-Pijamadas entre balaceras y baches
-Maru al frente del comando antisarampión
-Le dan otro 100 a Bonilla los de CIMTRA

El director de Operaciones y Gestión de Emergencias del C-7 de la Secretaría de Seguridad Pública, Andrés Salas Moreno, fue premiado con un cambio de área tras dos años de investigaciones de Asuntos Internos, luego de una serie de quejas de acoso presentadas por varias empleadas.
Desde su llegada a esta nueva posición, reporta personal femenino de las áreas operativas y administrativas, el funcionario ha mantenido una conducta reiterada de hostigamiento hacia mujeres trabajadoras, especialmente hacia las nuevas integrantes del equipo.
Su modus operandi, denuncian, incluye solicitar números telefónicos, insinuaciones con tono sexual y promesas de ascenso laboral a cambio de favores personales.
“Esta conducta ha generado un ambiente laboral hostil, inseguro e insostenible para las mujeres que laboramos en esta institución”, de acuerdo con una carta abierta que las empleadas han puesto a circular. “Varias compañeras han decidido renunciar ante la falta de acciones por parte de sus superiores y el temor a ser revictimizadas. Otras más trabajamos bajo constante amenaza....”.
Les preocupa especialmente que Salas Moreno presume su cercanía con los más altos niveles de mando en la SSPE, que en otras ocasiones ha quedado manchada incluso por la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, por casos como este, donde los denunciados resultan protegidos y hasta premiados ante las quejas.
“Exigimos una investigación transparente, sanciones claras y garantías para que ninguna otra mujer tenga que soportar esta situación”, asienta el reclamo, con un llamado a que esta denuncia sea escuchada y atendida con la seriedad que merece.
El nombre del funcionario fue mencionado públicamente durante la marcha del 8 de marzo pasado por parte de mujeres que han sido víctimas de su conducta, pero ni por eso han sido tomadas las medidas preventivas necesarias. Luego las autoridades se escandalizan porque las pintas y las protestas siguen y siguen.
Cómo no va a ser así, si por más protestas y destrozos, no hay cambio alguno ni investigaciones claras sobre las acusaciones de acoso, violencia y maltrato que se realizan.

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Seguramente, los más altos mandos de los gobiernos federal, estatal y municipal no usan la carretera de acceso a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo ni algunas de las calles, que de tanto bache parecen haber sido bombardeadas con drones explosivos o misiles Trumpianos de esos que penetran varios metros bajo tierra.
Esa es otra realidad que reportan los habitantes del alejado municipio, puesto en el foco nacional por los constantes enfrentamientos entre grupos de sicarios del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, a los que con pasmoso retraso le han entrado apenas las corporaciones de seguridad, especialmente el Ejército y la Guardia Nacional.
Mientras los narcos se enfrascan en topones, la alcaldesa morenista, Ana Laura González Ábrego organiza fiestas que terminan en pijamada porque las personas optan por no salir en la noche de las casas y sus madrinas, Ariadna Montiel y Mayra Chávez se lavan las manos con su silencio e inacción, las pésimas condiciones de la extensa ruta que lleva a la cabecera municipal luce tan descuidada por años, décadas de abandono.
Las imágenes captadas en esos días de los últimos enfrentamientos, hacia el fin de semana pasado, dan cuenta de las condiciones del camino en tramos dentro de los pueblos del municipio que corresponden atender a las autoridades locales; ni se diga el gran tramo federal que aparece en la Red Nacional de Carreteras, pero es como si no existiera. Pueden verse en la edición digital de GPS.
Si no hay una estrategia conjunta de los tres niveles de gobierno para atender algo tan básico como la principal vía de comunicación terrestre de uno de los municipios serranos más poblados del estado, ¿qué podemos esperar de la supuesta estrategia de seguridad puesta en marcha hace apenas una semana, después de tres años de intensa guerra de los cárteles?
Si no hay enemigo alguno de la autoridad, más que la naturaleza y el desgaste de la circulación vehicular, que impida la reparación de caminos y calles por donde transita la gente de bien, ¿qué podemos esperar en materia de seguridad, en la que existe un enemigo armado hasta los dientes y dispuesto a llenar de sangre al pueblo con el fin de controlar el territorio?
Regresar a lo básico, como garantizar los servicios elementales a la población (recolección de basura, alumbrado, calles y carreteras en buen estado), siempre es aconsejable para los gobiernos de todos los niveles, antes de perderse en complejidades criminales de las que directa o indirectamente suelen ser cómplices.

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Al tiempo que el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunciaba que la meta es erradicar el sarampión del país en noviembre, la gobernadora Maru Campos se reunía con su gabinete y vía electrónica con el propio Kershenobich, para dar a madre de todas las batallas y cercar el contagio de su matriz.
Reforzarán la labor de las 116 brigadas donde participan 12 entidades federativas, y que en la última semana aplicaron 42 mil 146 dosis, empezando con Cuauhtémoc con la meta de 487 mil vacunas en 21 días, es decir, hasta la segunda semana de agosto.
Además de sacar del “modo de avión” a varios titulares estatales y sus equipos para que, desde sus respectivos campos aporten a la campaña, la mandataria estableció que se muestren las cartillas de vacunación en las inscripciones escolares, desde preprimaria hasta superior, para que se coteje la aplicación en las edades que correspondan.
También hizo un llamado muy puntual a los agricultores que contratan jornaleros agrícolas, para que permitan e incentiven la vacunación en los trabajadores y sus familias.
Por lo pronto la epidemia ya asciende, hasta el pasado 28 de julio, a 3 mil 504 casos, con 14 nuevos casos en las últimas 24 horas y un total de 11 decesos. Lo bueno es que también se reportan 3 mil 307 pacientes recuperados.
Con Maru al frente del comando anti-sarampión es más factible que se sumen alcaldes, universidades, líderes de opinión, incluso dentro de los campos menonitas como ya ocurrió con Jacob Dyck Penner que promueve la vacunación en una videograbación en bajo alemán.

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Nos enteramos que el pasado martes, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), confirmó que la capital Chihuahua volvió a sacar 100 en Transparencia.
Sí, otra vez refrendó la máxima calificación en la materia, pues desde 2023 que se logró ese puntaje la administración municipal bonillista ha logrado mantenerlo.
Así que podemos decir que eso ya no es casualidad, es trabajo.
Y ya que hablamos de transparencia y compromiso, recordemos la inauguración hace unos días de la primera etapa del Archivo de Concentración Municipal, un espacio pensado para organizar y resguardar documentos, pero también para que los ciudadanos puedan consultar, entender y, si es necesario, cuestionar.
Hay aplauso de los beneficiados con esa acción para el alcalde, Marco Bonilla y su equipo, porque no basta con decir que son transparentes, deben demostrarlo.