Ciudad Juárez.- El hallazgo de 386 cuerpos (cifra actualizada) sin incinerar en el crematorio “Plenitud” representa una de las tragedias más indignantes de los últimos años y un duro golpe para cientos de familias que hoy viven en duelo, incertidumbre y rabia. El caso salió a la luz hace unas semanas, cuando la Fiscalía de Chihuahua realizó una inspección en el inmueble y descubrió los cuerpos acumulados en condiciones deplorables, sin refrigeración y, en muchos casos, con signos de embalsamamiento irregular. La magnitud del hallazgo es alarmante: 213 cuerpos corresponden a hombres, 165 a mujeres y 8 aún no pueden ser clasificados por su estado. Entre ellos, se encontraron tres menores de edad, incluyendo dos recién nacidos. El hecho no solo evidencia una operación clandestina e inhumana, sino también una cadena de omisiones por parte de las autoridades responsables de regular los servicios funerarios en el estado.
Apenas seis cuerpos han sido identificados y entregados a sus familias, lo que deja a cientos de personas esperando respuestas sobre si sus seres queridos están entre los restos. Aún más doloroso es que muchas familias ya habían recibido urnas con supuestas cenizas, las cuales, tras el hallazgo, podrían no corresponder a sus muertos. Algunos testimonios aseguran que lo recibido parecía tierra con piedras, lo que profundiza el trauma y la desconfianza hacia un sistema que falló en su deber más básico: garantizar respeto y dignidad incluso después de la muerte. Este caso ha revelado la existencia de un vacío estructural en los mecanismos de supervisión sanitaria y legal. El crematorio “Plenitud” operaba sin las condiciones necesarias y no era revisado por COESPRIS desde marzo de 2022, a pesar de reportes previos de irregularidades desde 2020. Además, se sabe que entre seis y siete funerarias de la ciudad canalizaban cuerpos a este lugar, lo que implica una red de complicidades que debe ser investigada a fondo.
Las autoridades deben asumir su responsabilidad. No basta con procesar penalmente a los dueños del crematorio, quienes ya enfrentan cargos que podrían derivar en hasta 17 años de prisión. Se debe también indagar a fondo la omisión de funcionarios estatales y municipales que permitieron la operación irregular de este lugar durante tanto tiempo. La identificación de los cuerpos debe realizarse con todos los recursos disponibles, garantizando apoyo psicológico, legal y económico a las familias afectadas. Hasta ahora, solo se han identificado plenamente 27 cuerpos, 61 más tienen un posible nombre y 96 están en análisis forense avanzado. El proceso debe acelerarse con absoluta transparencia y empatía.
Ciudad Juárez, marcada históricamente por la violencia, no puede permitir que esta tragedia quede impune o en el olvido. Este no es solo un caso más de negligencia; es un crimen contra la memoria, la dignidad y el derecho de cientos de personas a despedir a sus seres queridos con respeto. La sociedad merece justicia y garantías de que esto no volverá a repetirse. Las autoridades deben transformar esta tragedia en un punto de inflexión para reformar los mecanismos de regulación y supervisión de servicios funerarios. Lo que está en juego no es solo la confianza en las instituciones, sino la humanidad misma con la que decidimos tratar la muerte y el duelo. Este dolor colectivo no puede ser enterrado bajo burocracia e indiferencia. Es momento de actuar, con firmeza, con sensibilidad y con justicia.