Pretender establecer que el grave problema de inseguridad que se vive en México desde hace ya varios lustros, así como el contubernio con la delincuencia organizada, es culpa de tal o cual partido en el gobierno, es una verdadera desfachatez. Ahí están los casos del “Negro” Durazo, Gutiérrez Rebollo, García Luna y de múltiples exgobernadores, exprocuradores estatales y un largo etcétera de funcionarios, que han trascendido sexenios.

Habrá que recordar haya por los años 2009 y 2010, en que se desató un verdadero terror en gran parte del país, siendo la población chihuahuense una de las más afectadas, a grado tal que, incluso, a nivel internacional se llegó a considerar a la ciudad de Chihuahua y a ciudad Juárez entre las zonas más violentas del mundo, por encima de algunas regiones en guerra.

Muchísimos locales comerciales de la frontera se vieron vacíos a causa de la extorsión (secuestros y cobro de derecho de piso), habiendo sido un sinfín de empresarios que cambiaron su domicilio a El Paso, Texas. Casi cualquier persona tenía un conocido o familiar que había sido plagiado.

Durante esos años, y posteriormente, proliferaron los bloqueos ilegales tanto en carreteras y zonas rurales, al igual que en zonas urbanas de ciudades como Monterrey y Matamoros, entre muchas más. Lamentablemente siguen presentándose.

Las ejecuciones en lugares públicos y concurridos no son novedad, y han sido un agregado que demuestra la incapacidad de las autoridades de todos los niveles para mantener la paz pública en nuestro país.

Cifras van, cifras vienen, pero la percepción y la realidad no dan cuenta sino de una capacidad sobradamente rebasada para atender y resolver el problema. Insisto, cuestión de “googlear” y encontraremos que, ningún sexenio, de ninguno de los partidos que han gobernado, se salvan de esa evidente incapacidad.

Ahora sí que en lugar de acusarse cómodamente para sacar tajada política de una situación en la que todos llevan culpa, ya sea por acción o por omisión, es sumamente necesario que todas y todos los actores políticos converjan para cambiar el delicadísimo flagelo que perturba a todas las regiones y ámbitos del país.

De muy corta memoria y de un amplio cinismo sería, el querer dejar asentando que únicamente los gobiernos procedentes de tal o cual partido político han sido incompetentes en el asunto que nos ocupa.

Por otro lado, alegrarse porque EE. UU. declaró la existencia del narcoterrorismo en México, como si irrumpiendo las fuerzas estadounidenses en territorio nacional fuera distinto a lo que pasó en Venezuela y en otras partes del mundo, es ofender la inteligencia y la dignidad de la sociedad.

El vecino del norte no ha sabido -¿o querido?- acabar con los cárteles que operan en su propio territorio, ni abatir el problemón tan grande de adicciones entre su población, y por supuesto que no tendrá un interés sincero por ayudar a que nuestra nación tenga paz. Claro que no, tiene interés por las riquezas del país.

Elección tras elección se enarbola la bandera de un bien supremo para la sociedad que hay que recuperar, que es la paz pública, y se hacen promesas a diestra y siniestra, pero los mexicanos continuamos con temor, evitando acudir y transitar por ciertos lugares y carreteras de un alto riesgo para cualquiera, como todavía lo podíamos hacer hace unas dos décadas.

Pero de esa responsabilidad de la que se quieren lavar las manos múltiples culpables, principalmente quienes han aprendido muy bien a patear el bote en la materia y ha entablar contubernio con quien sabe quién, difícilmente se salvarán los que han gobernado en todos los niveles desde hace ya unas tres décadas. Se reitera, ya sea por acción o por omisión, pero han fallado.

Si bien es cierto que el tema en cuestión no es exclusivo de México, y que ha abarcado países no sólo de América Latina, sino también de Europa y al propio EE. UU. —quien por cierto es un efectivo proveedor de armas para las organizaciones llamadas “generadoras de violencia”—, no por ello nos vamos a cruzar de brazos. Que ha habido importantes logros en el combate a este lamentable y doloroso flagelo, hay que reconocerlo, pero están lejos de ser suficientes para asumir que los gobiernos han restaurado significativamente la paz pública.

Debe formalizarse y sumarse a políticos, funcionarios públicos, organizaciones políticas, empresarios, iglesias, educadores, medios de comunicación, padres de familia, trabajadores, etc., para con buena voluntad, decisión y responsabilidad, generar las sinergias a que haya lugar para efectivamente recuperar la paz social. Indudablemente entre partidos y políticos siempre habrá diferencia, pero esto es asunto de Estado en el que todos tenemos la obligación de sumarnos con sensatez.

Dicen que con las organizaciones que provocan esa inseguridad no debe dialogarse ni acordarse. ¿Será?