-Cirujanos “patito” y certificados entre escándalos
-A ver si coordinan los líderes del Congreso
-Ninguna empatía del Jurídico de Hacienda

Al cumplirse un mes del escándalo desatado por la semiliberación de un secuestrador sentenciado, Edgar Hermán, hermano de la magistrada de Disciplina Judicial, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, sigue sin ser asignada a una sala de segunda instancia la apelación presentada por el Fiscalía Zona Centro.
Por lo visto, los tiempos de la justicia en esta nueva era iniciada con la reforma judicial siguen igual de alejados de la realidad que antes; los terrenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, igual de opacos.
Porque no hablamos de la resolución de fondo de una sospechosa medida dictada por un juez de primera instancia, Juan Carlos Erives Fuentes, a favor del hermano de una magistrada, condenado por un delito grave, el de secuestro, que no admite beneficios para el imputado, declarado penalmente responsable en su momento.
Lo que no ha sido resuelto es el simple turno a una sala penal para analizar el proceso mediante el cual Escárcega Valenzuela -además cuñado del diputado dirigente de Movimiento Ciudadano, Francisco “Pancho” Sánchez- fue considerado secuestrador de fin de semana, porque permanece en libertad de lunes a viernes y encerrado en el Cereso de Aquiles Serdán únicamente los sábados y domingos, y hasta eso estaría por comprobarse en los hechos.
Si en eso deja a deber el tribunal estatal, qué podrá esperarse del estudio de fondo del proceso que acabó por beneficiar a un sentenciado, de forma tan veloz que ya quisieran la mitad de ese trato los presos sin sentencia, los que tienen años bajo proceso o retenidos con una simple cautelar de prisión preventiva, sin siquiera ser llevados a juicio.
Qué podrá esperarse, además, del proceso que, por otra vía, debe realizar el Tribunal de Disciplina Judicial, para determinar las faltas que pudieron haber cometido una de sus magistradas integrantes y el juez Erives Fuentes, en tan lamentable como sospechosa semilibertad dictada.
Por lo visto, el TSJE sigue con la brújula perdida, tal como ha estado desde el primer día del mes pasado, cuando iniciaron en sus cargos los nuevos jueces y magistrados que encabeza -es un decir, porque el poder real evidentemente es ejercido en otro lado- la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval.

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La sentencia por negligencia contra el médico Saúl Laurencio Delgado Gardea, expresidente del Colegio Estatal de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, hizo mucho ruido en el gremio de los especialistas más cotizados de la actualidad, porque representa un fuerte golpe al ramo de los doctores certificados y colegiados.
Con este caso, una condena de 25 millones de pesos por negligencia médica cometida contra una paciente que resultó gravemente afectada por varias intervenciones, ahora son los certificados los del escándalo, que, podemos ver, no se limita a los que ellos acusan de “patito”, egresados del improvisado curso suspendido del Hospital Central, avalado por la Secretaría de Salud.
La penosa tragedia de “las muertas del Central”, que el Colegio Estatal ha denunciado de manera constante por los médicos al vapor que salen a realizar cirugías estéticas como en carnicería, se ve agravada con esa otra historia de terror que bien pudo prevenirse con las intervenciones adecuadas, en lugares adecuados, con el apego debido a la Norma Oficial Mexicana y la firma de los consentimientos bien informados a la paciente.
Tanto a los que son señalados de “patito” como a los certificados que incurren en prácticas cuestionables, evidentemente les falta mayor conocimiento de la ley o la asesoría profesional de abogados que les ayuden a regular sus procedimientos, de manera complementaria a la buena práctica médica.
Los escándalos de ambas ramas de cirujanos plásticos representan un grave daño a la salud pública, especialmente de quienes buscan tratamientos estéticos complejos o aparentemente simples, además de que, en lo económico, significan un duro golpe al turismo médico, que tiene varios años en evolución aquí en Chihuahua.
Es necesaria una mayor regulación de las autoridades sanitarias, que generalmente se hacen las occisas hasta que ocurren las tragedias; pero sobre todo, hace falta una más estricta autorregulación de los médicos cirujanos profesionales, que incluya la debida asistencia jurídica para cualquier procedimiento, en beneficio final de los pacientes.

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Desde la pandemia de 2020, los diputados locales se quedaron con la mala costumbre de asistir virtualmente a las sesiones del Congreso del Estado, a lo que siguen aferrados bastantes de los 33 legisladores.
Ahora los líderes parlamentarios, Alfredo Chávez del PAN; Cuauhtémoc Estrada de Morena; Arturo Medina del PRI y Francisco “Pancho” Sánchez de Movimiento Ciudadano, aseguran que van a regular la asistencia a las sesiones del pleno y a limitar la presencia virtual de sus compañeros.
A causa del escándalo, uno más, del morenista futbolista Cuauhtémoc Blanco -que jugaba pádel mientras atendía una reunión legislativa a la distancia, sin prestar atención-, los legisladores locales se pronunciaron por mayor control y seriedad de los diputados locales.
A ver qué tanto coordinan los líderes de las bancadas, porque los legisladores estatales no cantan mal las rancheras cuando se trata de la falsa asistencia, la presencia virtual mediante conexión remota y las faltas descaradas sin justificación alguna.

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Se va develando la realidad detrás de la escandalosa nota de principios de semana, en la que fue dado a conocer que la más reciente adquisición de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda forma parte de la defensa del exfiscal presuntamente torturador, Francisco “Paquito” González.
La desastrosa conducción de dicha Dirección Jurídica por parte de Carolina Morales Veloz, quien literalmente, a tiro por viaje, le deja tirado el changarro a “Pepe” Granillo, pues son frecuentes sus escapadas —queremos pensar que por vacaciones— en las que su responsabilidad y trabajo le importan menos de lo habitual.
Es conocido y comentado en diversos niveles del edificio Reforma y otros que, cuando la Directora Jurídica comparece a una reunión, es señal que no habrá solución a la problemática.
Sin rubor alguno ni menos consideración social, manifiesta que desconoce el tema del que se trate y, mucho menos, la manera de resolverlo. Granillo lo sabe pero ha aprendido a simular.
Esto hace aún más tortuoso el caminar de la administración, colocando a las dependencias en un estado de desesperación ante la obstaculización de los trámites en los que interviene >esa área, cuyas funciones principales consisten en la defensa legal de la hacienda pública, es decir, del interés patrimonial del Estado.
En contrario, esa conducta le ha merecido un bono de desempeño de 20 mil pesos mensuales, según el Portal de Transparencia autorizado nada menos que por el Secretario.
¿Será que, como se ha llegado a escuchar en el edificio Héroes de la Reforma, la licenciada Carolina Morales es un activo tan valioso para el partido? Posiblemente.

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En la sesión de cabildo de ayer hubo muchas maromas en la bancada de Morena, que iniciaron con la aprobación del anteproyecto para la actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2026.
En ese punto, los morenistas votaron en contra. Según ellos iba a afectar el Impuesto Predial, cosa que ha dicho el municipio es errónea.
Lo que estaría aumentando sería el pago de traslación de dominio, impuesto que se paga cuando se vende una propiedad. Parece intento guinda por engañar, a menos que haya ignorancia.
Pero la maroma mayor ocurrió cuando la regidora de MC, Guadalupe Aragón, presentó una iniciativa con carácter urgente, para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar el Impuesto Sobre la Renta al aguinaldo que cada año recibe la ciudadanía trabajadora.
Fue entonces que salió el verdadero Morena, el que solo vela por sus intereses, porque los dos regidores que quedaban en la sesión, María Elena Rojo y Hugo González, votaron la propuesta en contra (¡!).

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Debieron pasar 27 años y cuatro mandatos sexenales en Chihuahua para que fuera actualizado el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano e instalado el Sistema Estatal de Movilidad. Así lo explicó ayer la gobernadora, Maru Campos.
Con Francisco Barrio Terrazas (1992-1998) hubo una actualización menor al respecto.
Su enfoque era buscar regular el crecimiento de las ciudades y la distribución de la población en un contexto de rápido crecimiento industrial en los noventa.
Lo desconcertante en relación al nuevo plan anunciado es que, se supone, durante los mandatos de Patricio, Reyes y Duarte, hubo un seguimiento al desarrollo urbano planificado.
Ahora tenemos una proyección para los próximos 50 años y considera aspectos como la sequía, la movilidad, la vivienda y la infraestructura, lo cual significaría que los antecesores volaron pero no aterrizaron en estos temas.