No es una exageración pensar que este domingo habrá más acordeones en circulación que electores en las urnas, en la histórica elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de los poderes judiciales federal y estatal, por primera vez sometidos a un proceso de forzada apariencia democrática.
A riesgo de dejar algún grupo fuera por la gran cantidad que existe, hay listados -reales o supuestos- para promover el voto del PRI, del PAN y del PRIAN; de Morena en unas cuatro o cinco vertientes; de Palacio Nacional y Palacio de Gobierno, las presidencias municipales de casi todo el estado y de múltiples facciones del gremio de la chicana, principal interesado en acceder a los cargos judiciales, antes y seguramente también ahora reservados para las castas influyentes.
También hay alianzas, divisiones, fracturas y traiciones. La elección se ha tornado en un ejercicio político como producto de una reforma al aparato de justicia hecha sobre las rodillas, por la voluntad y fuerza inusitada al final de su sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En este juego ha quedado metido el Poder Judicial, cuyas posiciones no serán electas de verdad por ciudadanos en medio de una sana incertidumbre democrática sino por las cúpulas políticas. Esto es en realidad una disputa de partidos y nóminas burocráticas ansiosas de permanecer.
En lo que ha podido conocerse durante las campañas y en especial en la última semana, hay candidatos, por el bando de Morena, del Gobierno Federal con variantes regionales de la Secretaría del Bienestar, al mando de la casi adoptada chihuahuense, Ariadna Montiel, dueña de gran parte de las decisiones políticas de la 4T en el estado desde poco antes de 2018 y que ahora opera hasta con César Duarte.
Disputan espacios además la senadora Andrea Chávez y el senador Juan Carlos Loera, quienes en la batalla del Poder Judicial buscan también apuntalar sus proyectos políticos futuros, igual que el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar; además, no está despintada del todo la dirigencia estatal de Morena, de Brigitte Granados de la Rosa, con una aceitada estructura regional.
Limitados al plano estatal, tal vez con la esperanza de que los morenistas respetaran el terreno local, los prianistas coordinados por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, tienen sus apuestas definidas con claridad, pero también con variaciones propias del PRI, el PAN y además de los alcaldes de las ciudades más grandes, Marco Bonilla de Chihuahua, Beto Pérez de Cuauhtémoc y Jesús Valenciano de Delicias.

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Para entender cómo la reforma judicial llegó a este punto hace falta revisar su trayecto desde que, pasado el arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum de 2024, López Obrador anunció la consolidación de su plan B, que tenía en la sacudida del Poder Judicial uno de sus objetivos para avanzar en el desmantelamiento institucional del PRIAN, planteado como punto de partida de su transformación.
Para quienes padecen -o disfrutan- de mentalidad estrecha de derecha y todavía siguen en shock por la reforma, les resultará imposible entender que el poder de Andrés Manuel y Sheinbaum tuvo su momentum, ese espacio que en la física es considerado el de mayor ímpetu, en esa etapa de la transición.
Es decir, la reforma judicial era en este momento o tal vez no podría ser. Esa circunstancia echa por tierra, en la praxis de la realpolitik, cualquier argumento moralino, jurídico y hasta ético, desde el más banal y clasista hasta el más profundo, en contra de una reforma judicial posible gracias a la mayoría obtenida.
Adaptables y acomodaticios como son los líderes políticos de todos los partidos, aunque algunos todavía con la espuma en la boca del coraje, buscaron la forma de mantener los controles a su alcance o ampliarlos. Es eso, controles políticos, lo que está en juego en esta elección.
Si resulta de esto un Poder Judicial peor o mejor del que existe, o tal vez igual, sólo con el mecanismo más oneroso por la simulación de una elección democrática, es algo secundario a la luz de las necesidades del poder.
No por nada dicen los expertos que en política lo que se compra con dinero es barato y, en este caso, 13 mil millones de pesos son nada en un proceso electoral más, sobre todo si los comparamos con más de un billón que costaron las prioridades obradoristas, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
El tránsito atropellado de la reforma, entonces, llevó al momento actual en el que las cúpulas políticas alistan sus estructuras para secuestrar un proceso electoral que, tal vez, en algunos años de evolución, pueda considerarse democrático.

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Así arribamos a un proceso en el que las estructuras de Morena, el Bienestar y diversos grupos, en el caso del proceso de elección del Poder Judicial del Estado, pretenden favorecer a candidatos con orígenes en el PRI o sin mérito alguno más allá de su militancia añeja o su cambio de bando.
Reflejan esa realidad perfiles tricolores como Yamil Athié Gómez y Emmanuel Chávez, exoperador cercanísimo de un magistrado del duartismo; o al mismísimo hijo del expresidente del Tribunal Superior en tiempos de César Duarte, Gabriel Sepúlveda, apenas relevado del Tribunal Estatal Electoral.
A la par, en alguno de los acordeones chairos van también unos cuantos personeros del corralato que lograron colarse a las candidaturas y en gran medida abogados postulados por el Legislativo, único resquicio dejado a los diputados locales morenistas en la ardua, polémica y chamaqueada labor de depurar listas de aspirantes.
En un ala moderada del morenismo, aunque haya coincidencia plena con otras sectas internas en las candidaturas del Poder Judicial Federal, la apuesta va a los perfiles no tan incómodos para el poder estatal, pero con una intento claro de ganar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado con una mujer.
En otra banda, por el lado del PRIAN, por resumirlo así, las apuestas pueden sintetizarse en un equilibrio negociado entre los personajes afines al régimen de Maru Campos y los que tienen amplia experiencia en el Poder Judicial, gracias al manejo e influencia que tuvo la magistrada presidenta actual, Myriam Hernández.
En el tránsito de esa alianza con la que el gobierno estatal busca mantener control del aparato de justicia - entendible, de nuevo, en la lógica de las necesidades del poder y las decisiones de política práctica- terminaron por quedar entre los favorecidos verdaderos prietitos en el arroz altamente cuestionables.
Los prianistas aceptaron lo que habría sido intolerable, escandaloso en el plano federal, como la candidatura de Nancy Escárcega, esposa del coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, “Pancho” Sánchez, como aspirante palomeada a magistrada del Tribunal de Disciplina.
Además, debieron ceder a las ambiciones de los dueños del Partido del Trabajo, aliados de la 4T a nivel federal, para promover el voto a favor de Rubén Aguilar Gil como candidato a magistrado penal, quien, además, representa un extraño nexo del poder estatal con el local de Ciudad Juárez, porque su número coincide en los listados promovidos.
En fin, necesidades del poder que desde el poder deben ser satisfechas, es lo que reflejan estos pocos botones de muestra tomados de forma arbitraria y sin orden alguno, porque son tantos que sería imposible enlistar uno por uno.

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Hay así desde acordeones de grupos internos del PAN y de Morena, hasta supuestos listados “institucionales” del Gobierno del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría del Bienestar y las presidencias municipales de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral.
No es descabellado que sean reales esos catálogos repletos de números de candidatos a los diversos puestos. Finalmente de la nómina pública en todos sus niveles habrá de salir el mayor caudal de votos en este proceso electoral judicial histórico e inédito, porque ciudadanos independientes motivados para votar o enterados del proceso son muy pocos.
Por eso, a ver si no resulta que hay más acordeones en circulación que electores en las urnas, a donde una mínima porción del padrón electoral -compuesto de tres millones 100 mil ciudadanos- acudirá este domingo, de acuerdo a los cálculos de quienes han medido la intensidad de las campañas.
Es imposible afirmar que serán los ciudadanos o las mayorías las que definan la elección, como ingenuo es sostener que los mejores son los que están en las boletas. Es elemental prudencia y un mínimo de razonamiento lógico.
Es una elección de estructuras en la que, en el caso de Chihuahua, la 4T pretenderá rebasar optimistamente un altísimo umbral del 15 o 20 por ciento de la lista nominal, entre 450 y 600 mil votantes en números redondos, para que sea considerado algo medianamente exitoso. Las apuestas en la realidad, así al tanteo porque no hay referentes para el análisis, van de un cinco a un 10 por ciento de participación, es decir, entre 150 y 310 mil votos.
¿Cuántos acordeones en formato impreso o digital, para apuntar a esas metas de participación, habrán puesto a circular entre los muchos grupos interesados? ¿Unos 500, 600, 700 mil listados, nomás en impresos en conjunto? Eso sin contar las fotos por WhatsApp y otros formatos digitales.
Por eso no es descabellada la suposición de que habrá más catálogos y acordeones que votantes y la baja participación prevista será producto de la atropellada reforma y el secuestro político del proceso, pese a la prohibición expresa a los partidos de participar, en una señal más de un sistema electoral envuelto en la simulación permanente.
Así queda marcada a partir de este día la ruta de la transformación, de la evolución o involución del Poder Judicial.