-Empieza la liquidación del PRD
-Mueven asamblea municipal por seguridad
-Los 9 mmdp que deben llegar
La jueza Nora Espino, la misma que se pasó de amable con los siete sicarios detenidos en Manuel Benavides a finales de septiembre, ahora se fajó ante un intento de sorprenderla con la revisión de medidas cautelares de un detenido más o menos del mismo corte de los que liberó.
Resulta que el pasado jueves, fue convocada por la juzgadora una audiencia para ver si cambiaba la prisión preventiva a Armando M. Q., un presunto líder criminal de Guerrero acusado de secuestro y desplazamiento forzado contra pobladores del municipio serrano, detenido en febrero de este año; por cierto, protegido desde muy cerca de la oficina del Fiscal General.
El sujeto carga en sus espaldas varios crímenes por los que ha sido denunciado en las localidades serranas, aunque permanece vinculado únicamente por los delitos en mención, suficientes, de comprobarse, para una larga condena en prisión.
Su detención fue la conclusión de un trabajo de año y medio, desde la atención de primeras denuncias hasta la obtención de la orden de aprehensión debidamente fundada, por parte de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y la Coordinación Nacional Antisecuestro.
Pero como no batallan por abogados defensores los grupos criminales, fue solicitada a favor del presunto la revisión de las medidas preventivas impuestas en lo que es procesado penalmente.
Como Espino, entre otros juzgadores, de repente saca ronchas a las corporaciones preventivas e investigadoras por no comprender que se juegan el pellejo en cada detención o proceso, había algo de incertidumbre en torno a la resolución que dictaría. Nunca faltan las sospechas entre litigantes, acusadores y resolutores.
Sin embargo, después de varias horas de debate entre las partes, la jueza determinó mantener la prisión preventiva como medida cautelar contra el imputado.
Algo diferente hubiera sido un escándalo, en momentos en que no sólo Guerrero sino Guachochi, Balleza, Guadalupe y Calvo, Uruachi, Urique y otros municipios, enfrentan graves problemas por el desplazamiento forzado que provocan los grupos criminales contra decenas de familias.
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Publicó el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual oficializa el Instituto Nacional Electoral (INE) la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Acabó dicho partido con todas sus posibilidades de defensa ante el INE y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes batearon todos sus argumentos. Qué ironía, es el final del partido fundado nada menos que por Andrés Manuel López Obrador y otros figurones expriistas.
Entre los alegatos destacó el área jurídica del PRD la intervención e inducción abierta al voto en favor de Morena justo por el hoy expresidente en sus mañaneras.
El dictamen publicado recoge en síntesis todos esos intentos por salvar el registro, y las resoluciones que el INE y el Trife emitieron, algunas desde las rodillas.
Puede el PRD solicitar el registro como partido local, pero no cumple con los requisitos; su votación en la elección local fue similar a la nacional, cerca del 1.9 por ciento, lejos del 3 por ciento necesario.
Así es que iniciará el proceso de liquidación del partido, en sus recursos materiales y bienes, recursos financieros y personal.
El procedimiento correrá a cargo del INE, a través de un interventor, el cual asume el control administrativo del partido, como ocurrió recientemente a nivel estatal con México Republicano.
La diferencia es la cantidad de bienes acumulados por el PRD -fundado en 1989- y que pasarán directo a la tesorería de la federación.
A nivel nacional el PRD seguirá recibiendo recursos pendientes hasta terminar el ejercicio fiscal y llegar a los 472 millones de pesos para actividades ordinarias; a nivel estatal no tiene derecho a financiamiento desde hace varios procesos electorales, por su baja votación.
La holganza de su jefe de siempre, Pavel Aguilar, desembocó en ese mal resultado.
A nivel local apenas alcanzó para financiamiento de campaña, millón y medio de pesos. Nada.
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No lo dijo el Instituto Estatal Electoral (IEE), pero las condiciones de seguridad en Basaseachi son mucho mejores que las existentes en la cabecera municipal de Ocampo, al determinar el cambio de domicilio de la asamblea municipal electoral.
Recordemos que las elecciones en Ocampo como en Belisario Domínguez, tuvieron que ver con el rompimiento de la cadena de custodia de los paquetes electorales, con lo cual debieron ser anulados los comicios, de ayuntamiento y sindicatura en el primero, y solo sindicatura en el segundo municipio.
Tiene Basaseachi buenas condiciones de vías de comunicación e incluso mayor población, que en términos prácticos continúa siendo la misma.
En la cabecera municipal de Ocampo hay cerca de 500 habitantes y en Basaseachi mil 500, tres veces más, pero sigue siendo muy poca.
Está a 56 kilómetros más cerca Basaseachi de esta capital que Ocampo, lo cual representa una hora menos, pero en términos reales es poco significativo.
Lo que va a ser relevante es el plan de seguridad que sea implementado desde la mesa de coordinación de los tres niveles de gobierno, o más bien dicho, con la colaboración determinante del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal.
Tendrán que ser elecciones blindadas a prueba de error, porque en los pasados comicios, fueron dejados totalmente indefensos los habitantes ante los abusos del crimen organizado, que terminó apoderándose de los paquetes electorales y provocando la nulidad de las elecciones, que ahora tendrán lugar la primera semana de diciembre.
Lo que tampoco se ha dicho es si van a ser instaladas todas las casillas o habrá consideraciones de seguridad para efecto de su conformación y ubicación.
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Hace dos meses anduvo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, recorriendo los tramos de carretera que ya han sido construidos de su lado, en el ambicioso proyecto de conectar Guaymas con Chihuahua.
De aquel lado, de acuerdo con la última información divulgada, precisamente por el recorrido efectuado por el gobernador sonorense, los tramos estaban sumamente avanzados, casi concluidos en el segmento de San Marcial, Rosario Tesopaco y San Nicolás.
Ha estado fluyendo el recurso financiero federal hacia Sonora, es obvio, pero para Chihuahua desafortunadamente nada hay; de aquel lado son 250 kilómetros los que deben modernizarse, y de este lado, unos 190, desde La Junta hasta Temósachic, para llegar a la entidad vecina.
La obra es relevante porque permitirá reducir la distancia a 13 horas con 50 minutos, para llegar al puerto sin necesidad de tocar siquiera a Hermosillo, con lo cual se abre una puerta a reducir costos de transportación de mercancías.
Veremos si esos nueve mil millones que son necesarios para modernizar la carretera del lado de Chihuahua llegan en el presupuesto del próximo año, o se quedan solo en mero anuncio publicitario de buenas intenciones.
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El jueves, el alcalde Marco Bonilla, echó mano de su investidura, además de sus buenas relaciones, para destrabar el conflicto entre las empresas maquiladoras y los transportistas.
El zipizape ocasionó que los choferes se fueran a paro y bloquearan la avenida Washington, justo frente a la entrada al Complejo Industrial Américas.
Bonilla Mendoza mantiene una relación cercana tanto con el líder de Grupo Tulpe como con el presidente de Index, por lo que no dudó en sentar a los dos involucrados en este conflicto. Desquició la bronca el tráfico por varias horas.
Los juntó para que dialogaran y llegaran a buen término que beneficiara a ambas partes, pero sobre todo a los conductores que se vieron en la necesidad de rodear para poder llegar a sus hogares o centros de trabajo.
A decir del alcalde, todo fue causado por una mala comunicación entre el prestador y el solicitante del servicio. Finalmente llegaron a un acuerdo y levantaron el bloqueo pasadas las 8:00 de la noche, algo que vecinos y trabajadores de la industria agradecieron.
Sin duda el edil afianzó su liderazgo tanto en el sector camionero como entre los empresarios maquiladores.
