El Chevrolet Malibu abandonado desde 2017 en uno de los depósitos vehiculares del C-4 cuenta una historia trágica que involucra a una red de la narcopolítica chihuahuense que, a pesar de haber sido conocida y ampliamente documentada, ha permanecido sin ser tocada.

En 2016, la víctima de los sicarios que viajaron en ese carro denunció cómo en municipios de Chihuahua el PRI pactaba con familias criminales para entregar candidaturas a alcaldías y negociaba hasta puestos de cada administración, a cambio de dinero, votos y respaldo. Respaldo a sangre y fuego, de ser necesario.

Le alentaba con datos para esas denuncias el que sería candidato a gobernador por el PAN, Javier Corral Jurado, hoy senador protegido de Morena.

A espaldas de la víctima -a la que usaba para exhibir a las mafias priistas- pactaba, a la vez, también con criminales para entregar alcaldías o posiciones municipales, de seguridad, tesorería y hasta de obras públicas, a cambio de dinero para su campaña.

Corral Jurado supo después de amenazas contra ese instrumento que utilizó para llegar al poder y desentenderse de sus obligaciones específicas en materia de seguridad, como esa de garantizar la integridad de quien era su amiga y le avisó de las amenazas que le llegaban, trianguladas desde la dirigencia del PAN, el partido que cometió su peor error histórico al postularlo como candidato a gobernador.

Sí, el carro gris es en el que llegaron los asesinos a la casa de la periodista Miroslava Breach hace nueve años antes de las siete de la mañana, para dispararle en ocho ocasiones y dejar sembrada una cartulina con pistas falsas, con las que trataron de desviar la atención hacia otro grupo criminal.

El abandono del vehículo refleja con claridad la situación actual de la investigación de la que forma parte ese Malibu gris de modelo 2009, registrado como propiedad de un hermano del chofer que llevó al sicario que mataría a la periodista.

Es el retrato de una investigación congelada, atascada en lo superficial, también abandonada luego de una impúdica manipulación por la Fiscalía General del Estado en tiempos de Corral, quien terminó por entregar la carpeta a la Fiscalía General de la República, la única que dio unos cuantos resultados antes de caer en el letargo.

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Cada 23 de marzo, Chihuahua repite el mismo ritual de recordar a Miroslava Breach con actividades sociales, conversatorios y testimonios, algunos incluso organizados por el poder o por quienes han tomado su figura como rehén y, al mismo tiempo, constatan que su asesinato sigue siendo una herida abierta, producto de una impunidad políticamente administrada.

Nueve años después hay sentencias, nombres, expedientes voluminosos y una verdad judicial que parece cerrada. Pero no hay justicia completa y, mucho menos, hay una verdad total que le haga justicia a secas y sin concesiones.

Así como el auto de los sicarios retrata el abandono de la investigación, el homicidio de Breach Velducea es el retrato más nítido de cómo la narcopolítica opera, se protege y sobrevive.

La Fiscalía del Estado, en un primer momento, y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en el siguiente periodo, construyeron la versión de que un grupo criminal, Los Salazar, de Chínipas, ordenó y ejecutó el crimen.

Hay un operador, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, condenado a 50 años de prisión; hay un facilitador político, Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, sentenciado a ocho años, y también hay un sicario muerto, Ramón Andrés Zavala Corral.

Los expedientes consignan además dos prófugos: Crispín “Tío Pin” Salazar y su ahijado, Wilbert Jasiel Vega Villa, presunto conductor del carro empolvado en el C-4, posiblemente también asesinado, de acuerdo a varias versiones que apuntan a ello, porque el grupo delincuencial no quiso dejar más cabos sueltos.

Caso resuelto, para qué buscarle más.

Pero esa visión oficial, aunque judicialmente válida, es incompleta, porque toca la superficie del crimen, pero evita cuidadosamente su profundidad.

Miroslava fue asesinada por lo que escribía, por exhibir la infiltración del crimen organizado en la política local, por documentar cómo candidatos eran impuestos desde la sierra por grupos criminales y porque quien la utilizó también la traicionó, luego de encumbrarse en el Gobierno del Estado.

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¿Quién permitió que esto ocurriera y quién se benefició de todo lo posterior? El primer encubrimiento fue el caos con el que se estrenó la administración de Corral Jurado. Eso le dio a la investigación estatal un inicio no sólo torpe sino también sospechoso.

Esto fue lo que marcó a la Fiscalía estatal: horas imprecisas, escena contaminada, líneas de investigación sembradas con distractores y funcionarios -como el mismo gobernador y el entonces fiscal, César Augusto Peniche- a la cabeza de cateos irregulares, sin facultades para hacerlos, pero orientados a asegurar evidencia que revelaría cómo fue planeado el asesinato y quiénes lo facilitaron.

No era un caso cualquiera sino el asesinato de una periodista reconocida y, para su mala fortuna, muy cercana a Corral. Una periodista que había tocado intereses políticos y criminales. Y aun así, la investigación comenzó como si alguien tuviera prisa por desordenarla.

Cuando la Federación atrajo el caso, lo recompuso técnicamente. Construyó una teoría sólida, consiguió sentencias, pero también delimitó el alcance del crimen.

Obtuvo castigo a los ejecutores y procesó a un facilitador político, el mismo que juntaba la "coperacha" serrana para la campaña de Corral Jurado.
A la vez, protegió, vía criterios de oportunidad, a actores políticos que tuvieron contacto directo con la víctima y con la información sensible que la puso en riesgo, como el dirigente interino del PAN Estatal en aquel momento, José Luévano, y el vocero albiazul, Alfredo Piñera.

En este punto, donde el caso deja de ser puramente judicial, no hay diferencia alguna entre la lista de “Los Salazar”: “Tío Pin”, “El Larry”, Wilbert Jasiel y Ramón Andrés; y la lista de los políticos involucrados: Corral, Schultz, Luévano y Piñera. Ambos grupos en su orden jerárquico.

Los testimonios, los que sirvieron para exculpar a unos y condenar a otros, son los mismos que nunca se exploraron a fondo para escalar responsabilidades.

Porque no es tan sencillo como decir que Miroslava investigaba narcos aislados. Lo que investigaba eran vínculos, redes, acuerdos, complicidades, en los que la política y el poder público, que condujeron las investigaciones y eran parte medular del problema.

La versión documentada, y nunca plenamente desmentida, es que había conocimiento de amenazas. Que había preocupación por lo que publicaba. Que había contactos entre actores políticos, beneficiarios de los apoyos criminales, y quienes se sentían exhibidos. Y, sin embargo, cero protección efectiva.

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El caso Schultz es, quizá, el símbolo más claro de esa justicia incompleta para beneficio de la narcopolítica, más allá del sicario asesinado por su propio grupo criminal y los posiblemente prófugos.

Es un exalcalde que aceptó su participación, pero fue funcionario del gobierno de Javier Corral hasta que la FGR le echó el guante; obtuvo una condena reducida, debió ofrecer una disculpa y todavía el año pasado hizo intentos de obtener la preliberación. Ocho años por contribuir a un asesinato que cimbró al país, ante los cuales no cejará en tratar de reducirlos.

Mientras tanto, los autores intelectuales siguen prófugos, la estructura criminal mantiene operaciones y las redes que pusieron contexto al crimen jamás fueron desmontadas. Por el contrario, hasta Morena aceptó embarrarse, regalándole un fuero de senador a un expanista reconocido como el peor gobernador en la historia estatal.

Esa dosis de justicia no es suficiente para cerrar el expediente, mucho menos para cerrar la herida, porque la impunidad permanece.

Y la impunidad permanece porque “Los Salazar” siguen ahí, activos, armados, en disputas por el territorio, con algunas batallas ganadas y otras perdidas. Lo normal en este campo de guerra en que están convertidos el país y el estado, con gobiernos de papel que no gobiernan más que la forma en que le hincan el diente al presupuesto.

La impunidad permanece porque la red política, sobre la que operaba esa facción delincuencial del Cártel de Sinaloa, también sigue vigente. Los nombres de sus integrantes adornan los padrones oficiales del PAN, del PRI y también de Morena; de alguna forma están conectados desde los humildes sitiales de los ayuntamientos serranos hasta el tan ¿honorable? Senado de la República.

En fin, nueve años de empolvarse el carro de los sicarios en el C-4 son la perfecta alegoría trágica de la suerte que ha corrido la investigación sobre el altísimo precio de la verdad que pagó Miroslava, pero que nadie debería tener que pagar en un verdadero estado de derecho.