Hay trampas que no se hacen con dolo, sino con nostalgia; nostalgia de cuando el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) era el ombligo del mundo judicial, cuando los magistrados se creían cardenales con toga sin birrete y los órganos administrativos eran meros sirvientes con calculadora y lápiz afilado en mano; pero los tiempos cambian, “mes chéris”, aunque algunos pretendan escribir las leyes con pluma de ganso y ambición decimonónica.
El engendro de la preprepreiniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua model 2025 (o prepré), quiere vendernos la idea de un Poder Judicial moderno, dividido funcionalmente, con órganos autónomos y atribuciones claras: uno para juzgar, otro para administrar y un tercero para disciplinar. Hasta ahí, todo bien; ya puestos, incluso se celebra, pero basta leer entre líneas (o entre fracciones) para descubrir que el veneno viene en gotero: el Pleno del Tribunal Superior no quiere soltar el control, nomás lo disfraza.
En el Artículo 40, fracción XIX del prepré se le otorga al Pleno del TSJ la facultad de nombrar o designar al Presidente y a los integrantes del Órgano de Administración (OA), de entre las personas servidoras públicas del propio Poder Judicial; suena técnico, hasta burocráticamente inocuo, pero no lo es; es una trampa disfrazada de procedimiento.
La Constitución local (art. 110) no dice eso; establece, en cambio, que tres de los cinco integrantes del OA deberán ser designados por el Pleno del Tribunal, sí, pero no establece que tengan que pertenecer al Poder Judicial ni mucho menos que el Pleno tenga poder sobre su presidencia. Ese detalle —nada menor— fue agregado por la puerta trasera en la iniciativa. Cochinotes.
Lo correcto jurídica, política y moralmente es —DEBE SER— que la presidencia del OA sea electa por los propios integrantes del órgano, mediante voto interno, directo y secreto, cómo debe de ocurrir en tratándose de un órgano colegiado que presuma autonomía y funcionalidad propia.
En la prepré, la pretensión de imponer un sistema de gobierno judicial funcionalmente dividido —jurisdiccional, administrativo y disciplinario— es valiente en el papel, pero cobarde en su ejecución, porque si el Pleno quiere seguir controlando el presupuesto, el personal, la logística, la infraestructura y hasta el café de las salas, entonces no hay reforma: hay simulación de una.
Se habla de autonomía presupuestal, pero se le entrega al Pleno la posibilidad de vetar o influir en el nombramiento del órgano que va a ejecutarla; se crea una arquitectura institucional avanzada, pero se cuela por la ventana el fantasma del control corporativo; y se olvida de un órgano fundamental que refuerce la división entre encomienda administrativa, jurisdiccional y disciplinaria y la necesaria coordinación entre los órganos que las representan, una especie de coordinación interpresidencias.
Tres trampas, por si usted parpadeó

1. Designar al Presidente del Órgano de Administración desde el Pleno equivale a nombrar al director de Finanzas del Poder Judicial por aclamación del órgano jurisdiccional; eso no es autonomía, es subordinación con moño:

2. Limitar la elegibilidad de los integrantes del Órgano solo a quienes ya están en el Poder Judicial —como pretende el prepré— va contra el texto y el espíritu de la Constitución. ¿Qué sigue? ¿Que sólo puedan postularse los cuates de la oficina contigua?

3. Rotular como “mayoría calificada” lo que en los hechos es un control absoluto del Pleno sobre los órganos técnicos, es como decir que una jaula dorada sigue siendo un pedacito de libertad… sólo que más bonita.
El regreso del ogro filantrópico
Lo que hay detrás del prepré es sencillo: el Pleno no quiere dejar de ser el capataz aunque disfrazado; quiere seguir manejando la chequera, las plazas, los tiempos y los ritmos de todo el aparato judicial; y no precisamente para impartir justicia mejor, sino para preservar privilegios, cuotas y controles.
No quieren un órgano de administración autónomo: quieren una oficina de intendencia con acceso restringido.
No quieren autogobierno funcional: quieren autogobierno simbólico, con la misma burocracia de siempre, pero con un logotipo más bonito.
¿Y entonces?
Entonces, conviene preguntar sin rodeos: ¿de qué sirvió tanto discurso sobre independencia judicial, paridad, profesionalización y división de funciones, si a la hora de la hora el Pleno sigue queriendo quedarse con las llaves del cajón y del portafolio?
Una reforma que no respeta el espíritu constitucional es una contrarreforma encubierta.
Una Ley que simula ceder poder, mientras amarra todos los hilos desde atrás, no merece llamarse orgánica, merece llamarse mecánica, porque todo ya viene montado de fábrica para que nada cambie.