El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue presentado ayer ante un juez de Control en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, mejor conocido como el Penal de Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde fue enterado de la acusación de lavado de dinero que enfrenta por 96.6 millones de pesos, que es la misma por la que lleva un proceso en los tribunales del estado.
Según lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador está acusado por un esquema de lavado de dinero con el objetivo de ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, lo que involucra al Sistema Financiero Mexicano.
Sin embargo, la defensa de Duarte indicó que es el mismo caso de los 96.6 millones de pesos por el que fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y posteriormente extraditado y vinculado a proceso en Chihuahua dentro de la causa penal 3041/2019, la cual es por asociación delictuosa y peculado.
Dicha causa penal, que le fue formalmente imputada por el Ministerio Público Local en junio de 2022, establece que el exgobernador, junto con diversos funcionarios y personas ajenas a la administración pública, habría desviado 96 millones 685 mil 253 pesos de las cuentas de la Secretaría de Hacienda del estado, entre 2011 y 2014.
De acuerdo con la FGR, la nueva orden de aprehensión contra Duarte fue librada el 16 de mayo de 2024, mientras que la fiscal Ernestina Godoy informó que Estados Unidos autorizó el 4 de diciembre de este año que México pueda procesarlo por lavado de dinero, además de peculado y asociación delictuosa por el cual fue extraditado originalmente.
La acusación indica que Duarte intervino en un esquema financiero mediante el cual ocultó recursos desviados de las arcas estatales utilizando el Sistema Financiero Mexicano. Este mecanismo forma parte de una red más amplia que la Fiscalía del Estado de Chihuahua investigó durante años.
Ésta no es la primera ocasión en que Duarte Jáquez es señalado como presunto responsable de lavado de dinero, ya que en marzo de 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había descartado ejercer acción penal en su contra por éste y otros ilícitos.
En esa ocasión la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó diversos recursos legales para revertir esta decisión, debido a que señalaba que había comprobado el delito de lavado de dinero cometido por el exgobernador.
Ayer personal de la defensa penal del exmandatario viajó a la Ciudad de México para estar en la audiencia. Carlos Mendoza, quien es parte del equipo, mencionó que fueron tres los abogados que viajaron a la capital del país para estar en el inicio del proceso judicial.
Añadió que legalmente existe la posibilidad que el exgobernador lleve su proceso en libertad, pero apuntó que políticamente existen intereses que lo pondrían mantener detenido. (Orlando
