Aplican multa a camioneros abusones
¿Y si sí..? Prueba de ácido para la glorieta
Tiradero de chatarras y llantas por calles y banquetas

Ningún video testimonial de panistas dándole su respaldo al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, desató reacciones tan airadas entre como el que presentó la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Martínez.
La joven funcionaria apareció en redes para reconocer y apoyar al número dos de Palacio de Gobierno, con un mensaje en el que hizo varias referencias, sin mencionarlo expresamente, a César Jáuregui Moreno. Entró a terrenos de lo personal, según los seguidores del exfiscal.
Su mensaje fue duro, de acuerdo a las interpretaciones que le dieron en la esquina contraria, pero las reacciones al respaldo que Martínez expresó dejaron al descubierto una realidad que sigue presente en la política: para algunos, cuando una mujer fija una postura que no les favorece, resulta más fácil descalificarla que debatir sus argumentos. O sea, en lugar de responder a lo que dijo, optaron por insinuar que alguien más le indicó qué decir.
Los señalamientos contra Martínez pasaron por alto su trayectoria, pues es una joven que se ha abierto camino por mérito propio, con participación activa en la vida pública. Reducir su opinión a la voluntad de terceros no solo desconoce su trabajo, sino que también minimiza su capacidad para analizar, decidir y expresar una posición política con autonomía.
Se puede coincidir o no con su respaldo a Santiago de la Peña, ese es el sentido del debate democrático. Lo que no debería tener cabida es el prejuicio de asumir que una mujer carece de criterio propio solo porque su opinión incomoda a determinados actores políticos.
Más allá de eso, las descalificaciones indirectas de la funcionaria contra Jáuregui y las respuestas de los panistas que lo apoyan evidenciaron cómo ha escalado el pleito a niveles de lo personal entre los aspirantes a la candidatura del PAN para la Presidencia Municipal.
Los momios dentro del partido siguen, en apariencia, a favor del exfiscal general, que el fin de semana acaparó los reflectores con su fiesta de cumpleaños repleta de panistas, desde los de a pie hasta algunos de la cúpula.
En respuesta, un listado de albiazules, también amplio, ha salido a manifestarse a favor del secretario de Gobierno; los más recientes en apoyarlo han sido la directora de la Juventud y, en el otro extremo de los grupos de edad, un panista veterano como Martín Vargas Téllez.
Lo interesante ya no es qué tantos panistas logran poner de su lado los aspirantes, sino cómo conduce el PAN la designación de candidato cuando los focos amarillos están encendidos y amenazan con volverse rojos.

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El pasado martes dimos a conocer la queja de los vecinos de la colonia Nuevo Triunfo por el desorden vial que ocasionan los camiones para el traslado de personal de las empresas, una de las vertientes de las mafias del transporte que se niegan a evolucionar.
El reclamo de quienes viven alrededor de las calles Hacienda Dolores y 41 y Media fue porque las unidades pesadas, que no están en uso en las horas pico de las maquiladoras, bloquean por largos periodos la circulación, exponiéndolos además a la contaminación de los motores por ruido y combustión.
Pues bien, ahora nos reportan de Transporte del Estado que sus inspectores acudieron a realizar una revisión y aplicaron dos multas contra los camioneros abusones que toman las calles como estacionamiento.
La evidencia se encuentra en la versión digital de GPS, donde aparecen las dos boletas de infracción colocadas sobre los camiones dejados a media calle, por encontrarse estacionados en zona habitacional.
La medida -ciertamente efectiva, aunque no sea una solución de fondo- debería disminuir esa práctica de los camioneros que, pese a tener una minita de oro con la concesión estatal para el transporte de personal, no le invierten para tener adecuados patios de maniobras, estacionamientos y talleres para el servicio.

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Tras el incidente en la glorieta de Pancho Villa en el segundo triunfo mundialista de México, los operativos de la Policía Municipal y Policía Estatal han dado buenos resultados para que la situación no se salga de control y sea evitado cualquier saldo rojo.
Ahora que el domingo “El Tri” jugará contra Inglaterra vendrá la prueba del ácido para la glorieta y el fan fest de la Plaza Mayor si, como todo el país lo desea, la escuadra nacional repite la dosis que ya le dio a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, todos enviados a casa mientras la portería tricolor ha permanecido intacta.
Las lecciones del atropellamiento múltiple de Chihuahua, el de Cabo San Lucas la semana siguiente y la muerte de aficionados por asfixia en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México por el último festejo, obligan a reforzar el operativo de seguridad para este próximo juego.
El asunto, dicen, ya escaló a los niveles de prioridad en las áreas de seguridad estatal y municipal, aunque no haya garantía de una victoria... Pero, ¿y si sí? Un eventual triunfo mexicano sería la locura total, tanto por el hito que marcaría como por las consecuentes pasiones que desataría.
Ojalá que nada sea pasado por alto en la planeación y la prevención. Pero ojalá, también, que el sueño se haga realidad.
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A media década de que se hicieran públicas las primeras denuncias penales por el fraude financiero de Aras Business Group, el proceso judicial que debía garantizar la reparación del daño para miles de personas continúa atrapado en un laberinto de triquiñuelas.
El mecanismo expedito de justicia que debió ser, quedó convertido en foco de inconformidades por conductas de favoritismo procesal en la liquidación de activos.
Dos de los afectados, David Campo Verde y Leticia Medina, entregaron una carta escrita de su puño y letra, -en esta casa editora- redactada con la crudeza y el desasosiego que genera la prolongada espera, y que describe el esquema de exclusión orquestado desde la representación legal bajo tolerancia de las propias instancias judiciales.
Las víctimas denuncian la partición preferencial de los bienes asegurados en beneficio exclusivo de un segmento minoritario de defraudados.
La carta, que publicamos en edición digital, exhibe cómo la sentencia dictada desde el año 2024 sufrió manipulación, ya que el apoderado legal de Aras que también es el liquidador solicitó al juez de ejecución pagar con unos bienes a ciertas víctimas haciendo un remate, pero solo a las víctimas de un asesor y no a todas, lo cual es ilegal.
Ante ello, dicen los defraudados, se presentó un amparo. Quieren hacer del conocimiento de las demás víctimas y la sociedad que no se están dando los pasos para liquidar los bienes y pagar a todos, así como nombrar un liquidador que no tenga conflicto de interés.
Por comisión u omisión, el sistema judicial está incurriendo en revictimización en perjuicio de miles que esperan recuperar aunque sea un poco de lo perdido, y están viendo deteriorarse los bienes o siendo utilizados solo para liquidar a ciertos privilegiados.
Tendrá la justicia federal, aunque sea del acordeón, que poner orden. Esperemos.

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De plano las autoridades municipales y estatales no muestran interés alguno en que las banquetas de la ciudad permanezcan limpias y transitable. Hasta el cansancio ha sido denunciado y así seguirá el tiradero de chatarras por la colonia Rosario, entre las calles Samaniego y Melchor Guaspe, por la vialidad principal, la calle 46.
Los yonqueros tienen todas las banquetas como si fueran de su propiedad y no para la seguridad de los peatones. Por toda esa hay vehículos destartalados y ahora hasta llanteras.
¿O hay mochada a los inspectores o las autoridades de plano no tienen esos espacios públicos como entornos de su responsabilidad?
En ese mismo sentido tenemos otra denuncia de una situación de mayor peligro, un gran depósito de llantas entre las calles 53 y Juárez, ubicado muy cerca de una gasera.
Nomás imaginemos un incendio ahí. Los que quieren gobernar al municipio y al estado debieran poner orden y demostrar que en verdad pueden con los cargos que pretenden. Hoy son autoridades municipales y estatales.