Sin lugar a dudas, la fotografía política del cierre de año fue la de esa impensable protesta de los representantes del sector privado que acudieron al Congreso del Estado a encabezar la revuelta contra el alza del tres al cuatro por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN).
Que la bancada morenista se opusiera a un gobierno del PAN -y terminara dividida en una votación, gracias a un toque de política práctica del Palacio de Gobierno- no representa novedad alguna. A lo mucho da otra muestra de las contradicciones e incongruencias de una corriente política que avala y aplaude decisiones federales, mientras reprueba y reniega de idénticas determinaciones cuando las toma una administración local de diferente partido.
Pero que los empresarios cargaran contra el Gobierno del Estado en la aprobación del Paquete Económico 2026, hasta el grado de converger, de varias maneras, con la corriente política que ellos mismos tachan de populista y de que mantiene sometida a la iniciativa privada, es un verdadero fenómeno.
Ambos hechos, la oposición empresarial al ISN y lo ocurrido en el morenismo en la discusión del tema fiscal, del endeudamiento y la proyección del gasto público estatal del año próximo, resultan sintomáticos del escenario político que habrá de tener el estado en la sucesión de 2027, prácticamente desatada.
El debate era esperado desde que la gobernadora Maru Campos y su secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, plantearon la posibilidad del crédito y el incremento del impuesto sobre la masa salarial que pagan las empresas, fajándose a sacarlos, de forma diferente, en el caso del ISN, a las 72 horas que duró la discusión el año pasado por estas fechas, cuando la mandataria accedió a retirar la propuesta ante el primer reclamo empresarial.
Morena, contra su retórica común, también se fue contra la propuesta de un alza fiscal no tanto para coincidir con el sector privado, sino para oponerse al Ejecutivo panista. Lo hizo así pese a que avaló más impuestos y más deuda a nivel federal, con diversas maromas para esconder la necesidad de la administración de Claudia Sheinbaum de elevar la recaudación fiscal para sostener el gasto del gobierno en sus particulares prioridades.
Así, el episodio que vimos esta semana fue más que un trámite legislativo. Fue una radiografía del momento político que vive el estado: un Ejecutivo con control de la operación legislativa; un sector empresarial que por primera vez en años se planta frente a un gobierno panista; y una oposición atrapada entre la línea nacional, sus contradicciones internas, sus errores de cálculo y su sectarismo que carga como sello de la casa.

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Hoy el resultado del debate puede verse con relativa claridad. El proyecto financiero de Campos Galván pasó íntegro, sin una sola coma modificada respecto de lo enviado por la Secretaría de Hacienda, con un costo político que parece menor, aunque amenazante, a juzgar por algunas expresiones, tanto salidas de Palacio de Gobierno como de los propios empresarios: sabemos con quiénes contar y con quiénes no.
El daño debe haber sido fríamente calculado desde el Ejecutivo con el mensaje que envió al sacar el paquete tal como lo proyectó: cero concesiones, mando administrativo total y control político de tal nivel como para alcanzar mayorías calificadas sin tener siquiera la mayoría simple panista en el Legislativo.
Entonces, la aprobación no fue producto de la improvisación ni del debate. Fue una decisión política tomada desde el inicio, la de no ceder. El Ejecutivo defendió y apostó a su disciplina financiera, prioridades claras y continuidad en salud, seguridad, educación y obra pública, y se negó a abrir la puerta a modificaciones que pudieran interpretarse como debilidad.
La operación fue efectiva con muchas manos: Maru a la cabeza, por supuesto, y talacha 24/7 los últimos días del coordinador panista, Alfredo Chávez; el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña; Granillo y otros que supieron cuáles hilos mover para garantizar votos... o cuando menos ausencias.
Así, el bloque oficialista, con aliados heterogéneos, votó en fila. En términos de gobernabilidad legislativa, Campos Galván mostró que manda porque llegó al Congreso no a negociar sino a notificar, tanto del ISN como de la propuesta de financiamiento de tres mil millones líquidos y el refinanciamiento de otros 15 mil millones de deudas contratadas por la administración pasada, para alcanzar mejores condiciones de pago.
Ahora bien, el conflicto político va más allá, no por lo que recauda extra el estado (dos mil 400 millones de pesos vía fiscal y los tres mil millones vía crédito) o su destino a inversión productiva, sino por lo que simboliza.

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Durante años, el sector empresarial chihuahuense operó bajo un pacto no escrito con los gobiernos estatales del PRI y el PAN.
Había diálogo, participación, apoyo y cercanía, a cambio de certidumbre para los negocios y otros beneficios como los recursos fiscales para la Fundación del Empresariado Chihuahuense y el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, que manejan unos 900 millones de pesos al año.
Ese pacto fue tensado como pocas veces con la decisión de subir el ISN. Por eso la protesta del Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra y Coparmex -no avalada por otras cámaras- es más que anecdótica.
Puede tomarse la protesta empresarial como aviso, como un mensaje directo de que el empresariado no tuvo la influencia suficiente como en el pasado y pasó a cargar el peso de un ajuste fiscal que llega en mal momento económico; muy mal momento porque hace mucho que no existe uno bueno en México.
Las cifras del IMSS apoyan el argumento empresarial, tras dos años consecutivos de pérdida de registros patronales y presión creciente por la reducción de la jornada laboral, el aumento sostenido del salario mínimo y un entorno geopolítico que golpea especialmente a la industria exportadora. En ese contexto, el discurso de “sólo es un punto porcentual” (un alza proporcional de 33 por ciento) suena desconectado de la realidad productiva.
En ese contexto, también, la advertencia del sector privado antes de la aprobación fue clara, a pesar de los matices posteriores. Hay inconformidad y seguramente habrá memoria política, pero tal vez la factura será cobrada en pagos diferidos, no de un solo jalón.
Lo más relevante en medio de la discusión del tema fiscal, pues, fue quién se opuso. No fue Morena de entrada, no fueron sindicatos o grupos de protesta. Fue el sector privado, lo que hace particularmente incómodo el choque para un gobierno panista, porque el inconforme no es sólo un actor económico, también es actor político. Silencioso a veces, pero siempre influyente en campañas, en la opinión pública y las estructuras del poder.
El costo de cruzar esa línea no puede medirse ahora, tal vez ni en todo el 2026, sino en los procesos que vienen después.

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En otra vertiente política, mientras el Ejecutivo salía fortalecido, Morena protagonizó una de sus peores jornadas legislativas en Chihuahua. Por perder y por cómo perdió.
Las ausencias de diputadas clave de la 4T, Irlanda Márquez del PT y las morenistas Edith Palma y Rosana Díaz, permitieron que una votación saliera aprobada, cuando la aritmética podía apuntar a lo contrario.
No hubo traición documentada, pero sí una cadena de hechos no del todo explicados. ¿Falta de control del coordinador Cuauhtémoc Estrada o pacto travieso con Palacio a través de algún tercero? ¿Mala lectura del momento? ¿Reacción posterior más orientada al linchamiento que a la contención política? Algo de eso o todo junto.
Tras lo ocurrido, Estrada optó por elevar el tono y hablar de “atraco”, pero el problema no fue el PAN, sino Morena. La dirigencia estatal de Brighite Granados, facciosa como son las dirigencias en Morena, agravó el conflicto con extrañamientos públicos, mientras las acusaciones cruzadas escalaron a instancias partidistas.
Todo esto bajo la sombra de una instrucción nacional que exige votar en contra en estados opositores, aunque el contexto local no cuadre. Así acabó Morena entre la obediencia vertical y la torpeza política horizontal.
El refinanciamiento y el nuevo crédito quedaron firmes. Jurídica y legislativamente, el proceso es impecable. Políticamente, la discusión va a dar para mucho.
El gobierno defenderá que la deuda nueva es para inversión y no para el derroche y que mejora las condiciones financieras del estado recibido casi en ruinas en 2021. La oposición insistirá en el monto y en la forma. Pero el verdadero golpe para Morena no es el crédito, sino haber quedado como incapaz de impedirlo aun teniendo los números para hacerlo.
Además, la bancada mostró otras fisuras en temas sensibles para Ciudad Juárez, como el Centro de Convenciones, enviando señales contradictorias a un electorado que confía en tener comprado y en la bolsa.
Llegamos así a un balance político paradójico: Maru gana en el Congreso, pero tendrá a una iniciativa privada dolida; Morena pierde un proceso que debía tener ganado, imponiéndose su desorden interno sobre su evidente crecimiento en preferencias; y el sector empresarial, ninguneado por la 4T, ahora debe entender que su influencia tiene límites también con sus aliados tradicionales.
Esto le da marco político al último tercio del sexenio, al que llega la gobernadora fuerte, con finanzas validadas, disciplina presupuestal y prioridades para este tramo, aunque con las tensiones acumuladas que deberá atender con la misma eficiencia de la operación política usada para sacar adelante el gasto 2026.
En fin, los presupuestos se aprueban en diciembre, pero sus consecuencias se pagan durante todo el año; en este caso, las facturas quizás alcanzarán hasta 2027.