-Salió abusón nuevo director municipal
-Viene embudo con la Secretaría Anticorrupción
-Muy baja disponibilidad relativa en cauces

La sentencia contra Genaro García Luna cae como balde de agua fría a varios cercanos que han tratado de desligarse sin éxito del exjefe policiaco hoy caído en desgracia con sentencia de un juez de Nueva York.
Por ejemplo, está Emilio García Ruiz, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua en el gobierno de Javier Corral.
Emilio es relacionado con Armando Espinosa de Benito, quien fue cabeza de la División de Inteligencia en la Policía Federal y trae en la espalda acusaciones de operación para el Cártel de Sinaloa.
La gestión de Emilio García fue desastrosa, al frente de la recién creada secretaria de seguridad.
Otro vinculado a García Luna es Lázaro Gaytán, a quien se señala de presumir cercanía con el hoy sentenciado a 38 años de prisión.
Gaytán fue director de seguridad pública municipal en las administraciones de Carlos Borruel -refugiado en la 4T- y Juan Blanco Zaldívar. Hoy solo “bisnea” en Chihuahua con insumos para “algunas” policías.
Hay un tercer jefe policiaco, pero éste en Ciudad Juárez, Raúl Ávila, quien fue director de las Fuerzas federales de apoyo de la Policía Federal.
La sentencia contra el policía calderonista entonces también impactó a ciertos personajes que han estado en funciones policiacas en el estado de Chihuahua.

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Nos mandan a GPS el reclamo y la evidencia fotográfica -visible en la edición digital- de lo abusón que resultó el nuevo director de Desarrollo Humano y Educación de la administración municipal, Mario García.
El funcionario estacionó ayer su vehículo en las calles Segunda y Benito Juárez, para sumarle más riesgos a la gente que camina por esa parte de la zona centro tan transitada por automóviles, camiones y personas todo el día.
Dicen que las oficinas municipales, encabezadas por el también exdirector del DIF desde hace unas semanas, no tienen estacionamiento, como otras tantas ubicadas en el primer cuadro de la capital, pero eso no es pretexto para violar las reglas y agregarle desorden al conflictivo sector.
Y parece que no es la primera vez.

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No está bien delineado aún, porque la propuesta es desconocida, ¿cómo es que va a asumir la Secretaría de la función pública federal las solicitudes de información a nivel nacional?, aspecto que hasta el día de hoy es atendido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Y lo decimos porque en el procedimiento ordinario se le solicita a la dependencia respectiva del ejecutivo federal, como sujeto obligado, la información, y en caso de ser negativa la respuesta, es cuando se acude mediante un recurso ante el INAI.
Es decir, si el INAI ya no va a existir, ¿ante quién se va a acudir para que le ordene al sujeto obligado de la administración pública federal la información? No lo sabemos. De lo dicho ayer por la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, pareciera que tendría que ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien cargaría con el trabajo.
Y si ese va a ser el esquema federal, y la reforma va a ser constitucional, luego entonces será el mismo modelo que aplique a nivel estatal, por lo que aquí el TEJA tendrá un incremento de funciones, ya que estaría resolviendo cientos de recursos de queja en contra de la negativa de los sujetos obligados para proporcionar la información.
Además de ese incremento sustancial de asuntos -son más de veinte mil los tramitados ante el INAI en 2023-, se antoja como un verdadero galimatías lo que viene, porque el poder ejecutivo -sea federal o estatal- es solamente uno de los sujetos obligados, porque además de dicha instancia hay decenas de sujetos obligados diferentes como los partidos políticos, los sindicatos, los organismos descentralizados, etc.
Tendría entonces que revisarse bien qué es lo que se va a hacer con la Secretaría de la Función Pública -y las estatales- porque en el tema de la transparencia y la protección de datos personales viene un verdadero embudo.

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Fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación un par de tablas que establecen la disponibilidad relativa de las cuencas hidrológicas de la entidad, desde el mes de marzo del presente año.
Los datos son estrujantes, porque presentan una disponibilidad apenas por arriba de cero en la mayoría de ellas.
Está por ejemplo la del Río Parral con apenas 0.0504; Río San Pedro, con 0.2734; Río Conchos con 0.7226, 0.5642 y 0.3666; Río Chuvíscar, con 0.0057; y Río Bravo con 1.2387, 0.8784 y 0.3941.
Todas estas cuencas en la zona de disponibilidad 1; hay otras en zonas de disponibilidad 2 y 3, y otras tantas en el nivel 4.
Lo relevante es que el Conchos es el principal afluente en la zona sur, que incluso contribuye de manera determinante en la alimentación de la presa La Boquilla.
Si así estamos este año, cómo será el próximo, cuando las precipitaciones, que es uno de los elementos tomados en cuenta para calcular esta disponibilidad relativa, han sido casi nulas.

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Lo publicamos desde hace ya casi un mes, que había un creciente rumor entre los padres de familia de la escuela Miguel Hidalgo 1103 de que había más menores de edad afectados por el conserje Manuel S.M.,
situación que fue ayer finalmente confirmada por la Fiscalía Zona Centro.
Si ya de por sí el primer caso judicializado era más que suficiente para la medida cautelar de prisión preventiva, ahora con esta revelación deberá ser cuestión de tiempo para que haya nueva decisión por parte del juez, claro, si las carpetas son judicializadas y no quedan en escritorio del ministerio público responsable.
Serían dos las indagatorias que llegarían al juzgado, un niño y una niña, en lamentable suceso que jamás debió haber ocurrido, y en el cual los padres de familia piensan también existe culpa de directivos y
maestros por falta de cuidado y vigilancia.
Está vigente el Protocolo único para la prevención, detección y actuación en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en las escuelas de educación básica del estado de Chihuahua, donde están muy claras las responsabilidades de quienes forman parte del entorno del estudiante, desde quienes ejercen responsabilidades administrativas, docentes, directivas e incluso de supervisión.
Por ejemplo, reportar cualquier situación de riesgo; observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado e informar de inmediato.
En ese protocolo, los maestros deben observar de manera constante la dinámica de interacción del alumnado dentro y fuera del aula; el regreso
del alumnado cuando solicitan salir del aula; evitar actividades que pongan en riesgo la seguridad del alumnado; mantener la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de clases, e identificar lugares que puedan poner en riesgo al alumnado.
Ese protocolo tendría que acompañar las indagatorias, ya sea penales o administrativas en su momento, para deslindar responsabilidades en el personal, en su momento.
En tanto, los padres de familia siguen al tanto de las indagatorias y en particular, que se haga justicia en contra del presunto responsable, que, hasta la fecha, está bajo proceso, pero libre.