Portillo, también con orden de aprehensión, es más vivillo para esconderse de sus antiguas tropas ministeriales o ni siquiera lo buscan, porque con la cabeza de Jáuregui basta para calmar los ánimos políticos?

***

Con la detención, el camino quedó casi despejado para el secretario de Gobierno, si el PAN acepta dócilmente ese destino marcado por una decisión jurídica indudablemente influida por el poder político estatal y federal.

Es una ventaja para De la Peña, aunque no demuestra por sí misma una operación concertada para favorecerlo, a la luz de los hechos de abril que exhibieron maniobras indebidas desde la Fiscalía en el desmantelamiento del narcolaboratorio.

Los panistas quedan entre alinearse con Santiago, rebelarse hasta donde tope con Jáuregui, optar por una tercera vía o rendirse ante Morena al llegar divididos a la contienda: quizá no pierdan la capital, pero podrían ganarla con un margen reducido.

¿Se alinearán con la opción que parece tener el respaldo de Palacio de Gobierno? La movilización de simpatizantes de Jáuregui afuera del Tribunal Superior de Justicia, con consignas de apoyo al exfiscal y reclamos directos a Maru, mostró que el asunto escala dentro del PAN. Habrá que ver de qué madera están hechos Luis Villegas Montes, Guillermo Luján Peña y los regidores Isaac Díaz y Félix Martínez, los panistas de peso que respaldaron sin cortapisas al detenido.

Qué escenario para 2027: el PAN llega con un aspirante a alcalde bajo procesos judiciales estatales y federales, militantes resentidos, grupos enfrentados y una campaña estatal con media fuerza mirando a Bonilla y la otra mitad hacia otro lado.

***

Circula entre panistas la versión de que el virtual candidato a gobernador, Marco Bonilla, ni siquiera se enteró del golpe a su amigo por canales oficiales, ni antes ni inmediatamente después. Eso contraviene la lógica del poder: en teoría, ya debería tener algunos hilos de lo que ocurre en el estado.

Si supo o no, y cómo se enteró, debe ser tema de análisis en su campaña y en las oficinas que lo conectan con el poder estatal al que pretende acceder plenamente en 2027, si Acción Nacional no termina dinamitado desde dentro, para beneplácito de Morena y la 4T.

Bonilla mostró cautela política y jurídica, pero también quedó en una posición incómoda. Algún conocimiento previo, lógico y obligado, le habría ayudado a no parecer distante del acontecer político estatal, sobre todo cuando se trata de su partido.

Respaldar sin matices al exfiscal podría comprometer al candidato ante una investigación que involucra a autoridades estatales y agentes de una agencia de inteligencia extranjera. Guardar silencio, en cambio, puede alimentar la percepción de que hay panistas desechables y contradicciones albiazules tolerables.

***

Eso sí, Bonilla no ha perdido un día desde que tomó protesta en Juárez como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad.

Comenzaron las reuniones con la estructura panista, que ya calentaba motores para organizar foros de escucha sobre las problemáticas regionales. El primero se realizó el sábado en Nuevo Casas Grandes.

Lo interesante es quién los organiza y convoca: no el partido ni una instancia gubernamental, sino la sociedad civil, con empresarios, académicos, comerciantes, asociaciones y jóvenes.

En la zona noroeste, la invitación corrió a cargo del Grupo Empresarial del Noroeste, con una respuesta muy positiva y propositiva.

***

El enroque entre las salas civiles de Chihuahua y Ciudad Juárez dejó un mensaje imposible de ignorar: el magistrado crucista Yamil Athié Gómez consiguió atornillarse en la capital, mientras la magistrada incómoda, Diana Margarita Félix Sierra, fue enviada a la frontera, después de votar contra la mudanza de las salas de Parral.

El Órgano de Administración Judicial oficializó el movimiento por mayoría. La magistrada Adriana Salcido Burrola regresará de Juárez a Chihuahua tras presentar una solicitud por motivos personales y familiares; Yamil Athié ocupará la sala que deja Félix Sierra, quien pasará a la Tercera Sala Regional Civil fronteriza.

La explicación administrativa es insuficiente, pero en los pasillos judiciales las razones parecen claras: el traslado de Félix Sierra sería un castigo por cuestionar la centralización en Chihuahua de las salas que operaban en Parral. Además, es esposa del exmagistrado Luis Villegas Montes, promotor de Jáuregui y crítico ácido de la nomenclatura panista estatal.

Yamil Athié es la otra cara de la moneda. Primero consiguió, junto con la magistrada María Elizabeth Macías, que las salas regionales que encabezaban en Parral fueran trasladadas a Chihuahua; ahora, con el reacomodo, queda al frente de la Octava Sala de lo Civil.

Athié aparece en el mapa político estatal porque sería el próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia, al terminar los dos años de gestión de Marcela Herrera. Además, es considerado cercano al alcalde juarense con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, virtual candidato a gobernador de Morena.

Las lecturas en el Poder Judicial van más allá del organigrama y los nuevos códigos postales de las salas de Yamil y Diana Margarita. ¿De qué otra forma pueden entenderse el garrotazo a alguien del equipo del defenestrado César Jáuregui y la zanahoria para un esperanzado crucista?