No todas las reformas cambian las cosas de inmediato, de hecho, creo que ninguna. Algunas cambian la forma en que entendemos lo que está pasando.

Uno de los temas obligados de esta semana que pasó y de varios días por venir, sigue siendo la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, la que se presenta como una medida razonable: reducir gastos, eliminar privilegios y fortalecer mecanismos de participación como la revocación de mandato.

Opino que en un país donde la desconfianza hacia la política es alta, ese discurso encuentra eco con facilidad; nadie quiere instituciones caras ni funcionarios desconectados de la realidad, sin embargo una cosa es el discurso y otra muy distinta es el contenido. Cuando se revisa la iniciativa con más calma, lo que aparece no es solo un ajuste administrativo, sino una serie de cambios que modifican la manera en que se ejerce y se limita el poder.

Por ejemplo, en el Artículo 35 constitucional, la propuesta establece que la persona sujeta a un proceso de revocación de mandato podrá difundirlo y promover el voto a su favor. Pudiera parecer un detalle menor, pero no lo es. La revocación de mandato nació como un mecanismo para que los ciudadanos evaluaran a sus gobernantes, no para que el propio poder utilizara ese proceso como una extensión de su estrategia política, es decir, la revocación es solicitada por los ciudadanos para cambiar gobernantes y no para fortalecer o para promover a quien está en el poder.

El equilibrio cambia porque lo que debía ser una herramienta de control ciudadano, empieza a parecerse más a una campaña electoral permanente desde el poder.

Algo similar ocurre en otros puntos de la reforma. El Artículo 116, por ejemplo, establece límites al presupuesto de los congresos locales. La medida se justifica en nombre de la austeridad, un principio que pocos cuestionan. Pero en términos reales, reducir recursos también significa reducir capacidades: menos personal, menos investigación, menos posibilidad de ejercer un contrapeso efectivo frente al Poder Ejecutivo.

La austeridad, en ese sentido, no es neutral ya que siempre tiene consecuencias políticas. Si con asesores e “investigación” sacan iniciativas y leyes sin sustento, ahora podríamos adivinar que no irán a sacarlas.

En el caso del Artículo 134, los límites a las remuneraciones de autoridades electorales refuerzan una narrativa conocida, que es la de los excesos en el servicio público, no obstante, detrás de esa medida hay otro efecto menos visible, cuando se reducen las condiciones laborales de quienes integran órganos técnicos y especializados, también se afecta la estabilidad y profesionalización de las instituciones.

Y en democracia, la calidad de las instituciones importa, incluso a nivel local, cuando las modificaciones al Artículo 115 cambian la integración de los ayuntamientos. Pudiera parecer un ajuste menor, pero en realidad redefine cómo se representa a la ciudadanía en el nivel más cercano de gobierno.

Ninguno de estos cambios, por sí solos, parecieran suficiente para generar alarma, el problema es verlos juntos, porque en conjunto todos apuntan en una misma dirección: reducir capacidades, ajustar equilibrios y modificar las condiciones bajo las cuales el poder es supervisado.

El hecho es, no es una ruptura, pero sí una reconfiguración. Ese tipo de cambios son, por naturaleza, difíciles de percibir en el momento en que ocurren, ya que no provocan crisis inmediatas ni titulares espectaculares. Se van incorporando poco a poco, como parte de una narrativa que insiste en la eficiencia, la austeridad y la cercanía con la gente.

Pero detrás de esas palabras hay decisiones concretas; se trata de decisiones que afectan la manera en que se organiza una elección, la forma en que se supervisa el uso del dinero público y la capacidad de las instituciones para actuar con autonomía.

Por eso el debate no debería centrarse únicamente en sí la reforma es más barata o más sencilla, la pregunta de fondo es si ¿estas modificaciones fortalecen al ciudadano o fortalecen al poder?

La democracia no se define sólo por la existencia de elecciones, de hecho en Cuba y Venezuela las hay, sino más bien por la calidad de las reglas que las sostienen y por la capacidad de las instituciones para hacerlas cumplir.

Con estas reformas pareciera que están buscando reducir capacidades, que van por el cambio aunque no sea de inmediato, pero sí acumulativo.

El problema no es que el país esté al borde del colapso, ni que la democracia vaya a desaparecer de un día para otro, el problema es más sutil; México podría estar cambiando sin que muchos lo estén notando con claridad. No son las formas visibles, sino la manera en que se ajustan las reglas, se redistribuye el poder y se reducen los contrapesos. Este tipo de cambios, cuando no se advierten a tiempo, suelen sentirse cuando ya es demasiado tarde para discutir cómo comenzaron. Así se percibe.