Hace unos días, en la Cámara de Diputados aprobamos una serie de reformas a la Ley General de Salud, entre las cuales se encuentra la regulación de los vapeadores. Esto, obviamente, ha llevado a un sector de la ciudadanía a cuestionar la decisión soberana del Congreso. Evidentemente, como legisladores tenemos la responsabilidad de atender las inquietudes ciudadanas y de posicionarnos respecto al sentido de los votos que ejercemos.

Debo comenzar por señalar que los vapeadores no son artículos inocuos. Exponen a la población que los consume a sustancias adictivas y potencialmente dañinas, muchas de las cuales, debido a que el método del vapeo es relativamente nuevo, ni siquiera han sido plenamente reguladas por la falta de una evaluación científica completa y actualizada.

La ausencia de certeza científica de largo plazo no es un pretexto para que el Estado permanezca inactivo. Aunque tomar decisiones en este contexto no es sencillo, la Constitución es muy clara en su mandato: el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la salud. Existe un principio rector en este tipo de decisiones gubernamentales: cuando hay riesgo para la salud pública, el interés colectivo debe prevalecer.

Los vapeadores, tal y como los conocemos actualmente, se popularizaron en los primeros años del presente siglo, hacia 2003, aunque existen patentes anteriores. Debido a ello, no existen estudios prolongados sobre sus efectos en la salud; sin embargo, sí hay evidencias de daño pulmonar, cardiovascular y neurológico, sobre todo en los jóvenes. Esperar décadas para actuar habría sido una irresponsabilidad histórica, con consecuencias en la salud pública que podrían haber sido catastróficas.

El objetivo central de la reforma no es una simple prohibición por el hecho de prohibir; la defensa de las niñas, niños y adolescentes es el verdadero eje de la aprobación. Los vapeadores se diseñaron, promovieron y distribuyeron con una estética juvenil, sabores atractivos y, sobre todo, con una mercadotecnia agresiva dirigida de manera digital al público joven. En la práctica, este impulso creó una nueva generación de personas adictas a la nicotina.

Ningún gobierno puede permitir que un producto de esta naturaleza enganche a los jóvenes a este tipo de sustancias, sobre todo cuando muchos de ellos son menores de edad. Proteger a las niñas, niños y adolescentes no es una acción neutral; es un acto de responsabilidad y coherencia.

El modelo de autorregulación del mercado de los vapeadores falló. Durante muchos años fuimos testigos de la circulación de estos productos bajo la idea de que el mercado se regularía solo y de que el consumidor decidiría bajo un esquema de información completa; sin embargo, no se promovió el control de contenidos publicitarios, no hubo etiquetados confiables ni esquemas de límites efectivos para menores. Cuando el mercado no tiene la capacidad de autorregularse, el Estado debe tomar cartas en el asunto y actuar.

Un sector social argumenta que el vapeo es una herramienta para dejar de fumar; sin embargo, la realidad indica que nunca fue introducido como una política médica confiable, por lo que se convirtió en un consumo recreativo masivo, incluso entre jóvenes que nunca habían fumado un cigarro. Por lo tanto, no se redujo el daño, sino que se amplió el problema.

La penalización no es una herramienta punitiva, sino un instrumento de disuasión que busca desincentivar el uso, cortar las cadenas de distribución y enviar una señal clara de que la salud es un asunto de interés público. La ley, en este caso, educa y orienta las conductas sociales.

Para mí, como diputado, votar a favor de la prohibición de los vapeadores no se trata de una decisión ideológica ni, mucho menos, moralista; es una decisión de salud pública preventiva y responsable. La libertad individual no puede sustentarse sobre la adicción de los jóvenes ni sobre el silencio del Estado. Gobernar es también decir no a tiempo para evitar consecuencias que lastimarían a los sectores sociales que deben enfrentar el futuro en las mejores condiciones.