La verdad no debería ser motivo de persecución judicial ni de ningún otro tipo de ataque, pero la clase política ha encontrado artilugios diversos, entre ellos torcidas denuncias por violencia de género, para buscar que la simulación impere sobre la realidad.
Cuando el exgobernador César Duarte sacudió al Poder Judicial con la llegada de los oxigenadores, no faltaron los indignados porque algunos se atrevieron a publicar lo que subyacía en la clarísima jugada política para controlar al aparato de justicia, disfrazada de un intento legítimo de transformarlo para hacerlo eficiente.
Fue un acuerdo sotanero de Duarte con el PRI, el PAN, los integrantes de la cúpula judicial y algunos sectores del gremio de la chicana, para imponer un Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a modo, sumiso, plegado al interés del Ejecutivo que, en el sistema político mexicano, es el que manda, controla y prevalece sobre los demás, más allá de la teoría republicana.
Cuando otro exgobernador, Javier Corral, mandó a Luz “Estela” Lucha Castro a renovar al TSJE, tampoco faltaron aquellos indignados exhibidos como viles productos del llamado cochinero judicial, generado también por acuerdos en lo oscurito con un nuevo grupo político que había llegado al poder.
El resultado fue (qué raro) un Poder Judicial plegado, doblegado, sumiso al Ejecutivo y a la vez tremendamente ineficiente, como era antes, como es ahora y como, es previsible, seguirá siendo.
Ahora asistimos al espectáculo de otros indignados, u otras, que hoy son electos y electas en la cuestionada votación de junio, producto de la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, diseñada de nueva cuenta para tener tribunales alineados con el poder en turno, con el disfraz de una democratización que le quedó muy grande al proyecto.
Esos indignados que ahora hasta lloran, no sabemos si por un auténtico dolor, por vergüenza o por la risa que les causa, pretenden les creamos que sus talentos, conocimientos, aptitudes y el voto popular los llevaron a ser juzgadores y juzgadoras, cuando es una realidad que fueron nombrados para ir en los acordeones del Bienestar, de Morena, del PAN, de Palacio o del olimpo judicial siempre negado a transformarse.
Así, los oxigenadores que disfrutaron más de una década de privilegios dados por Duarte; los del cochinero judicial favorecidos con la bendición del corralato y los elegidos del pueblo de ahora, son lo mismo: entes orgánicos del sistema político, por más que lloren, griten, se tiren al suelo y amenacen con denuncias por violencia política de género.

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Más allá de lloriqueos, veamos la realidad material de la dorada burocracia judicial, en cuyos más altos niveles los ingresos de sus titulares rebasan los 200 mil pesos al mes, más un montón de prestaciones y prebendas que, seguramente, les causan todo tipo de malestares al perderlas.
El presupuesto del Poder Judicial del Estado ha crecido de 2010 a la fecha alrededor de 450 por ciento en términos nominales, por encima del 300 por ciento que se ha incrementado el gasto público contemplado en el Presupuesto de Egresos de cada año.
Para mantener a esa clase privilegiada que administra justicia de forma pronta y expedita como dicta la Constitución (ajá, cómo no), destinaba Chihuahua hace 15 años unos 750 millones de pesos y a la vuelta de cinco años, en 2015, casi se había duplicado su gasto, hasta llegar a los mil 224 millones de pesos.
En el año 2020, el presupuesto destinado al TSJE alcanzó los dos mil 287 millones de pesos y en este 2025 está proyectado un gasto en tan eficiente sistema de justicia de cuatro mil 062 millones de pesos.
En términos llanos, el gasto judicial se duplica cada sexenio, así como, seguramente, sus excelentes resultados que todavía habrán de ser mejores a partir de septiembre, cuando una nueva oleada de juzgadores de primera y segunda instancia electos por el pueblo (ajá, cómo no), lleguen a transformarlo de fondo.
Esta es una verdad irrebatible: las condiciones de privilegio en las que opera el Poder Judicial -en sus más altos niveles, porque en la parte media y baja, las que se encargan de trabajar, los sueldos dan lástima- son el jugoso botín, ese que lleva a unos a hacer cualquier acuerdo sucio e inmoral bajo la mesa por sentarse en la silla y a otros a lanzar todo tipo de improperios o adjetivos cuando sienten amenazados sus lugares.
¿Corresponde la evolución presupuestal con la calidad de juzgadores que demanda la justicia? ¿Corresponde el gasto con la calidad de las sentencias y el trabajo realizado? Ni falta hace responder a ello.

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Ahora bien, las denuncias de mujeres que se sienten violentadas por razón de género dentro de la favorecida y a veces parasitaria clase política, deben tener un tratamiento institucional profesional que conduzca a esclarecer los hechos y a administrar justicia.
Los casos no deben desecharse, pero, a la par de sancionar a la parte responsable y buscar la reparación del daño a determinada víctima, la labor de las autoridades también debe orientarse a encontrar la verdad de lo ocurrido. ¿No es acaso la verdad el ideal que debería motivarnos a todos?
En esa búsqueda de la verdad, a veces extraviada con las polémicas que tratan de generar quienes presentan las denuncias, tenemos que en la pasada elección judicial no fue otra cosa más que un apresurado amasijo de intereses el que determinó quiénes serían los jueces, juezas, magistrados y magistradas de Chihuahua.
Las acordeones y el nivel de votación alcanzados; las vinculaciones políticas; las influencias de la esposa de fulanito, la amante de menganito, el marido de perenganita, son evidencia suficiente como para acercarse a esa realidad que algunos tratan de ocultar haciéndose los indignados.
No fue una cuestión de méritos, de preparación, de selección democrática, imparcial, profesional, por más que se haya vendido como la gran reforma de avanzada que requería el Poder Judicial.
Esa es la verdad. La reforma es producto de una necesidad del poder, del sistema, como generalmente son las reformas del sistema mismo; no atiende las demandas de la ciudadanía ni se orienta a hacer más eficiente el aparato de justicia, sino a tener un Poder Judicial sumiso, doblegado, alineado a los intereses de quienes tienen el poder. Sí, así como lo hicieron en el pasado es ahora, solo con formas distintas.
Por ello, más que nada, es una desvergüenza tratar de provocar polémicas de género o acusar violencia política porque es exhibida en publicaciones periodísticas la relación sentimental de un diputado con una magistrada electa; de un magistrado de salida con una juzgadora favorecida en los acordeones; de un funcionario del Ejecutivo que puso a los suyos en dos, tres o más listados llevados a las urnas por su borregada.
Eso no descalifica ni demerita la preparación de los elegidos, sus aptitudes, su idoneidad para el cargo, que seguramente varios la tienen, pero no por ello es justificable que se tiren al piso haciéndose los dignos si, como ayer, son hechura del poder y contrasentido de la ética, de la justicia y de cualquier principio democrático.

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Tratar de ocultar la verdad podrá hacerse un tiempo, desde determinado ángulo, pero finalmente saldrá a la luz en filtraciones de los mismos equipos políticos, en notas, columnas periodísticas y hasta en las habladurías de boca en boca que existen en la comunidad; tratar de ocultar la verdad, además, puede regresarse como búmeran para los osados indignados que en realidad le temen.
Ahí está la muestra, a nivel nacional, de la diputada petista Diana Karina Barreras, de Sonora, conocida ahora como la “Dato Protegido”. Esposa del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció violencia política de género por parte de Karla Estrella, quien evidenció en una publicación de X la relación sentimental detrás de su candidatura.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sancionar a Estrella con una medida exagerada que acabó revirtiéndosele a la pobre y desvalida diputada víctima.
En el tribunal fue afectada la persona que exhibió la verdad, pero en las redes fue noqueada la legisladora por el exceso de poder y la ridiculez de victimizarse cuando en realidad era la beneficiara de un acuerdo político bastante turbio. Ese es el poder de la verdad sobre la ridícula simulación y las mentiras.
Igual de ridículos, inmorales y desvergonzados se vieron los favorecidos de los pactos del duartismo con el PRI, el PAN y demás sectores; igual se vieron los productos del cochinero judicial del corralato bendecidos por “Lucha” Castro; igual se ven ahora los indignados e indignadas resultantes de la reforma de los acordeones.
Que no vengan con el cuento de la violencia política de género ni con que su designación obedece a la voluntad popular, eso es lo más alejado a la realidad, a la verdad.
Si pretenden seguir en el juego de la simulación más allá del esperado comportamiento moral que se esperaría de un juzgador o juzgadora, lo menos que deben tolerar quienes se creen tocados por los dioses de la democracia y la virtud es la crítica hacia la forma en que se han conducido para llegar a tales posiciones.
¿O piensan los indignados e indignadas que la verdad es sólo un producto de sus fantasías políticas? Si es así, más que clases de derecho, justicia y ética deberían buscar atención especializada en trastornos de la personalidad.