Este domingo no es un informe más. O no es nomás el ritual administrativo de cada año en el que se presenta el inventario burocrático de obras y programas. Es el informe central de la segunda mitad del sexenio, un corte de caja político con la proyección para un cierre lleno de retos y riesgos.

Maru Campos llega al que es el cuarto informe formal, para efectos de calendario legal, pero para efectos políticos es el penúltimo de su gestión. En el siguiente ya habrá candidatos firmes a sucederla y en el final será mandataria saliente.

Llega como la primera mujer que gobierna Chihuahua y también como una mandataria que ya superó el desastre recibido como herencia de sus antecesores, que la llevó a un arranque complejo de administración.

De septiembre de 2021 a la fecha, el balance que presenta este día tiene varias facetas: los claroscuros de todo gobierno; las metas alcanzadas; los retos que le impone la situación política actual al grupo de poder que ella representa y los riesgos existentes para su gestión. Del resultado dependerá la conducción de su propia sucesión.

Campos Galván llegó al poder imponiéndose a la perversidad e intrínseca misoginia de su antecesor Javier Corral, quien hizo todo por aplastarla, labor en la que, como en todo, tampoco tuvo éxito. Y ello terminó por llevarlo a refugiarse en el fuero que Morena le regaló, para continuar su camino de traiciones y oportunismo parasitario.

La panista siguió un camino de choque con similitudes a lo que hicieron otros anteriormente. Son ejemplos Patricio Martínez sobre un PRI dirigido por Artemio “El Hereford” Iglesias; Reyes Baeza sobre un patricismo vertical que acabó fracturado, desaparecido, y César Duarte contra un cómodo y conservador baecismo al que desagradaba.

Pero a diferencia de sus antecesores más recientes, la mandataria hizo la tarea interna de, primero, poner orden en el Gobierno del Estado, de tal forma que hoy puede presumir haberle dado impulso a la competitividad de Chihuahua, tener disciplina financiera y estabilidad institucional.

En el balance tiene en contra que sigue vigente un estado marcado por brechas rurales y urbanas donde la ley compite con el crimen y está en marcha una sucesión adelantada que ya empezó a mover fichas.
Cuán sólido es el terreno que pisa Maru rumbo a 2027 es la pregunta que, seguramente, podrá comenzar a responderse a partir de este informe.


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Maru Campos llegó al poder con activos suficientes, como legitimidad electoral, experiencia de alcaldesa cinco años previos y un discurso de orden tras el fraude del corralato, régimen marcado por la palabrería sin acción, la retórica sin sustento, la ineficiencia y la corrupción.

En parte por ello ha sido exitoso el discurso de la mandataria, que antepuso la disciplina financiera, la recuperación económica, la coordinación institucional y la seguridad como ejes. No prometió revoluciones ideológicas ni ofreció de más para entregar de menos. Ofreció estabilidad, promesa que conectó con un electorado preocupado por el circo que trajo la 4T a Chihuahua partir de 2018.

Los primeros años fueron de reconstrucción administrativa y de reposicionamiento frente a la Federación. Dejó el camino de las estridencias, a pesar de la confrontación coyuntural con Andrés Manuel López Obrador, y tomó la ruta de la conciliación que pudo consolidar con la presidenta, Claudia Sheinbaum, a pesar de los intrigosos.

Cuatro años después, el orden financiero en el sector público estatal es quizás su carta más fuerte, seguida del renglón económico, con el estado en niveles competitivos, indicadores aceptables de inversión, exportación y formalidad laboral, renglones en los que la entidad no ha perdido o ha recuperado tracción, a pesar de los baches en el empleo importados o contagiados por la situación de incertidumbre global.

La disciplina presupuestal está también en el renglón de los activos de la administración. Las crisis de liquidez de antes ya no son una constante, tampoco los sobresaltos fiscales, puntos sobre los que, al menos el sector privado, espera noticias en el informe de este día.

En gobernabilidad institucional, tampoco hay parálisis ni holgazanería, como en el quinquenio pasado. El aparato estatal funciona, a pesar de secretarios del gabinete medio fantasmales o entretenidos más en las redes sociales que en el trabajo.

Además, no hay rupturas graves los otros dos niveles de gobierno, municipal y federal. Eso no es menor en un país donde varias entidades han enfrentado colapsos por confrontaciones políticas que los mantienen estancados.


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En el apartado de los pasivos de este balance, el principal es una herida que se mantiene abierta en gran parte del estado, la de la inseguridad y la violencia. Con una reducción de las ejecuciones entre el 30 y el 40 por ciento en las comparaciones con los años más aciagos recientes, el logro todavía no alcanza a ser esperanzador.

El estado no vive un escenario de ingobernabilidad considerable, pero sí arrastra focos persistentes de violencia regional. Municipios como Guadalupe y Calvo, Guachochi, Madera, Moris y otros; la región noroeste, el corredor Aldama-Ojinaga y el ramal de Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja y Nonoava, además de episodios y chispazos en la capital y la frontera, recuerdan que la disputa criminal no es un fenómeno superado.

La pax narca de Delicias, Rosales, Saucillo, Julimes, Meoqui y alrededores tampoco puede considerarse un avance en la materia.

Si bien no hay ejecuciones ni focos rojos delictivos, el gobierno lo establecen otros poderes no de derecho sino de facto.

En todo este escenario estatal, mesas de seguridad funcionan bien, en eso han surtido efecto los latigazos de Maru a su fiscal general, César Jáuregui y a su secretario del ramo, Gilberto Loya, sus brazos fuertes, quienes, con todo y sus aspiraciones políticas, han cuidado con pincitas la coordinación con fuerzas federales para contener los picos en determinados delitos.

Sin embargo, la sensación territorial es otra, porque hay zonas donde la autoridad comparte espacio con estructuras criminales; es la narcopolítica que permanece sin ser tocada uno de esos puntos flacos que hacen poner en duda los indicadores y las métricas existentes en otros rubros.

La siempre inacabada tarea de la seguridad se muestra con mayor esplendor en esas porciones territoriales, donde es inadmisible que el gobierno compita en capacidades con el crimen, a ver quién impone la ley.


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El otro gran factor que marca este informe es el contexto político, muy diferente al de los anteriores. De entrada, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral que podría modificar reglas, equilibrios y márgenes de operación de los estados rumbo a 2027.

El tablero nacional es una condicionante de primer orden para un gobierno de oposición como el de Chihuahua, que ha mantenido una relación institucional equilibrada con la Federación, pero la tensión entre una administración panista y una presidencia morenista forma parte del entorno político.

Maru tiene el reto de seguir proyectándose como figura nacional del PAN, a la vez que debe blindar su territorio político para poder conducir su propia sucesión, con la experiencia de estos años como jefa del Ejecutivo y las lecciones que deja la historia política estatal.

En este punto, el alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza, ha logrado imponerse como figura central sobre cualquier otro aspirante panista o “ciudadano” que pueda adoptar el PAN. En la relación que tenga la gobernadora con él habrá de centrarse buena parte del proceso de sucesión.

Otras piezas han quedado prácticamente descartadas, por más humo que insistan en vender quienes, sin posibilidad alguna, pretenden presentarse como candidatos viables a la gubernatura en el carril blanquiazul.

Perder más tiempo en las deliberaciones internas de Acción Nacional sería ignorar la amenaza de perder el poder, representada por el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y la joven senadora Andrea Chávez, quienes juegan con encuestas que favorecen, como nunca, a Morena en Chihuahua.

La gobernadora tiene, así, el reto de mantener el control pleno de su estructura política para incidir en la sucesión, aunque posiblemente 2027 dependerá más del clima nacional que del balance local.

Este es el momento y contexto del informe de hoy al que, en conclusión, Campos Galván arriba con el orden financiero, estabilidad, institucionalidad y competitividad estatal, como fortalezas y activos de su gobierno; en contraparte, los desafíos que tiene enfrente son más estructurales que tareas dependientes de un solo sexenio, como la violencia regional, el descontrol territorial y un entorno nacional que altera las reglas del juego.

No encabeza una administración fallida, como su antecesor, pero sí enfrenta su examen más complejo, el de transformar esa estabilidad que ha logrado en control territorial y cohesión política a su alrededor. De ahí el profundo significado y simbolismo de este informe en el tramo más decisivo de su gestión.