-Heliodoro y su coordinadora Adriana
-Apuestan jueces al 2027 con posadita
-Bonilla entra en discusión sobre el agua
Se quedaron a la espera quienes pensaban que Claudia Sheinbaum habría de engancharse con el tema de la detención de César Duarte en la mañanera de ayer, en lo que podría ser un mensaje de la gravedad del caso del exgobernador chihuahuense.
Fríamente, Sheinbaum Pardo dijo que era un asunto de la autónoma Fiscalía General de la República y cedió la palabra al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien, también sobrio y frío, únicamente explicó lo de la orden de aprehensión ejecutada y hasta se dio el lujo de jugar con las imprecisiones, al decir que había sido capturado por lavado de dinero o desvío de recursos.
No obstante, el exmandatario que ahora conoce de cerca su tercera prisión -estuvo en Miami y en el Cereso de Aquiles Serdán antes- fue tema de la Mañanera por partida doble.
Después de que fuera abordado por encimita el asunto de la FGR por el que fue presentado ante el juez federal ayer, de nuevo el nombre de Duarte Jáquez salió a colación, pero ahora mencionado por el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales.
El funcionario apareció para defender la nueva Ley General de Aguas y las polémicas reformas a la Ley de Aguas Nacionales -todavía sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación-, y aprovechó para exhibir otra vez el supuesto acaparamiento de miles de metros cúbicos de agua en el rancho de Duarte en Balleza.
De pasada, también mencionó a quien fuera director de la Conagua en Chihuahua, precisamente impulsado por Duarte Jáquez, el exdiputado priista Alex LeBaron, acusado de otorgar medio centenar de concesiones a su familia asentada en el noroeste del estado.
El señalamiento contra LeBaron cobra mayor relevancia porque tanto él como su esposa, la diputada Brenda Ríos Prieto, ahora son morenistas, después de haber sido ambos duartistas; son protegidos de una influyente facción de la 4T, lo que representa una de las grandes incongruencias del partido guinda.
Eso sí, las causas de la Conagua, con y sin la nueva legislación, no han pasado de la mera exhibida a los duartistas y del derrumbe del presón de El Saucito, sin mayores sanciones administrativas y mucho menos penales a los señalados.
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En las vueltas que da la vida, resulta que el fiscal especializado en Control Competencial de la FGR es Ulises Lara, el exfiscal de la Ciudad de México y exdelegado de la FGR en el estado de Morelos, recordado por ser el salvador del exgobernador Javier Corral, cuando iba a ser detenido en la capital del país.
Lara López -quien luego fue exhibido por no tener título de abogado y después lo obtuvo fast track tras el escándalo- fue el que operó la primera detención de alto impacto político, la de César Duarte, de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.
El dato es importante porque revela implicaciones políticas más allá de la argumentación jurídica con la que le dio forma legal la FGR a la detención del exmandatario, internado desde la noche del lunes en el Cefereso del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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En el gremio de la chicana, pláticas de café y sobremesas de comilonas, rondan señalamientos en torno al fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, quien ha sido exhibido públicamente por el combativo abogado Ernesto Avilés Mercado.
El litigante acusó al fiscal de encubrir a su coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Integridad Física y Daños, Adriana Eloísa Madrid Cedillos, quien olímpicamente ha ignorado oficios de los jueces Jorge Napoleón Rayas Valdez (ahora exjuez) y Sergio Chaparro Varela, necesarios para la continuidad de una causa penal.
“En la primera omisión, planteada en la oficina del fiscal Heliodoro Araiza, se recibió como respuesta un oficio en el que se hacía del conocimiento de Asuntos Internos el hecho, exhortándolos a iniciar las investigaciones correspondientes. El efecto fue semejante al de los oficios enviados: absolutamente nada”, denunció Avilés.
“En la segunda omisión, ya no fue posible localizar al fiscal, debido a cuestiones docentes del maestro Araiza, quien además se encontraba atendiendo asuntos de su despacho particular”, remató, sin dificultad alguna dada la conocida proclividad del titular del MP en la zona centro del estado, de dedicarle más tiempo a otras cosas diferentes al trabajo por el que cobra en la nómina pública.
Si mentirle a un juez o a un tribunal es una acción sumamente grave, razonó el litigante, ¿qué pasa entonces cuando una coordinadora del Ministerio Público, no solo no atiende un oficio de requerimiento de un superior como lo es un juez penal, sino que lo ignora por completo? El fiscal sigue sin dar respuesta a ello.
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Para mañana jueves, algunos jueces y magistrados tienen organizada una posadita, una más, pero especialmente política, en el Lago di Como. No han salido buenos para trabajar en sus sentencias y en la labor de administrar justicia, pero sí para la grilla.
Entre los organizadores se encuentran el juez panista, Francisco “Paco” Navarro y uno de los tantos magistrados que se sienten presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gerardo Acosta Barrera, cabezas de un ala política del Poder Judicial que ya anda con apuestas para la gubernatura de 2027.
También convocan la jueza Lucero Garfio y la exconsejera de la Judicatura consolada con un puesto en el Órgano de Administración Judicial, Minerva Correa, nombrada por Javier Corral en el gobierno pasado y sostenida por el gaudinismo panista vigente.
A los empleados invitados a la pachanga ya los tienen hasta el copete con la insistencia para que vayan, pero sobre todo los tienen con muchas sospechas sobre el origen de los recursos con los que son financiadas estas fiestecitas y el interés político que esconden.
Ahí están los resultados de tan efectiva reforma judicial.
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A estas alturas, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ya pudo haber entendido que con Donald Trump nunca se sabe, porque un día enseña la zanahoria y al siguiente golpea con el garrote.
No habían pasado las 72 horas del encuentro en Washington entre los mandatarios que conforman el T-MEC, cuando el presidente de Estados Unidos amenaza, en sus redes sociales, con imponer un arancel adicional del cinco por ciento a México si no entrega de inmediato el agua extra que demandan los productores texanos.
Trump exige que nuestro país pague más de 200 millones de metros cúbicos para fines de año, de un déficit acumulado de 986 millones de los últimos cinco años.
Ayer en La Mañanera, la presidenta Sheinbaum anunció que por la tarde habría una reunión con el área técnica de Estados Unidos para buscar un acuerdo.
El tratado de 1944 establece que Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México.
A su vez, México debe remitir 432 millones de metros cúbicos del Río Bravo, que atraviesa la frontera común, de tres mil 150 kilómetros.
El anuncio de Trump se da justo cuando la 4T festina el mayoriteo a la nueva Ley General de Aguas, aunque ya no queda tan claro si con “poner orden” en las concesiones se resolverá que expriman a las presas del lado mexicano para cumplir con el Tratado.
Posiblemente Sheinbaum recuerde las manifestaciones de Chihuahua en 2020; y sí, es un tema para preocuparse porque no será resuelto con fotos de caritas felices en Washington.
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En medio de las tensiones entre México y Estados Unidos por los compromisos del Tratado de Aguas de 1944 y la amenaza se Trump de aplicar aranceles, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, entró de lleno al debate hídrico binacional con la reunión en Ciudad Juárez con la comisionada de la Sección Mexicana de la CILA, Adriana Beatriz Carolina Reséndez Maldonado.
Bonilla escuchó de primera mano los trabajos técnicos del organismo internacional, las obligaciones con el país vecino y la relevancia de los acuerdos que regulan el intercambio del vital líquido entre ambos territorios.
Lo que destacó fue su mensaje de preocupación por las tensiones derivadas de los pagos pendientes de agua a Estados Unidos y una disposición abierta a colaborar para evitar un desenlace negativo que aumente la tensión en el campo chihuahuense, ahora al abrirse otro frente en esta llamada guerra por el agua, donde la federación golpea desde un flanco a los agricultores y EU por el otro con su exigencia de pago.
