-Hasta Guardia Nacional en acceso sur
-La estacionada, entre drogas y prostitución
-Van por ventaja guinda en tribunales
Este día, si no cambia la agenda, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Rivera Campos, habrá de reunirse con los integrantes del Colegio Estatal de Cirujanos Plásticos, que encabeza el doctor Jorge Borunda, el más crítico de la subespecialidad en la materia que es impartida en el Hospital Central.
Los médicos especialistas en cirugía plástica reconstructiva y estética fueron quienes exhibieron posibles incumplimientos en la subespecialidad que supuestamente han avalado la UACH y la Secretaría de Salud.
En sus análisis, tienen documentados decesos de más de una decena de personas que han acudido a doctores egresados de ese nosocomio, como los del Centro Médico Colón, actualmente bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Esos médicos colegiados aseguran que en sus reclamos no hay un interés de mercado y mucho menos una fricción interna entre los especialistas de esta rama de la medicina, sino una genuina y legítima decisión de proteger la salud de los chihuahuenses, ante los riesgos que representa la mala praxis médica que acusan.
Así, será importante este encuentro para avanzar en una solución porque, además, los cirujanos colegiados acusan una falta de certificación educativa formal de la subespecialidad y hasta un posible fraude académico.
A ver si tras la reunión con el rector de la UACH, finalmente llega a aterrizarse un encuentro con el secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza, quien respondió ya algunos señalamientos muy específicos, pero le ha dado algo de vueltitas y largas al espinoso asunto.
Tanto la UACH como la autoridad estatal de Salud han demostrado la legalidad de la Subespecialidad.
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No son únicamente los oficiales de Vialidad quienes hacen su agosto en el tramo localizado entre el entronque de Fuentes Mares y periférico Francisco R. Almada, hasta llegar a la puerta de Chihuahua, la escultura del camarguense Sebastián.
Nos mandan imagen tomada hace un par de días donde muy bien puede observarse a un vehículo de la Guardia Nacional estacionado delante de un auto compacto de color rojo detenido, junto con sus tripulantes en una de esas revisiones que suponemos son de rutina.
Son muy conocidos los retenes conjuntos instalados entre tránsito y Guardia Nacional por esos rumbos, donde juntos, pero no revueltos realizan labores de control de velocidad y seguridad, deteniendo -se supone- puro vehículo sospechoso.
Pero, como vemos en la imagen, los agentes de la Guardia Nacional actúan en solitario reteniendo un vehículo que no sabemos de dónde o porqué les llamó la atención, es decir, cómo es que les resulta sospechoso.
Quién sabe con qué finalidad lo retuvieron, pero lo cierto es que se presta a la corrupción, para ciudadanos y paisanos, por lo que muchos de ellos ya optan mejor por utilizar el libramiento sur para evitar llegar a la ciudad de Chihuahua proveniente de las ciudades del sur del estado o inclusive de otras entidades.
Preferible mil veces para los paisanos y quienes transitan tomar por la nueva carretera que rodea la ciudad de Chihuahua, aun cuando deban pagar peaje carito, para evitarse el mal momento de topar con alguna de estas unidades avorazada por agarrar unos cuantos dólares o pesos.
Vialidad detiene por conducir arriba de 80 km/h, porque así dicen los límites de velocidad, aún y cuando sea absurdo porque estamos hablando de un tramo que es auténtica carretera aún, pero la Guardia Nacional no necesita pretexto, simplemente detiene por capricho.
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Nos dicen que no sólo es el negocio de Rubén Aguilar el que cobra 40 pesos por estacionada, sino que alrededor de la Ciudad Judicial hay una gran industria del estacionamiento, derivado de la ausencia de planeación para la construcción y posterior funcionamiento de dicho inmueble.
Tenemos imágenes en la edición digital del acceso al estacionamiento de este complejo de edificios dedicados a la justicia, donde funcionan juzgados civiles familiares y penales, así como la salas y oficinas administrativas del poder judicial.
La fila es corta, y eso que casi llega hasta el sitio de taxis, pero en horas pico casi le da la vuelta al enorme inmueble; quedó chiquita incluso la adecuación realizada, quitándole un carril a la enorme banqueta, para evitar que los vehículos queden obstruyendo un carril de la Niños Héroes.
No hubo planeación de suficientes cajones ni para los empleados, mucho menos para las personas que acuden en busca de justicia o de sus abogados, quienes quedan obligados a buscar algún cajón de estacionamiento lejano, echándole monedas al parquímetro o de plano alejarse cuadras para regresar caminando, o bien pagar.
Es eso precisamente lo que hace el negociazo de los estacionamientos ubicados alrededor del inmueble e incluso, del dinero que sacan los “viene viene”, en toda la zona del depauperado barrio de San Pedro.
Lo más terrible de todo es que a estas alturas no hay manera de resolver el problema, salvo que el TSJ con apoyo de otras autoridades estatales y municipales, adquiera esas casas de adobe de patético aspecto donde pulula la prostitución y las drogas, para hacer un rescate de ese sector que da pena ajena.
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La única ventaja que tiene Cuauhtémoc Estrada -actual diputado juarense y morenista- con el juicio de inconstitucionalidad que presentarán en contra de las reformas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trae muy puesta la camisa guinda, porque no hay en la Constitución ningún impedimento para la reforma realizada.
Tiene dicho ordenamiento local dos grandes apartados en los que se refiere al tribunal, uno de ellos, el 39 Bis, para definirlo, establecer sus facultades y dar algunos detalles de su conformación, pero es en los artículos transitorios en donde se aborda el tema del número de magistrados que deberán integrar el tribunal.
Dice textual dicho transitorio lo siguiente: “Artículo Séptimo.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa comenzará a operar con tres magistraturas. El proceso para la designación de las magistradas y los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 40 días a la entrada en vigor de la Ley a la que alude el Transitorio anterior”.
Como podemos observar no hay una limitación de número, sino que sólo se establece la cantidad de magistrados con las que deberá arrancar el mencionado órgano jurisdiccional pero ahí no dice que deberán ser siempre tres los integrantes.
Luego entonces el asunto está en el ámbito legal, por lo cual la modificación efectuada es lícita y constitucional y como ya fue publicada en el periódico oficial pues ya están corriendo los tiempos para la modificación en su integración, dotando al tribunal de hasta cinco magistrados como fue autorizado, por lo cual sólo estaríamos esperando la convocatoria, procedimiento de selección, y toma de protesta.
Por eso decimos que la única ventaja que tiene Cuauhtémoc Estrada es que el Trife ha estado resolviendo casi en automático en favor de Morena, pero de un asunto de estricta constitucionalidad no podríamos hablar.
Argumentarán, por lo que hemos visto, que fue una reforma exprés, que el mismo día se publicó en el periódico oficial del estado, que no hubo suficiente deliberación, etc., de lo cual ya hay antecedente de inconstitucionalidad, precisamente en contra de Morena. Por ahí andaría la rendija.
