-Presume “Chava” a Parral en ranking nacional

-Gil y la Sonora Dinamita vs Bonilla

-Pega a Sheinbaum tema de los desaparecidos


Eso de vender falsas esperanzas a “abuelitos” y cobrar por adelantado, como lo hizo la supuesta Consultoría Legal y Administrativa G&L, es lo que tiene tras las rejas a Cristina Isabel M. L. y Martín de Jesús H. C., vinculados a proceso por fraude agravado.

Por ahora, enfrentan la causa por la estafa contra 22 jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. Son ya casi 100 denuncias.

El gancho era perfecto para el perfil de los afectados, a los que no llamamos “abuelitos” nomás por ocurrencia, sino que los acusados y su red eran los que usaban el término, en un esfuerzo más para generar empatía y hacerlos caer más fácilmente.

El ofrecimiento era el de aumentar pensiones, obtener retroactivos de hasta 200 mil pesos y trámites seguros. El contacto llegaba por Facebook y la confianza personal se construía en una oficina sobre la avenida Zarco.

Todo parecía formal. Todo estaba armado para convencer, incluso con un señuelo de edad avanzaba que “de casualidad” hacía también sus trámites y les comentaba a las víctimas, con el fin de acabar de engancharlas, lo bien que le había ido. Era otro estafador más de una banda a la que, seguro, le faltan integrantes por caer.

Los adultos mayores soltaban nueve mil, 10 mil y hasta 16 mil pesos -en cash o en una cuenta bancaria bajo investigación- con la esperanza de que, por fin, alguien les ayudara a lograr una pensión digna, que el sistema les negó durante años. Pero todo era montaje, desde luego. No había gestión ni trámite y menos resultados.

La Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Centro documentó el mismo libreto en los 22 casos que sostienen la causa penal 908/2026, presentada ante el juez Juan Carlos Zamora Vázquez.

Hoy, del otro lado de la historia, los acusados se dicen inocentes. Alegan que estaban en Monterrey, que nunca trabajaron en esa consultoría, que fueron golpeados al momento de su detención y que todo es un montaje para “cargarles el muertito”. Piden videos, careos, pruebas.

La ley tendrá que resolver eso, pero el fraude existió y las víctimas lo padecieron. Fue repetido, constante y perfeccionado con más personas, durante varios meses.

Decíamos en entregas pasadas de GPS que este no es un delito cualquiera. Es un golpe directo a quienes ya trabajaron toda su vida y hoy sobreviven con pensiones insuficientes.

Es aprovecharse de la ignorancia legal, de la desesperación económica y de la fe en que todavía se puede mejorar.

Ese modelo de fraude, pues, va más allá del tipo penal definido en las normas, por el perfil vulnerable de las víctimas. Por lo tanto, las primeras detenciones no son suficientes para hablar de justicia.

En el órgano interno de control del propio IMSS hay intensas indagatorias para saber si salieron de sus escritorios las correspondientes bases de datos.

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Sacó la cara por el PAN el alcalde de Parral, Salvador “Chava” Calderón, al poner a su municipio entre las 10 ciudades del país con mejor percepción de seguridad, de acuerdo a una encuesta con la que arrancó este mes la agencia Massive Caller.

La gente del presidente municipal de la capital del mundo reporta que cinco de la decena de municipios mejor evaluados tienen gobiernos de Morena: Tepic, Bahía de Banderas, Manzanillo, Chetumal y Texcoco, con registros del 10 al 15 por ciento de habitantes, que se sienten inseguros.

Según la metodología del estudio, entre más baja es el porcentaje que se sienten inseguros, es mayor la percepción de seguridad de las personas en esas ciudades.

Otro de los municipios con mejores resultados es Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, con un 12.6 por ciento; y cuatro más de los 10 mejor evaluados son panistas: Coyoacán (alcaldía de la CdMx), Metepec, Corregidora y Parral, con cifras del nueve al 15 por ciento.

Para el estudio fueron aplicadas 600 encuestas en 129 alcaldías de México, por lo que un ranking de 10 es un importante comparativo en el que destaca una ciudad de Chihuahua que, hace apenas unos años, también era conocida más por sus niveles de violencia que por haber sido la tierra adoptiva de Pancho Villa.

Tal vez es ese brinco en la percepción lo que ha motivado, en los últimos días, a que Calderón no se le caiga el tema de la boca. Si de por sí no se cansa de presumir a Parral, menos ahora que tiene pretexto.

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Podemos decir que en la política existen dos tipos de liderazgos, los que por su trabajo convocan gente a donde quiera que son invitados y los que tienen que utilizar a terceras personas como grupos musicales para ver si pueden jalar gente a sus eventos. Al menos en Chihuahua tenemos dos ejemplos claros.

Tenemos conocimiento que, previo al inicio de la Semana Santa, el Secretario de Seguridad, Gil Loya, aventó uno de esos eventos de nombre largo y rimbombante pero sin trascendencia al que llamaron “Toma de protesta de las redes ciudadanas en el marco de la firma del Pacto por la Prevención y de la Violencia y la Delincuencia” que se realizó en la ciudad de Camargo.

Lo curioso fue que dicho evento pareció más un mitin político que algo relacionado con la seguridad. Ocurrió en la Plaza del Estudiante, donde colocaron sillería, templete y un gran equipo de sonido.

Justo para amenizar estuvo como invitado la Sonora Dinamita. Una cosa no cuadró con la otra, porque convocas a una toma de protesta relacionada con la seguridad y luego cierras con un gran baile, en fin.

Por los medios locales de la cuna de los grandes artistas, supimos que los camarguenses no dieron la respuesta esperada. Hubo muchas sillas vacías, demasiadas podríamos decir, sobre todo porque había un grupo musical muy conocido en el país que según los organizadores iba a ayudar a jalar a mucha gente. No debieron olvidar que acá jala la banda, el sax, el acordeón, las guitarras y las tarolitas.

En contraste, en Santa Isabel y Nuevo Casas Grandes, justo por esos mismos días, hubo dos actividades con productores agrícolas y ganaderos, que sin tener grupo musical, abarrotaron las dos sedes.

Nos referimos a la asamblea general ordinaria del Frente Democrático Campesino y la Expo AgroNorte, donde el invitado especial fue el alcalde, Marco Bonilla.

Por las imágenes, también publicadas por los medios locales y dejando de lado la información oficial, se pudo observar lleno total en los dos eventos, muchas fotos de Bonilla con la gente y sobre todo aplausos al finalizar su mensaje, de eso hay videos que se transmitieron en vivo para que luego no digan que fueron editados.

Acaso por ello en Palacio de Gobierno le preguntaron a Loya 20 veces si realmente va por la nominación a la gubernatura? Pues las 20 veces respondió que sí.

Y es que aun los apostadores más optimistas están seguros que sigue muy ojona para que sea paloma la viabilidad electoral de Loya. No hay por dónde.

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El tema de los desaparecidos está convirtiéndose en una piedra en el zapato para la presidenta Sheinbaum que, más que molestarla, a veces hace que patine.

El lunes, como era de esperarse, la mandataria aseguró que el informe de la ONU es inconsistente porque se basa en los datos de cuatro entidades federativas y tiene un alcance del 2009 al 2017 pero que lo “extrapolaron” a 2025.

Asegura, además, que el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED)no es un organismo dentro de la ONU sino una instancia independiente de expertos, por lo que será buscada una comunicación directa con el Alto Comisionado en México.

Sin embargo durante el día le reviró en redes el presidente del CED, el ecuatoriano Juan Pablo Albán Castro, con tres comentarios lapidarios: uno, que se vale el desacuerdo, pero no es válida la descalificación; dos, que los integrantes del Comité son elegidos por los Estados parte, actúan con independencia pero pertenecen a la ONU, y tres, lo más importante, que el análisis no se circunscribe a un periodo cerrado.

Así, el hecho es que hasta el 19 de febrero de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaprecias y No Localizadas contempla más de 132 mil personas desparecidas y 72 mil restos humanos sin identificar.

Más que negar lo evidente, le haría bien a la 4T, y sobre todo al país, meterle más ganas a este problema que ciertamente se disparó a partir del gobierno de Calderón pero ahora toca resolver.

¿O acaso en Chihuahua podrá ser negada la cifra de miles de desaparecidos? ¿También negarán las narcofosas en la región de Nuevo Casas Grandes?