Algo exageradito el operativo de seguridad 8M

“Blinda” Sheinbaum Guadalajara para el mundial

Podrán rarámuri certificar nacimientos y decesos

En pleno Día del Amor, el 14 de febrero de este año, GPS dio cuenta de la bella historia de amistad entre el juez penal de Parral, Manuel Jurado Torres, y el abogado Juan Carlos Payán, defensor de imputados en un par de casos recientes turnados al juzgador, lo que hizo levantar sospechas de complicidad entre ambos.

Imágenes tomadas de sus mismas redes sociales, enviadas por litigantes parralenses y disponibles en la edición digital nuevamente, prueban los vínculos amistosos y hasta la posible sociedad profesional en algún despacho, desde antes de que Jurado Torres asumiera como juez en el Distrito Judicial Hidalgo.

“Eso en sí mismo debería haber sido un obstáculo, al menos moral, para que el juzgador conociera de causas llevadas por el litigante”, fue parte de las críticas y reclamos que generó el juzgador al surgir polémica en sus primeros casos.

En una ocasión, un acusado de violar y golpear salvajemente a su novia, Julio César M. V., fue llevado ante Jurado Torres el 22 de diciembre del año pasado, con la petición de cambio de la medida cautelar de prisión preventiva que le había impuesto otra jueza especializada en violencia de género meses antes.

El defensor del imputado era Juan Carlos Payán. El juez, Jurado Torres. El resultado: el beneficio para el acusado de enfrentar el proceso en libertad, a pesar de señales de riesgo evidente y la gravedad del delito.

El otro caso fue la gota que derramó el vaso. Es el de Edna Chávez Loya, fallecida en lo que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres (FEM) consideró un feminicidio, pero el mismo juez Jurado, con el mismo defensor Payán del imputado Juan de Dios V.M., reclasificó el delito a homicidio imprudencial.

El vuelco gravísimo del caso encendió las alertas de fiscales, litigantes, organizaciones y familiares de víctimas, por tan sospechosa actuación de un juzgador, de los recién llegados el septiembre pasado con la reforma judicial.

Ahora sabemos que el jueves pasado, el Tribunal de Disciplina Judicial, encabezado por Francisco Acosta Molina, tomó cartas en el asunto ante los reclamos de una posible actuación irregular de Jurado Torres, suspendiéndolo de sus funciones de forma preventiva.

No lo sancionó, todavía, pero comenzó un proceso tendiente a investigarlo y dirimir si sus actuaciones -más allá de la calidad de sus resoluciones que tienen otras vías de impugnación- pueden considerarse faltas administrativas.

La intervención del Tribunal de Disciplina sacude así al aparato de justicia, pero más lo hace el caso de posible complicidad juez-abogado. ¿Cuántos más andarán por la misma situación?


***

El operativo desplegado en el Centro de la ciudad por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el fin de prevenir daños por la marcha del Día Internacional de la Mujer, colapsó desde ayer a las seis de la mañana la circulación en todo el sector.

Hoy y mañana no habrá mayor problema, debido a que cae por completo el uso de las calles del primer cuadro de la capital los fines de semana, pero el lunes la problemática de congestionamiento vehicular volverá, debido a que el operativo contempla, nos aseguran, hasta las seis de la mañana del martes próximo.

Es decir, la instalación de cientos de metros cuadrados de blindaje para proteger el Palacio de Gobierno, Rectoría, Palacio Municipal, Congreso del Estado y alrededores, llevó más de 48 horas de preparación y requerirá más de 24 para su retiro.

Pueden ser muchos daños que dejan los actos de vandalismo que se han repetido en las marchas de las mujeres de los últimos años, pero afectar dos días hábiles con congestionamientos vehiculares a la población también puede considerarse un agravio a la sociedad.

Cambiar los destrozos en los edificios por un cierre abrupto del Centro, sin un buen operativo vial de respaldo ni avisos preventivos siquiera, parece algo exageradito hasta para las mentes más brillantes de la seguridad en Chihuahua.

***

Las obras públicas suelen medirse en cifras pero vale la pena hablar también de la forma en que impactan la vida cotidiana de las personas.

Muestra de ello es la visita que tuvo ayer el alcalde, Marco Bonilla, a la Secundaria Benito Juárez García para entregar una rehabilitación integral del plantel.

Los trabajos atendieron necesidades importantes de la comunidad escolar.
Fue instalada una cisterna con sistema de bombeo para garantizar el suministro de agua, se rehabilitaron sanitarios, hubo trabajos de impermeabilización en el gimnasio, quedó renovada la duela deportiva y se construyeron banquetas y andadores que facilitan el tránsito dentro del plantel.

La obra fue posible gracias al Presupuesto Participativo, mecanismo que permite que la propia ciudadanía decida en qué proyectos invertir recursos municipales.

En este caso, fue la comunidad escolar la que impulsó la propuesta y logró que se concretara y el Gobierno quien puso manos a la obra.

Más allá de la inversión, la visita dejó ver algo que también forma parte del estilo de gobierno: la cercanía con la gente. Al finalizar el evento, decenas de estudiantes se acercaron al alcalde para tomarse fotos, platicar y hasta bromear con él.

La escena se repitió varias veces: grupos de jóvenes con celulares listos para la selfie y comentarios espontáneos que generaron un ambiente relajado.

***

No es casual que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum haya visitado Guadalajara luego de que, tras la liquidación de “El Mencho” el 22 de febrero de 2026; esa entidad y otros estados vecinos fueron presa de los narcobloqueos.

Pero más relevante es el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que será la sede de cuatro encuentros los días 11, 18, 23 y 26 de junio, incluyendo el México contra Corea en la segunda fecha.

En ese contexto, en un interesante debate de analistas sobre el tema, se especulaba que los mayores temores de la FIFA a realizar la justa deportiva se centraban más en Estados Unidos que en México pues, aseguran, es más probable un atentado terrorista allá por la guerra contra Irán, que agresiones vengativas del CJNG en México.

En el caso de Estados Unidos todavía no se tiene la certeza de que Irán juegue los tres partidos que se tienen contemplados en Los Ángeles y Seattle, y hasta se especulaba que podrían cancelarles la visa, lo que representaría una mancha negra para el evento.

Respecto de México aseguran que a los cárteles, en particular al de Jalisco Nueva Generación, no les convienen incidentes que pongan en riesgo su modelo de negocio.

Para todos los efectos, a la FIFA le preocupa mucho la seguridad, pero más que eso, que se llegaran a cancelar eventos que le representan millonarias ganancias.

Así como lo hizo en Sinaloa, la presidenta Sheinbaum informó ayer sobre la reducción en los índices delictivos en Guadalajara y sobre los avances de la Copa Mundial.

Estuvo presente el gobernador emecista, Pablo Lemus, que por cierto se vio muy lento cuando sucedieron los narcobloqueos en varias carreteras jaliscienses.


***
Tuvo que llegar un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de origen indígena para que, después de 14 años de gestiones, la comunidad rarámuri de Tehuerichi, en Urique, obtuviera facultades de fedatario público para certificar nacimientos y defunciones.

En realidad es un fallo histórico que subsana una deficiencia del Estado mexicano respecto al derecho a la identidad y autonomía de miles de indígenas en el país.

El fallo del máximo tribunal de justicia, el pasado jueves, obtuvo ocho votos a favor y solo uno en contra, para amparar a la comunidad rarámuri de Tehuerichi, y ahora solamente bastará con que el Registro Civil de Chihuahua valide las constancias.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que en la sierra tarahumara, después de dos siglos, siguen habiendo personas que carecen de un acta de nacimiento o de defunción, lo que les niega la posibilidad de acceder a beneficios y programas institucionales.

El fallo sobre el amparo 423/2025 sienta todo un precedente, ya que la falta de documentos oficiales ha afectado a generaciones de indígenas, a quienes se les han negado actas por incumplir con requisitos que no consideran barreras geográficas, lingüísticas y culturales.

Desde 2012, la comunidad rarámuri de Tehuerichi, ubicada a 70 kilómetros de la cabecera municipal de Carichí, había emprendido gestiones para que les reconocieran la validez de los registros elaborados por el Siriame, máxima autoridad encargada de certificar nacimientos y defunciones conforme a sus sistema normativos.