En la discusión pública sobre seguridad, es común que temas complejos se simplifiquen hasta el punto de distorsionar la realidad. Uno de los ejemplos más recientes es el debate en torno al modelo de patrullas: cuánto cuestan, si es mejor comprarlas o arrendarlas, y qué esquema resulta más conveniente. El problema no es que exista debate —eso es sano y necesario—, sino que, con frecuencia, se construye a partir de comparaciones incompletas.

En seguridad pública, el análisis no puede reducirse al costo de adquisición de un vehículo. Hacerlo implica ignorar variables fundamentales como el equipamiento, el mantenimiento, la operación, la vida útil y, sobre todo, la disponibilidad real de las unidades.

Una patrulla básica puede entenderse, de manera simplificada, como un vehículo. Sin embargo, esa visión es incompleta. Para que una unidad sea verdaderamente funcional, requiere equipamiento especializado: sistemas de videovigilancia, conectividad permanente, herramientas tácticas, soporte tecnológico y capacidades de monitoreo en tiempo real. Es decir, una patrulla no es únicamente el vehículo que se ve en la calle, sino una plataforma integral de seguridad diseñada para operar con eficacia.

Pero hay algo más que suele pasarse por alto: el costo de mantener esa patrulla en operación. Servicios en agencia, cambios constantes de llantas, acumuladores, reparaciones y desgaste por el uso diario. Es decir, no solo se trata de adquirir y equipar la unidad, sino de sostenerla en condiciones óptimas durante años.

Este punto introduce un concepto indispensable en la gestión pública moderna: el costo total del ciclo de vida. No se trata de cuánto cuesta comprar, sino de cuánto cuesta operar de manera eficiente y sostenida.

Desde esta lógica, la Ciudad de Chihuahua ha optado por un modelo distinto: uno que integra no solo el vehículo y su equipamiento, sino también mantenimiento integral, seguro de cobertura amplia, reparaciones mayores, reposición de refacciones y, sobre todo, sustitución inmediata de unidades fuera de servicio.

A primera vista, este modelo puede parecer más costoso. Sin embargo, esa lectura omite un factor determinante: la disponibilidad operativa permanente.

En seguridad, el costo de una patrulla no puede medirse únicamente en términos financieros, sino en función de su capacidad de estar en la calle. Una unidad detenida en un taller no previene delitos, no responde emergencias y no genera presencia disuasiva.

El modelo adoptado en Chihuahua elimina, en la práctica, los tiempos muertos. Si una patrulla presenta fallas, es sustituida de inmediato. Esto no es un supuesto teórico: a la fecha, ya se han reemplazado 3 unidades dañadas en servicio sin costo adicional para el municipio, y en 156 ocasiones hemos utilizado alguna unidad sustituta.

Este es el punto central que suele omitirse: el costo de la indisponibilidad.

Cada patrulla que no está en la calle reduce la cobertura policial, incrementa la vulnerabilidad territorial y abre espacios para la actividad delictiva. Por el contrario, la presencia constante genera un efecto disuasivo inmediato.

Por eso, el modelo no debe evaluarse únicamente en términos de cuánto cuesta, sino de qué garantiza. En Chihuahua, lo que se garantiza es que la policía esté presente las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este enfoque no es aislado. Ha sido utilizado por la Guardia Nacional —que ha arrendado más de 1,500 patrullas—, por gobiernos estatales y por grandes ciudades del país, incluida la Ciudad de México entre 2019 y 2024. Se trata de un modelo probado, alineado con prácticas contemporáneas de gestión de servicios públicos.

Sin embargo, más allá del diseño del modelo, la evaluación más relevante es la de resultados.

Desde 2022, cuando comenzaron a operar las primeras unidades bajo este esquema, hasta enero de 2026, los delitos graves en la Ciudad de Chihuahua —incluyendo homicidio, robo a casa habitación, a negocio y de vehículo— han disminuido en un 57%. Se trata de cifras verificables, provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Observatorio Ciudadano de FICOSEC.

Si se observa únicamente el último año, la tendencia se mantiene: una reducción del 41% en delitos graves en la Ciudad de Chihuahua, frente a otras localidades del estado que presentaron una disminución marginal. Por ejemplo, Ciudad Juárez, cuya reducción fue de apenas 8% en delitos graves durante el mismo periodo.

La diferencia no es menor. Y difícilmente puede atribuirse al azar.

Refleja, en cambio, una combinación de factores: inversión sostenida, fortalecimiento institucional, uso de tecnología, coordinación con el Estado y, de manera relevante, un modelo operativo que prioriza la presencia efectiva en territorio.

En este contexto, resulta relevante elevar la calidad del debate.

Cuestionar decisiones de política pública es legítimo. Pero hacerlo a partir de comparaciones parciales o sin considerar el impacto real puede llevar a diagnósticos equivocados.

En seguridad pública, elegir lo más barato no necesariamente es lo más eficiente. De hecho, puede resultar más costoso en términos sociales: más delitos, mayor percepción de inseguridad, afectaciones económicas y debilitamiento institucional.

La pregunta correcta no es cuánto cuesta una patrulla en papel, sino cuánto contribuye a reducir la violencia en la realidad.

En Chihuahua, la respuesta está respaldada por datos.

Esto no significa que el modelo sea perfecto ni definitivo. Toda política pública debe evaluarse y ajustarse. Pero esa evaluación debe hacerse con base en evidencia completa y resultados medibles, no en percepciones o simplificaciones.

Al final, la seguridad no se construye desde la retórica ni desde el escritorio. Se construye en la calle, con presencia, con capacidad de respuesta y con decisiones que, aunque complejas, se sostienen en el tiempo.

Ese es el criterio que ha guiado la estrategia en Chihuahua.

Y es, también, el que explica por qué hoy los resultados son tan distintos.