En la política mexicana, pocas cosas generan tanto debate como las reformas electorales. Sin embargo, el llamado “Plan B” impulsado por el Gobierno federal ha despertado una pregunta que resuena en muchos sectores de la sociedad: ¿por qué una reforma electoral cuando existen problemas más urgentes y visibles que afectan la vida cotidiana de millones de personas?

¿Quién pidió una reforma electoral? Cuando el anterior presidente quería “medir” el deseo de los mexicanos, siempre, en algún evento público, le preguntaba a los asistentes… “¿quién quiere que se juzgue a los expresidentes?”.

La gente levantaba la mano y, con eso, el exmandatario nacional decía: “¿Ven? El pueblo sabio quiere que sean juzgados los expresidentes del país”. Luego, eso lo tomaba como “la voluntad del pueblo”, como si fuera una asamblea de deliberación.

Hoy, cuando en el país hay temas verdaderamente graves, como la seguridad, el combate al crimen organizado, la falta de medicamentos o la ausencia de infraestructura, inversión y escuelas de calidad, viene una reforma electoral. En el norte de México, con Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Sinaloa o Coahuila, urgen una reforma que castigue con severidad a los grupos criminales.

La discusión pública la han centrado en los cambios al sistema electoral, en particular en la estructura del Instituto Nacional Electoral y en diversos ajustes a la legislación que regula los procesos comiciales.

El argumento oficial sostiene que es una medida para reducir costos y combatir excesos burocráticos. Pero para una gran parte de la población, esa discusión parece lejana frente a las necesidades más inmediatas.

Entonces, si puede haber una reforma electoral, México enfrenta retos que no admiten demora. En hospitales públicos, miles de pacientes continúan enfrentando la falta de medicamentos básicos y tratamientos especializados. Padres de familia recorren farmacias sin encontrar medicinas para enfermedades crónicas o para atender a sus hijos.

Ante esta realidad, surge una interrogante legítima: ¿por qué no existe una reforma profunda para garantizar el abasto permanente de medicamentos en el sistema de salud?

La seguridad pública es otro de los temas que más preocupa a la ciudadanía. En muchas regiones del país, la violencia vinculada al crimen organizado sigue marcando la vida diaria de comunidades enteras. Las cifras de homicidios, desapariciones, feminicidios y extorsiones mantienen encendidas las alarmas.

Frente a este panorama, muchos ciudadanos se preguntan por qué no discuten con la misma intensidad una reforma que fortalezca a las instituciones de seguridad, que mejore la coordinación entre autoridades y que establezca castigos más efectivos para quienes integran las redes del narcotráfico.

La protección de niños y adolescentes también debería ocupar un lugar central en la agenda nacional. México arrastra problemas graves como el abuso infantil, la explotación y la violencia dentro y fuera del hogar. Las organizaciones civiles han insistido durante años en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y castigo de estos delitos. Una reforma integral que coloque a las mujeres y a la niñez en el centro de las políticas públicas podría cambiar la vida de millones.

En muchas colonias populares, la falta de iluminación pública convierte las calles en espacios inseguros al caer la noche. La instalación de alumbrado adecuado no es un lujo, sino una herramienta fundamental para prevenir delitos y mejorar la calidad de vida.

En las comunidades rurales, la desigualdad educativa sigue siendo una realidad persistente. Escuelas sin agua potable, sin sanitarios dignos o sin acceso a internet reflejan una brecha histórica que aún no cierran. Una reforma que priorice infraestructura escolar, servicios básicos y conectividad en estas zonas podría transformar el futuro de generaciones enteras.

Ante este panorama, la pregunta de fondo no es solamente jurídica o política, sino social: ¿cuáles son las prioridades del país? La democracia es, sin duda, un pilar fundamental de cualquier nación. Pero también lo son la salud, la seguridad, la educación y el bienestar cotidiano de la población.

El llamado “Plan B” puede ser defendido o criticado desde distintas perspectivas ideológicas. Sin embargo, el debate que ha abierto revela algo más profundo: una creciente percepción de que la agenda política muchas veces está alejada de las preocupaciones inmediatas de la gente.

México necesita reformas, sí. Pero sobre todo necesita reformas que respondan directamente a las carencias que viven las familias todos los días. La pregunta que queda en el aire es si el país está discutiendo las reformas correctas o si, una vez más, la política camina por una ruta distinta a la de las necesidades sociales.

Aún así, nadie frenará la reforma electoral pero, ¿por qué no también reformas que impacten directamente en beneficio de los más necesitados? Al tiempo.