Todos en Chihuahua sabemos que nuestra lada de conectividad al mundo entero es 614, como los territorios de México tienen su propia clave y los de todos los países igual. Pero hay algo que está obligando a los chihuahuenses a contestar llamadas de números desconocidos: si es 614, no desconfías tanto.

El problema, ahora, se llama spoofing, técnica de ciberdelincuencia basada en la suplantación de identidad para engañar a usuarios o sistemas. Los atacantes fingen ser fuentes fiables (bancos, empresas, conocidos) en correos, llamadas o webs para robar datos, dinero o instalar malware. Se traduce comúnmente como suplantación o falsificación.

En Chihuahua -como en buena parte de México- el teléfono dejó de ser un instrumento de comunicación para convertirse en un campo de asedio. Ya no suena para traer noticias, sino para interrumpir, presionar, confundir.

De un tiempo a la fecha, las llamadas telefónicas ya se convirtieron en un verdadero hastío, hostigamiento, persecución y hasta venta de espejitos con supuestas ofertas que te pueden convertir rico de la noche a la mañana.

Llamadas que ofrecen créditos “preaprobados”, maravillosas tarjetas de crédito, cambios de compañía milagrosos o paquetes irreales se repiten a lo largo del día con una insistencia que raya en lo absurdo. El ciudadano común vive bajo una forma de acoso normalizado que nadie parece dispuesto a frenar.

La pregunta es inevitable: ¿quién entregó nuestros números? Porque esto no ocurre por casualidad. Detrás de cada llamada hay bases de datos, segmentación, estrategias comerciales y, en muchos casos, prácticas abiertamente invasivas.

En México, millones de personas reciben llamadas no solicitadas; tan sólo en 2025 se reportaron cientos de miles de quejas por publicidad telefónica agresiva, incluyendo prácticas como el “spoofing”, donde las empresas simulan números locales para aumentar la probabilidad de respuesta . No es un error técnico: es una estrategia, un descarado engaño.

El problema no es únicamente la molestia. Es el deterioro del derecho a la privacidad. Cuando una persona recibe hasta diez o más llamadas diarias, ya no se trata de marketing, sino de hostigamiento. La línea entre promoción y acoso ha sido borrada por completo.

Apenas ayer, la columna central de El Diario Mx, daba cuenta de ese problema que generó en desfalco de dinero a un considerable número de personas que fueron engañadas con sus propias pensiones.

Las instituciones ofrecen respuestas que, en la práctica, resultan insuficientes. La Procuraduría Federal del Consumidor creó el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), un mecanismo para que los ciudadanos puedan excluirse de listas comerciales.

Sin embargo, su alcance es limitado: no todas las empresas lo respetan, y muchas llamadas provienen de intermediarios, despachos externos o incluso actores ilegales que operan al margen de cualquier regulación.

Peor aún, el propio sistema revela una contradicción inquietante: los números registrados se concentran en bases de datos que, aunque protegidas legalmente, evidencian la magnitud del problema estructural. El mercado de datos personales existe, circula y se explota. Y mientras tanto, el ciudadano queda expuesto.

La dimensión del fenómeno es clara. Estudios recientes señalan que cerca de la mitad de la población en América Latina ha sido víctima de llamadas spam, muchas de ellas vinculadas a fraudes o robo de información. En ese contexto, cada llamada desconocida no sólo es una molestia: es una potencial amenaza.

En Chihuahua, por ejemplo, y como en el resto del país, las llamadas llegan con ladas locales, disfrazadas de cercanía, como si provinieran de la misma colonia. Esa simulación genera desconfianza generalizada: ya nadie contesta con tranquilidad. El teléfono, ese objeto cotidiano, se ha vuelto sospechoso.

Y sin embargo, la reacción institucional sigue siendo tibia. Se delega al ciudadano la responsabilidad de bloquear números, registrarse en plataformas o denunciar caso por caso. Es una lógica inversa: el afectado debe defenderse, mientras el sistema que permite el abuso permanece intacto.

El acoso telefónico no es un problema menor. Es una expresión contemporánea de la vulneración de datos personales, de la impunidad comercial y de la falta de regulación efectiva en el entorno digital. No basta con recomendaciones: se requieren sanciones reales, supervisión activa y transparencia sobre el uso de la información.

Porque la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién vendió la información de nuestros números telefónicos? Y mientras esa incógnita permanezca, cada llamada será un recordatorio de que la privacidad, en México, sigue siendo un privilegio y no un derecho garantizado. ¿Qué hacen las instituciones federales para defender, realmente, a los afectados?

¿Quién expuso los números telefónicos al mejor postor o, lo peor: quién permitió que esas bases de datos cayeran en delincuentes? Al tiempo.

Fuentes: Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), Aviso de privacidad del REPEP, Reportes sobre acoso telefónico y prácticas de “spoofing” en México, Información de PROFECO sobre cobranza y acoso telefónico.